El gobierno libera más espectro para dar servicio de Internet y los operadores privados lo acusan de favorecer a Antel

El lunes 12, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo abrió una licitación para que las tres empresas de telecomunicaciones del mercado uruguayo (las privadas Movistar y Claro y la estatal Antel) compitan para adquirir el uso de 155 MHz de espectro radioléctrico. Eso significa que podrán tener una mayor cantidad de frecuencias y, por lo tanto, dar mejores servicios de voz y de datos móviles a sus clientes. Actualmente, los celulares más modernos usan la tecnología LTE, que pertenece a la cuarta generación (4G) y permite mayor velocidad de conexión, pero que a su vez demanda más ancho de banda.

Y esta oportunidad no fue la excepción. Tanto Claro como Movistar entienden que en las condiciones para la subasta de espectro que se aprobó este mes, el gobierno favorece a Antel, dijeron a Búsqueda diversas fuentes del sector privado.

Uno de los puntos que cuestionan es que el decreto permite a Antel proponer la cantidad y la ubicación de las frecuencias que necesita, las cuales son reservadas previamente y se excluyen de la licitación.

El decreto licita la banda de 700 MHz, una de las más atractivas y codiciadas debido a su “aplicabilidad” tanto en áreas suburbanas como rurales, así como por su “buena penetración” hacia el interior de casas y edificios, explicó el ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Gómez, en una columna publicada en La Diaria el viernes 16.

La banda de 700 MHz tiene disponibles 90 MHz, de los cuales 40 ya fueron reservados para Antel. El argumento de las autoridades para hacerlo de este modo es que se protege a los operadores privados porque se les impide participar en un proceso que, con la presencia de Antel, sería injusto. Es que como Antel es un ente estatal, sería poco creíble que el Estado “sea quien convoque al procedimiento competitivo y participe del mismo”, explica el decreto.

Para los privados el razonamiento es exactamente el inverso. “Es un disparate lo que dicen”, resumió un ejecutivo de una de las compañías de telecomunicaciones consultado por Búsqueda. Desde la óptica de las empresas privadas, para que Antel no obtenga ventajas debería participar igual que el resto de los operadores y pujar por el precio junto con ellos.

En el esquema actual, Antel se queda con la “mayor” y “mejor” parte de las frecuencias, ya que las selecciona previamente, reflexionó otra fuente consultada. Al mismo tiempo, mientras se tramita el proceso de la subasta, la estatal tiene tiempo de “desplegar” toda su tecnología para empezar a usar la banda una vez que termine la licitación, lo que también le da “ventajas” frente a sus competidores, planteó. Debido a estos argumentos es que los privados entienden que no debería existir el concepto de “reserva previa”.

El precio base que deberán pagar las telefónicas en el caso de la banda 700 MHz por cada bloque de frecuencias de 10 MHz es de U$S 10 millones. El resto de las bandas licitadas —menos atractivas— tendrán un precio base de U$S 7,5 millones. En este último caso, el costo del bloque por el que Antel deberá pagar surge del promedio de lo que paguen los operadores privados por las frecuencias que adquieran. Aquellos bloques en los que no haya oferta tendrán un precio de cero e influirán en el promedio.

En el sector privado entienden que, de esta manera, Antel pagará menos, ya que estas bandas no son demasiado atractivas y posiblemente queden frecuencias sin adquirir. “Es una picardía”, comentó una de las fuentes consultadas respecto al decreto, que si bien fue aprobado la semana pasada, fue elaborado a fines del gobierno del actual senador y expresidente José Mujica.

Búsqueda se comunicó con la Dinatel para consultar por qué se aprobó el decreto dos años después de que fuera redactado, pero no obtuvo respuesta de sus autoridades.

Gómez explicó a Búsqueda que desconoce por qué se tomó esa decisión ahora, pero dijo que Uruguay no llega tarde para licitar ese tipo de frecuencias y que en otros países recién se está llevando cabo un proceso similar. El gobierno, dijo, suele esperar el momento en que considera más conveniente liberar las frecuencias para obtener más ganancias.

“Migas”.

Los reclamos por parte de Claro y Movistar sobre el procedimiento que utiliza el Estado para licitar las frecuencias no son nuevos. En 2007, por ejemplo, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) autorizó a Antel para que hiciera uso de una frecuencia de telefonía celular que, en los hechos, ya había comenzado a utilizar. En esa oportunidad los operadores acusaron al ente regulador de falta de “transparencia” y a Antel de conductas “anticompetitivas” (Búsqueda Nº 1.437).

A principios de 2008, el gobierno autorizó a la Ursec a licitar esas frecuencias y poner fin a la situación irregular que se generó a partir de la asignación anterior (Búsqueda Nº 1.442).

Una situación similar volvió a darse años más tarde, en 2012, cuando el Poder Ejecutivo dispuso la realización de una subasta y los operadores privados dijeron que le reservaron la “mejor parte” a Antel y al resto le dejaron las “migas”. Movistar, molesto, presentó un recurso ante el Ministerio de Industria contra los decretos que pautaban las condiciones de las subastas (Búsqueda Nº 1.669).

“Y ahora vuelven a hacer lo mismo”, se quejó un empresario.