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Tras constatar que el 25% de las alarmas que recibe la Policía son falsas, el Ministerio del Interior resolvió comenzar a multar a las empresas de seguridad que no constaten la veracidad de la alerta antes de contactarse con el servicio de emergencia 911.
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Un año atrás el Poder Ejecutivo aprobó un decreto para regular los servicios de alarmas de las empresas de seguridad y estableció que los privados deben “realizar previamente un procedimiento de verificación” para asegurarse que no se trate de una alerta falsa. Antes de la entrada en vigencia del decreto, el Centro de Comando Unificado (CCU), donde funciona el 911, recibía una notificación directa cuando saltaba una alarma.
En la exposición de motivos del decreto el gobierno dijo que “la comunicación automática y directa en todos los casos ocasiona serios trastornos al servicio policial, en tanto deben ocuparse numerosos recursos humanos y materiales para dar respuesta a los requerimientos, cuando un alto porcentaje de los casos se trata de falsas alarmas o defectos de funcionamiento de los sistemas”.
“Durante la verificación policial de la alarma que haya sido comunicada o transmitida, la empresa de seguridad” deberá facilitarle información que la Policía requiera, fija el decreto. “Las alarmas también podrán ser confirmadas mediante la activación de pulsadores de atraco o antirehén, o código de coacción, instaladas en las instituciones de intermediación financiera”, explica.
En el momento en que se aprobó la normativa, en setiembre del 2015, el 85% de las alarmas que sonaban y recibían una respuesta policial no eran emergencias. Desde su puesta en práctica, la cantidad de alertas que llegan a la Policía tuvo un descenso importante. Entre enero y setiembre del 2016, el CCU recibió 10.232 alertas, 29.292 menos que en el mismo período del año pasado (ver cuadro).
Para que una alarma se considere confirmada y pueda ser comunicada a la Policía, las empresas de seguridad tienen tres caminos: enviar personal propio, verificación por vigilancia a través de las cámaras o a través de sistemas de audio.
El gobierno evalúa que el mecanismo previsto tuvo resultados positivos, aunque considera que todavía hay espacio para mejorar. Es que el 25% de las 10.232 alarmas que llegaron al CCU eran “falsas alarmas”, por lo que las autoridades comenzarán a aplicar multas a las empresas, dijeron fuentes del gobierno.
Óscar Baladán, gerente de Consultoría de Seguridad en Securitas, dijo a Búsqueda que la regulación relativa a las alarmas fue algo “positivo”, si bien no rige aún para todos los departamentos. Indicó que se dio una “baja drástica” de las “falsas alarmas”, puesto que obliga a las empresas del rubro a verificar que el evento sea real para llamar a la Policía.
Evaluó como una “oportunidad” el hecho de que la firma le confirme al cliente que verificará la alarma antes de enviar a la Policía al lugar. Eso, dijo, es bueno para ambos.
El vicepresidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Integral, Jonnhy Sanna, cuestionó la política. “Las reglamentaciones ponen en riesgo al personal de los móviles de respuesta” por la falta de apoyo policial cuando hay que chequear una alarma, explicó Sanna.
