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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl anterior gobierno de Mujica —generador del problema— y el presente gobierno de Vázquez ya habían orquestado y ejecutado varias maniobras —jurídicamente: chicanas— con el clarísimo propósito de no pagar a los funcionarios judiciales reclamantes o retardar el pago por todo el tiempo que el gobierno entendiese necesario o conveniente.
En tal sentido, y valiéndose de mayorías parlamentarias propias, lograron la aprobación de leyes que una vez tras otra fueron declaradas inconstitucionales. Sabían los gobernantes acerca de la inconstitucionalidad de las mismas, pero lo importante era ganar y seguir ganando todo el tiempo que fuera necesario para, repito, no pagar o dilatar el pago hasta las calendas griegas.
Sabedores de la deuda que tenían respecto a los funcionarios judiciales en función de la normativa existente, igualmente se dejaron demandar judicialmente, perdieron por todo lo ancho, impugnaron la sentencia y, naturalmente, volvieron a perder.
Jamás pensaron en ganar: no había cómo. Solo interesaba prolongar la situación sine díe, esto es: sin plazo alguno; y en la medida que fuere posible desestimular el ímpetu del reclamo.
Saben los gobernantes que llegada una sentencia firme y ya no susceptible de recurso alguno, lo que hay que hacer es cumplirla; esto es: pagar lo que se debe. Pagar lo que se debe significa el total de la deuda históricamente contraída (ya desde hace varios años) más sus reajustes, actualizaciones y demás accesorios.
Pero el gobierno no quiere pagar el total, quiere pagar —a regañadientes— lo que quiere pagar. Y entonces, en lugar de observar la conducta ética y jurídicamente correcta, comienza a hacer propuestas al gremio de funcionarios. Puede admitirse que dicha propuesta considere —si los funcionarios lo aceptaran— una forma de pago, esto es un plazo para el pago; ello está dentro de las coordenadas éticas aceptables.
Pero lo que resulta enteramente reprobable y merecedor de la mayor condena posible es ofrecer el pago de un porcentaje de la sentencia, lo que en buen romance significa incumplir la misma. Eventualmente llegarán a un acuerdo —y eso para el caso de que el 80% de los acreedores firmaran el acuerdo, lo cual está por verse— pero nunca podrá el gobierno afirmar que cumplió la sentencia condenatoria que lo obligó a pagar una cantidad de dinero que nunca pagó.
Esto es: salvo que el gobierno abone a cada uno de los funcionarios involucrados el 100% de la condena que el Poder Judicial le impuso, debidamente actualizada, no habrá dado cumplimiento a aquello a que fue obligado por las sentencias que lo condenaron. Y si ello sucede, tendrá su incuestionable origen en el cansancio de los funcionarios atendiendo a la conducta notoriamente chicanera del gobierno (de este y del anterior).
Adviértase que no es que los funcionarios deseen cobrarle menos al gobierno o que prefieran una solución que le resulte más ventajosa a este y más perjudicial para ellos; si eventualmente se transase en una suma de dinero inferior, ello habrá sido por la conducta maliciosa, dilatoria, entorpecedora, que decidieron adoptar estos gobiernos para no pagar aquello a que los funcionarios tienen derecho por expresa decisión judicial.
Y las conclusiones o lecciones que nos deja tal lastimoso comportamiento no pueden ser peores. En primer lugar: sepan ustedes, empresarios privados, que cuando vuestros trabajadores pretendan el reclamo de algún o algunos rubros que entiendan se les adeuda, no les paguen; por el contrario, oblíguenlos a litigar y luego: apelen cuando pierdan. Dilaten, dilaten, dilaten.
En segundo término: introduzcan toda aquella artimaña, dilación, chicana o entorpecimiento posible o imaginable que deteriore, erosione, lastime o perjudique la situación de dichos trabajadores.
En tercer lugar, una vez condenados, no se den por vencidos: resistan, aguanten, no cedan. Por favor: no paguen.
En cuarto término, cuando ya no haya más instancias, cuando la presión sea insoportable, cuando ya no se les ocurra nada más para continuar postergando los derechos de vuestros trabajadores, adopten la triste postura de proponer un pago del 70 u 80%, pero no paguen el 100% de la deuda. No lo hagan.
Adicionalmente, fíjenles condiciones para cobrar. No importa que hayan perdido y que vuestra postura jamás haya tenido razón alguna. Díganles que para pagarles solamente una parte de aquello a lo que tienen derecho, esos infames acreedores deberán reunir mínimamente el 80% de las voluntades de sus reclamantes; pues si no lo hacen, ustedes, señores empresarios privados, persistan en la posición de ni siquiera pagar menos.
Y por último y lo más grave de todo: que la sociedad tenga bien en claro que al Poder Judicial se lo puede desobedecer abiertamente, sin que ello suponga consecuencia de naturaleza alguna. Se pueden incumplir sus sentencias, se pueden realizar comportamientos obstativos, maliciosos, dilatorios por años, sin que ello favorezca sino al que ejecuta tales conductas.
El gobierno, el mismo que se jacta de desarrollar políticas de defensa de los trabajadores en el ámbito privado, ha perdido toda legitimidad jurídica y ética para presentarse como el adalid de la clase trabajadora. La ha perdido jurídicamente porque las conductas relatadas no hacen sino desobedecer ad eternum mandatos judiciales expresos.
Pero también ha perdido toda legitimidad ética. Mañana, cuando el ministro Murro o el presidente Vázquez nos enseñen que resulta obligatorio que el empresario privado realice tal conducta o cumpla con determinada norma o sentencia en relación con sus trabajadores, podrá decírsele con total tranquilidad: “Mire que no es tan así, podríamos charlarlo, ¿por qué no transamos?, ¿por qué no podríamos ofrecerle solo una parte de aquello a lo que tienen derecho?”.
Monty Fain Ajdelman
Abogado y escribano