El gobierno prepara la renovación de espectros para telefonía celular

Pero esto también ha causado cuestionamientos en el seno de la coalición de gobierno. Fuentes políticas coloradas dijeron a Búsqueda que en este esquema Movistar resulta favorecida en detrimento de Antel.

De acuerdo con el expediente, los técnicos de la Ursec consideraron “una referencia genérica (benchmarking) sobre valores internacionales de espectro” en 22 subastas realizadas en 19 países (incluyendo Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, India, México, Suecia y Uruguay) entre 2018 y 2022 en el segmento entre 1.500 y 2.600 MHz. Luego se procedió a “normalizar” cada precio considerando MHz, población del país respectivo y año de subasta, “para luego multiplicarlo por el PIB per cápita de Uruguay y dividirlo por el PIB per cápita de cada país considerado”. A lo obtenido “se le aplicó el método intercuartil” calculando diferencias entre percentiles de datos.

Como resultado, 10 MHz que en su momento en Uruguay fueron subastados por 6 millones de dólares, hoy valen US$ 4.283.300; los 30 MHz por los que Antel pagó 18 millones de dólares, cuya asignación vence el año próximo, el 1º de julio, hoy cuestan US$ 12.849.900.

“Los precios son inferiores porque la tecnología evolucionó. Y no es lo mismo salir a poner antenas que encontrar un desarrollo ya avanzado”, indicó el director de Telecomunicaciones. Con este “asesoramiento” de la Ursec, será el Poder Ejecutivo el que tenga la última palabra para el valor de las renovaciones. Estos números brindados no necesariamente serán los definitivos. Según Acosta y Lara, posiblemente la semana próxima el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emita un decreto respectivo sobre el que hoy se está trabajando.

Discrepancias y celeridad

Siris, director de la Ursec por la oposición, discrepa tanto con lo que “aparentemente se usaría para la renovación” del uso del espectro como con “la fidelidad o la certeza” de los números entregados por el organismo. Sobre lo primero, dijo a Búsqueda, “lo que correspondería es un procedimiento competitivo y, si se usa una vía administrativa, serían otros los criterios a emplear”.

También discrepó con la “fórmula” usada para el cálculo de los nuevos valores, la que no entendió. En su lugar, como indicó por escrito y figura en el expediente, se debió atenerse a las Directrices para la revisión de las metodologías de fijación de precios del espectro y la elaboración de baremos de cánones de espectro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a la Renovación de licencias en América Latina, según la GSMA, una organización de telefónicas móviles.

En su nota interna, Siris consideró “preocupante” la “validación de datos que se toman como base sin disponer de la información ‘cruda’, lo que impide replicar los cálculos y coloca a la institución en una posición alejada de la ciencia económica y de la obligación del regulador ante instancias como esta”.

Otro de los motivos que lo llevaron a votar en contra del envío de ese informe a la Dinatel fue “la extrema celeridad” con la que fue elaborado por la Ursec. “La presidenta de la institución (Mercedes Aramendía) dijo que se solicitó la información con extrema urgencia. Para mí no lo ameritaba. Al menos eso no surgía de la nota enviada por la Dinatel”, expresó a Búsqueda.

Acosta y Lara, en cambio, sí señaló que se requería una respuesta rápida. “Hay una asignación que vence el mes que viene”, esgrimió.

Beneficiados

Para Siris, los valores calculados, con un criterio a la baja “de forma administrativa y pareja”, perjudican “al país en su conjunto”, ya que se trata de menos recursos a ser luego utilizados en otros rubros.

Sin embargo, fuentes políticas —de la oposición pero también dentro del oficialismo— señalaron que una de las empresas operadores será beneficiada con este criterio, en referencia a Telefónica. “Yo veo (en este gobierno) un fuerte interés en modificar la actual correlación de fuerzas en el ecosistema de telecomunicaciones de nuestro país”, señaló Siris sin nombrar a ninguna empresa favorecida. “Por eso se ha implementado la portabilidad numérica, se redujeron las tasas de interconexión y por eso se intentó originalmente con la LUC (Ley de Urgente Consideración) abrir las infraestructuras (de Antel) para terceros. Por eso se intentó una y otra vez establecer mecanismos que perjudican a la empresa estatal de comunicación. Esto último estaría en esa sintonía”, agregó apuntando sí a una eventual perjudicada.

El expediente refiere a 45 MHz asignados a Movistar que vencerán en este período de gobierno, por los que esta compañía pagó en su momento 18 millones de dólares para tres bloques distintos. Es la misma cifra que abonó Antel por 30 en uno solo. “Movistar está pagando menos por espectro”, enfatizaron las fuentes. Esto no es nuevo, empero, ya que se retrotrae a las asignaciones realizadas 20 años atrás.

“No me puse a hacer esa comparación. Yo lo que tengo que mirar es el espectro que se vence. Además, los precios surgieron de una subasta pública realizada 20 años atrás”, indicó al respecto Acosta y Lara. “Si lo subastamos ahora, capaz que alguno no compra el espectro y lo hace otro. Además, este no es el espectro más importante. Este es de telefonía y todos están esperando el de los 3.500 (MHz), el de 5G”, cerró.