Resolución eleva a cinco años la inhabilitación a la anestesista Miralles: “Lo acordamos con el presidente”, dice Lustemberg

“Lo acordamos con el presidente”, aseguró.

Los hechos

Miralles fue denunciada por mala praxis en la asistencia a Barrera durante un procedimiento quirúrgico llevado adelante el 26 de octubre de 2023. La paciente sufrió un paro cardíaco y un agravio neurológico severo e irreversible, estado que mantuvo hasta su muerte en agosto de 2024.

En paralelo al proceso judicial, la Comisión Honoraria de Salud Pública había resuelto la inhabilitación por cinco años, dando por probados cuatro apartamiento graves a la “lex artis” (buenas prácticas) por parte de la anestesista.

Ante esto, Miralles presentó un recurso de revocación y jerárquico, y la ministra reformó parcialmente aquella definición llevando a tres los años de sanción.

Iris Rosario Barrera Collazo, madre de la fallecida, interpuso un recurso de revocación invocando ausencia de fundamento de la decisión ministerial. Alegó que se había incurrido en exceso de poder, que la gravedad de los hechos no admitía reducción alguna y que la rebaja de la sanción se había decidido ignorando un antecedente relevante contenido en el propio expediente, surgido de la investigación del SMI, donde ocurrió el procedimiento asistencial.

La ministra, por su parte, había resuelto rebajar la sanción a tres años con base en “los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la sanción, teniendo en cuenta que para el establecimiento de una sanción resulta necesario sopesar aspectos tales como atenuantes y agravantes, el cotejo con situaciones anteriores similares, entre otros”, dice el informe de la división Jurídica del MSP, en poder de Búsqueda.

“Es decir, la motivación estuvo constituida por argumentos de tipo jurídico y no sobre el fondo del asunto”, insiste el abogado Martín Esposto, y afirma: “La resolución ministerial objeto del recurso fue, por tanto, ajustada a derecho y dictada con los elementos y probanza que se tenían a la vista a esa fecha”.

“Resultan a la fecha nuevos elementos que la Administración no tenía al momento de la toma de decisión, que consisten en los acuerdos a los que se arribó en el marco de la Justicia civil y penal, las pericias y probanzas diligenciadas en ese ámbito y la investigación administrativa dispuesta” por la mutualista, subraya.

Sin embargo, en la nueva resolución se explicita que de la resolución recurrida por la madre de la fallecida no surge “una referencia a sanciones anteriores dispuestas para situaciones análogas ni circunstancias atenuantes en la conducta de la Dra. Miralles”, y que “tampoco resulta de manera explícita un desarrollo en cuanto al apartamiento de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad ni gradualidad invocados”.

De todas formas, el informe jurídico destaca que la resolución ministerial previa “fue dictada conforme a derecho y teniendo en cuenta los elementos con que se contaba a esa fecha”.

“Compartió las conclusiones de la Comisión de Salud Pública en cuanto al fondo y se apartó únicamente en relación al ‘quantum sancionatorio’”, agrega el documento.

La prueba

Ante el recurso presentado por la madre de Barrera, se realizó “un nuevo análisis” y una “reconsideración de lo resuelto”.

De acuerdo con el documento, se hizo una valoración de la prueba que se generó luego de la resolución de Lustemberg, la cual “no hizo otra cosa que agravar los hechos oportunamente denunciados”. De ahí que se sugiriera hacer lugar al recurso solicitado por la familia de Barrera.

Como principal prueba del apartamiento de las buenas prácticas profesionales, el informe cita una pericia que “establece de manera categórica que: ‘la extubación posterior a un PCR (paro cardiorrespiratorio) de causa inexplicada fue un acto médico inapropiado’”.

“No fue apropiada la extubación en sala de operaciones. La evolución de la paciente apoya esta apreciación ya que fue reintubada en la propia área del block quirúrgico”, señala la pericia.

Luego analiza si el control anestésico fue acorde a las pautas establecidas, y dice: “No queda claro que la anestesióloga hubiera notificado al equipo médico quirúrgico en la sala de block de operaciones, ni que haya asignado a un responsable de continuar con el control anestésico durante su ausencia, así como tampoco se puede afirmar con precisión cuánto tiempo fue el que no estuvo presente en el acto anestésico quirúrgico, ya que en los testimonios y la documentación, incluida la historia clínica, surgen contradicciones”.

De acuerdo con la pericia citada en el informe de Jurídica, “la sucesión de hechos, tanto previos como posteriores al PCR, pudieron haber influido en el desenlace final de la víctima”. Luego afirma: “Estamos frente a un apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología enfrentando a esta situación”