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Parlamento enviará a Fiscalía informes de la oposición sobre Cardama, tras reclamo de la coalición
La Asamblea General había resuelto trasladar al fiscal Gilberto Rodríguez únicamente el informe del Frente Amplio aprobado por mayoría, pero legisladores de la oposición plantearon a Carolina Cosse que debía enviarse la documentación completa
La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, aprobó este martes 10 una resolución que dispuso el envío a la Fiscalía de los informes elaborados por los legisladores de la oposición que integraron la comisión investigadora sobre el caso Cardama.
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Tras esa decisión, legisladores de los partidos que integran la coalición republicana enviaron el miércoles 4 una nota a Cosse en la que pidieron que también se envíen a la Fiscalía, “de forma urgente”, los informes elaborados en minoría por los legisladores de la oposición.
Según contaron a Búsqueda fuentes parlamentarias, Cosse hizo lugar al planteo y firmó la resolución que ordenó el envío de los informes faltantes.
Los legisladores fundaron su pedido en que el fiscal Rodríguez, que investiga el caso Cardama, solicitó a la Asamblea General que se le enviara “testimonio íntegro de las actuaciones realizadas”.
Además, plantearon que la resolución de la Asamblea General del 14 de octubre dispuso remitir a la Fiscalía “toda la documentación recibida, recabada y producida por la Comisión Especial”.
En la coalición entienden que eso solo puede interpretarse como que debe enviarse toda la información producida por la comisión, lo que incluye a los informes elaborados en minoría por los legisladores de la oposición.
“No se puede sustraer del envío ningún material ni informe producido, a riesgo de incumplir con lo solicitado por el fiscal actuante y lo resuelto por la Asamblea General”, sostuvieron en la nota —a la que accedió Búsqueda— firmada por Gabriel Gianoli, Pablo Abdala (Partido Nacional), Maximiliano Campo, Felipe Schipani (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente), entre otros.
La denuncia del Poder Ejecutivo está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno.
Una investigación parlamentaria y distintas conclusiones
La comisión investigadora analizó el proceso frustrado de adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por un valor total de 82 millones de euros, un contrato que fue firmado en el gobierno pasado y rescindido por el gobierno actual, tras detectar indicios de fraude de parte de la empresa proveedora, la española Cardama.
La investigadora parlamentaria comenzó su trabajo días después de la rescisión del contrato y culminó a fines de agosto. Se elaboraron cuatro informes con las conclusiones del trabajo. Uno por parte del Frente Amplio, que tenía la mayoría de los integrantes de la comisión, otro por los legisladores de la coalición, uno por Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana.
El oficialismo y la oposición sostienen que hubo “hechos de apariencia delictiva”, pero no coinciden en quiénes fueron sus protagonistas. Para el Frente Amplio, en el proceso de selección y contratación de Cardama se cometieron “irregularidades de gravedad” que contaron con la “acción” o la “omisión” de funcionarios públicos. Señalan al expresidente Luis Lacalle Pou como el máximo “responsable político”.
Para los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, la rescisión apresurada por parte del actual gobierno expuso al país a demandas internacionales. Además, denunciaron penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por “abuso innominado de funciones” porque, al inicio de la gestión, dos asesores que todavía no tenían cargos formales en el ministerio llevaron adelante una “pesquisa” para obtener información sobre Cardama.
En la Asamblea General que debatió las conclusiones de la investigadora, solo el informe del Frente Amplio consiguió la mayoría para ser aprobado. Esto gracias a que al momento de la votación, los diputados de Cabildo Abierto no estaban en sala, lo que permitió "desempatar" a favor del oficialismo. Con todos los legisladores en sala, ni el bloque oficialista ni el opositor tenían los votos suficientes para aprobar una moción.
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