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COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento
Con una delegación acotada, el país defendió la ganadería en pastizales naturales, avanzó en la protección de áreas marinas y exigió fondos internacionales acordes a la ambición de las metas globales
Verónica Piñeiro, directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 17) celebrada en Ereván, Armenia, concluyó el pasado 30 de octubre tras dos semanas de intensas negociaciones y dejó una señal política clara: el tiempo de la planificación terminó y la comunidad internacional debe acelerar de forma urgente el paso hacia la ejecución concreta de las metas fijadas hacia 2030 en el Marco Mundial de Kunming-Montreal. Sin embargo, la cumbre terminó con pocas medidas concretas para abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad y volvió a evidenciar la distancia entre los objetivos acordados y las acciones para alcanzarlos.
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Uruguay estuvo presente en la cumbre con una representación técnica y diplomática limitada que debió multiplicar esfuerzos ante la magnitud de la agenda. “Es un trabajo muy intenso y las delegaciones de Uruguay suelen ser restringidas”, explicó a Búsqueda Verónica Piñeiro, directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente, quien se sumó en la segunda semana de negociaciones para encabezar el segmento de alto nivel.
La comitiva inicial estuvo integrada por dos técnicos de Dinabise junto con la embajadora uruguaya en Armenia y un diplomático de esa sede. En la fase decisiva, la participación nacional se amplió con la presencia de Piñeiro y de una representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Previamente se habían establecido las posiciones del país en diálogo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Cancillería.
“En los diálogos en los que Uruguay participó, una de las cosas que nos resaltaban desde otros países era cómo Uruguay lograba mostrar un camino de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el de Finanzas, algo que muchos países planteaban como un desafío a superar”, comentó Piñeiro.
Para las autoridades uruguayas, esta convergencia responde a un cambio de enfoque: dejar de percibir a la agenda ambiental como una traba para el desarrollo económico y entenderla como un factor diferenciador en los mercados mundiales. “Estamos en un momento importante, de poder pensar en la conservación de la biodiversidad y en la biodiversidad —al aumentar las superficies protegidas o impulsar políticas como la definición de Humedales de Importancia Ambiental— como un elemento para la competitividad del país”, enfatizó la directora.
Metas
El trasfondo global de la cumbre estuvo marcado por la revisión del avance del Marco Mundial de Kunming-Montreal. Los datos de la Global Review evidenciaron que la mayoría de las naciones se sitúan por debajo o cerca del 50% en la concreción de sus metas, por lo que el avance es “limitado”.
Uruguay se ubica dentro de ese patrón mundial. Según consta en su VII informe nacional enviado a la secretaría del convenio, registra un 43% de avance en sus 23 metas nacionales de biodiversidad. Según Piñeiro, la urgencia de la COP de Ereván residió en que, a cuatro años del acuerdo de Montreal, “el nivel de avance es algo que requiere pasar de la planificación a la acción de forma más decidida”.
En ese sentido, dijo que entre las prioridades inmediatas del país se encuentra la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) —cuyo Plan Estratégico se encuentra en proceso de consulta pública— y el cumplimiento de la meta global 30x30, que busca proteger el 30% de la superficie terrestre y marina para el año 2030. “El ampliar las áreas protegidas y su conectividad era una de las cosas que buscaba esta COP y en las que también se trabajó mucho”, explicó.
El posicionamiento uruguayo en la cumbre otorgó un papel central a los pastizales naturales y al rol de la ganadería sostenible como herramienta de conservación activa. Así, el planteo oficial del país ante la plenaria de la COP 17 —leído por la embajadora uruguaya en Armenia pero elaborado como documento nacional—subrayó: “En su carácter de copresidente del Año Internacional de los Pastizales y Pastores, Uruguay se ha comprometido en fortalecer la ganadería sostenible sobre pastizales naturales para la restauración de tierras degradadas que aporta a la adaptación y mitigación del cambio climático”.
Sin embargo, el documento oficial advirtió que “Uruguay ha identificado barreras culturales para integrar prácticas de conservación y producción sostenible en pastizales”, por lo que para esto, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la conservación “se vuelve fundamental”.
Piñeiro dijo que “hay una brecha financiera y de movilización de recursos en torno a eso” y destacó que la copresidencia uruguaya abre un canal directo para captar fondos de cooperación y promover esquemas de financiamiento dirigidos al sector productivo privado. “Ahí hay una línea concreta en la que estamos buscando fortalecer la financiación”, indicó la directora, al subrayar además la importancia de profundizar la coordinación entre las tres convenciones de Naciones Unidas (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación), “siempre y cuando se mantengan las financiaciones independientes”.
Uno de los aspectos más álgidos de la cumbre en Armenia se dio en torno a los recursos financieros y las definiciones sobre qué países deben aportar a los fondos de conservación global. A diferencia de la Convención Marco sobre Cambio Climático, donde rige formalmente el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, en biodiversidad la arquitectura financiera se basa en transferencias directas de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. En ese sentido, Piñeiro dijo que durante las sesiones de Ereván, algunos países intentaron modificar estas definiciones para categorizar a los donantes según los criterios de renta del Banco Mundial, algo que no llegó a concretarse.
La postura uruguaya respecto a los recursos quedó sintetizada enfáticamente en el posicionamiento oficial de la delegación: “La falta de disponibilidad de medios suficientes y oportunos sigue siendo uno de los mayores obstáculos para su implementación, especialmente para los países en vías de desarrollo. Los recursos financieros disponibles no son acordes a los niveles de ambición del Marco. Financiar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad debe entenderse como una inversión para sostener la producción, promover el desarrollo sostenible y construir sociedades más justas y resilientes”.
Respecto a Uruguay, la directora explicó que las financiaciones que tiene hoy en marcha la Dinabise provienen principalmente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) —donde está en marcha la ronda GEF 8— y del Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad, que fue recapitalizado en la COP y quedará disponible para proyectos de conservación. También ejecuta líneas específicas para ganadería sostenible en pastizales y para el fortalecimiento de la política de humedales.
“Los documentos de política que se generan en estas convenciones le dan a Uruguay la capacidad de bajar a tierra y generar tanto cooperación como acceso a fondos específicos. También orienta en ese sentido el cumplimiento de las metas para mejorar las estrategias de conservación de la biodiversidad”, apuntó.
La COP 17 concluyó con la adopción de la denominada “Ruta de Ereván”, una hoja de ruta que establece marcos clave orientados a 2030, entre los que se destaca la inclusión del reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos a las comunidades locales y las poblaciones indígenas, y de la información sobre secuencias digitales.
“Uruguay tiene un decreto que define un gabinete de bioseguridad y ahí tenemos que pensar cómo avanzar hacia esa política de bioseguridad, de qué manera se trabaja con las secuencias digitales, cómo se reparten esos beneficios y de qué manera se hace la trazabilidad. Es un gran desafío”, comentó.
Según Piñeiro, la delegación uruguaya jugó un papel dinamizador dentro del Grupo de Latinoamérica en materia de inclusión social y derechos humanos. Sobre el funcionamiento del bloque regional, dijo que el país colaboró activamente para que la Red de Mujeres Afrodescendientes presentara su informe al grupo regional, logrando que finalmente se integrara el reconocimiento a los pueblos afrodescendientes en los documentos del examen mundial de la convención, junto con salvaguardas explícitas sobre derechos humanos y enfoque de género.
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