Durante su visita a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados el lunes 1º, el ministro Roberto Kreimerman sostuvo que el gobierno sugiere tres grupos de modificaciones: “institucionales”, sobre la “propaganda o publicidad y el horario de protección” al menor y los que “mejoran la redacción” para retirar cuestiones que “podrían no ser adecuadas a la ley o que podrían ser imprecisas, difusas o inconstitucionales”.
Los cambios, acordados con la bancada de legisladores del Frente Amplio, asignan mayor autonomía al Consejo de Comunicación Audiovisual respecto del Poder Ejecutivo, precisan el alcance de las prohibiciones en la publicidad dirigida a niños, pretenden eliminar “términos vagos” sobre la regulación de contenidos e impedir la existencia de monopolios u oligopolios públicos en el sector audiovisual.
Del artículo 27º se eliminará la frase que impide que los servicios de comunicación difundan “percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales”.
Entre los cambios se restringió la prohibición de difundir información que identifique a los menores en los hechos delictivos y a aquellos en los que se discuta su tutela o filiación. En el proyecto original esta prohibición corría para “todos los casos”.
Se incluyen salvedades y precisiones en el artículo vinculado al horario de protección al menor. Se incorpora un inciso para que “en los programas informativos, cuando se trate de situaciones de notorio interés público emitidas en tiempo real, excepcionalmente podrán incluirse imágenes de violencia excesiva (...), incluyendo avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil a las mismas. En la aplicación de estas disposiciones deberá valorarse el contexto y la finalidad de los programas que incluyan estos contenidos”.
La nueva versión mantiene limitaciones a la publicidad dirigida a niños aunque quita más de la mitad de las disposiciones. No incluye, por ejemplo, el inciso en el que se afirmaba que “las figuras, muñecas y similares que son elementos importantes en programas infantiles no pueden aparecer en la publicidad de productos de especial interés para niños y niñas”.
Para Kreimerman, el proyecto será ”mucho más preciso en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, tanto cuando actúan en spots publicitarios, como cuando reciben las emisiones de distintos servicios de radiodifusión”, pero manteniendo “el espíritu” original.
Monopolios.
El Consejo de Comunicación Audiovisual, el órgano regulador del sistema, no estará en la órbita de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, sino que “se vinculará administrativamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria”.
El nuevo proyecto “avanza en dar al Consejo de Comunicación Audiovisual mayor independencia del Poder Ejecutivo, y en otorgar mayor incidencia al Poder Legislativo en cuanto a su designación y al control de algunas de sus competencias. No ha sido una opinión unánime, pero sí mayoritaria dar a este organismo la mayor autonomía posible, en el marco de sus competencias”, afirmó Kreimerman.
En lo que refiere a sus cinco integrantes, cuatro serán elegidos por la Asamblea General —para lo que se requerirá una mayoría especial de 2/3 en la primera votación y mayoría absoluta en la siguiente— y uno designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros. Antes, tres de los cinco miembros eran designados por el presidente previa venia del Senado y de los restantes, uno era designado por el Ministerio de Industria y otro por el Ministerio de Educación.
El Poder Ejecutivo incorporó un artículo que establece incompatibilidades para ocupar el Consejo: “La actividad política partidaria y gremial o sindical”, “tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, telecomunicaciones, comunicaciones o similar”, entre otros.
Quienes sean designados por la Asamblea General tendrán un mandato de seis años —en régimen de dedicación total y prorrogable por tres años—, mientras que el elegido por el presidente permanecerá en el cargo hasta que termine el período de gobierno.
El oficialismo prevé también varias modificaciones en el capítulo relacionado con el sector público. “El cambio fundamental es que en lugar de ser una persona pública no estatal, pasará a ser un servicio descentralizado, con fines, cometidos y atribuciones que se especifican” en la ley, afirmó en la Comisión el director de Telecomunicaciones, Sergio de Cola.
En el artículo 42º de la nueva versión se establece que el Estado debe “impedir o limitar” la “existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual”. El primer proyecto mencionaba únicamente al sector privado.
Progresividad.
El nuevo articulado mantiene la exigencia de que los medios audiovisuales rijan sus actividades “conforme a códigos públicos de normas éticas” aunque sin la frase en la que se establecía que esos códigos debían tener “como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley”.
El Poder Ejecutivo tampoco obligará, como preveía originalmente, que los medios tengan un “defensor de audiencia”, pero sí “promoverá” que lo hagan.
De Cola dijo que se mantendrá el requisito de incluir un porcentaje de contenido nacional en la programación de los medios, pero se establece un “cronograma de progresividad” de dos años para su cumplimiento “porque de un día para el otro no se puede pasar a los porcentajes que se piden”. Según el jerarca, “algunos servicios de comunicación audiovisual pueden perfectamente cumplir con los porcentajes de promoción de la producción audiovisual, pero otros no lo pueden hacer”.
El director de Telecomunicaciones anunció que además de las dos contraprestaciones que deben cumplir los medios —15 minutos gratis para campañas públicas y espacio gratuito para publicidad electoral— el Poder Ejecutivo prevé incluir una más: “Brindar, sin costo y de acuerdo a la tecnología disponible, acceso a servicios interactivos provistos por el Estado tales como aplicaciones de gobierno electrónico, de salud o educación, entre otros, los cuales serán desarrollados bajo responsabilidad y presupuesto de los organismos estatales involucrados, conforme a la reglamentación que el Poder Ejecutivo determinará a tales efectos”.
De Cola explicó que ese inciso “está dirigido fundamentalmente para que los medios interactivos provean posibilidades a los ciudadanos de hacer trámites o tomar conocimiento de diversos temas, bajo el desarrollo y responsabilidad de los organismos estatales, con la tecnología disponible”.
Oposición.
Ante la cantidad de modificaciones al proyecto original, la oposición pidió una semana para estudiarlos. El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, Carlos Varela (Frente Amplio), dijo a Búsqueda que el acuerdo dentro de la bancada oficialista “ya está sellado” y esperan votar el articulado a la brevedad.
“Los cambios son muchos sí, pero son en su mayoría de redacción para simplificar el texto. En el caso de las modificaciones más de fondo se deben a las sugerencias que recibimos de las delegaciones que recibimos. Por eso creemos que el texto está en condiciones de ser votado y pasarlo al plenario”, explicó Varela.
El diputado Álvaro Delgado (Partido Nacional) considera que los cambios presentados por el ministro de Industria son “muchísimos” y que es necesario volver a estudiar el proyecto con la comparecencia de todas las delegaciones que ya lo hicieron en el proyecto inicial.
“Es un tema muy delicado, el cual no se puede sacar a los apurones. Además es una ley que con cuanto más apoyo político salga es mejor. Con este escenario, sin volver a consultar a los juristas, nosotros no estamos en condiciones de apoyarla”, concluyó.
