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Es una rutina de cada año que esta vez quedó en manos del gobierno entrante. Con fecha del martes 11 y la firma de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la “República de Uruguay” presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos su Reporte Anual para Gobiernos Extranjeros y Subdivisiones Políticas (Form 18-K). La información requerida por esta entidad reguladora del mercado bursátil estadounidense —al que recurre Uruguay para financiar su déficit— incluye aquella que pudiera afectar la solvencia de largo plazo del emisor o del valor.
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El nuevo reporte, que cierra el ejercicio fiscal de 2019, aludió entre los hechos recientes al Covid-19 y sus impactos —aunque su “costo económico” es “difícil de predecir”, habría una contracción del Producto Bruto Interno este año que aumentará el déficit fiscal—, a la vez que expone las prioridades de política económica de la administración de Luis Lacalle Pou.
Sobre sus propósitos, la enumeración es la siguiente: “Permanecer enfocada en la estabilidad macroeconómica” e “impulsar la productividad” y la competitividad de la economía uruguaya; aumentar la “eficiencia del sector público, incluidas las empresas estatales, a través de reformas que apuntan a mejorar la gobernanza; fortalecer las relaciones comerciales con los países miembros del Mercosur, mientras desarrolla mercados y establece alianzas con otros socios comerciales; mantener una postura fiscal prudente, reconociendo esto como una condición para la sostenibilidad fiscal a largo plazo; y promover una reforma de la seguridad social (…)”.
En otro pasaje, donde se repasa el rol del Estado en la economía, el documento oficial aclara: “En este momento, el gobierno no tiene planes de privatizar ninguna empresa del sector público”.