Celebra que el gobierno haya encaminado una solución para el conflicto salarial con los jueces, aunque anhela “profundamente” que también lleguen a una salida con los gremios de funcionarios y actuarios judiciales, porque “de lo contrario los meses venideros pueden ser muy duros” y se “haría muy difícil la aplicación del CPP” el próximo julio.
—Deja la presidencia de la Corte luego de un año intenso, ¿cuál es su balance?
—Cuando asumí marqué en mi discurso situaciones muy complicadas para el funcionamiento del Poder Judicial: la total falta de diálogo que había con el Poder Ejecutivo, el tema presupuestal, los desafíos de la aplicación de un nuevo proceso penal y la reforma del Código Aduanero y una situación deficitaria de la defensoría pública. Mi primera opción fue intentar restaurar el diálogo con el Ejecutivo, que se había interrumpido por razones que aún hoy desconocemos. Gestionamos una entrevista con el presidente, y logramos el compromiso de refuerzos presupuestales. Junto con esos refuerzos y las medidas de austeridad que tomó la Corte pudimos llegar a fin de año pagando las cuentas mínimas, pero sin crecimiento. A partir de un acuerdo con Economía obtuvimos fondos para implementar el CPP y el Código Aduanero. Con las creaciones de cargos de defensores podremos hacer una reingeniería de la defensoría, se creó un tribunal de concursos para la selección de docentes del Centro de Estudios Judiciales, integrado por todas las facultades de Derecho, se inauguraron nuevos Centros de Mediación, y se firmaron infinidad de convenios de cooperación. Otro gran logro fue la elaboración de un plan estratégico hasta 2020, y la creación de una comisión intergubernamental para coordinar la aplicación del CPP. A nivel internacional fue un logro que la Corte haya sido designada a cargo de la secretaría permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
—La Corte asumió el compromiso de implementar el CPP en un año ¿Cómo avanza ese proceso?
—Se está haciendo una verdadera revolución tecnológica en el Poder Judicial: tenemos un sistema de gestión de los juzgados ajustado a los requerimientos del CPP, que es el primer paso hacia el expediente electrónico; el programa Audire, que permitirá grabar en audio todas las audiencias; la app que permite que cualquier ciudadano pueda seguir un expediente desde su celular; el sistema de gestión de defensorías públicas. Estamos haciendo 69 intervenciones arquitectónicas en todo el país y trabajando en capacitación. Soy bastante optimista de que llegaremos a julio en condiciones adecuadas.
—El gobierno acordó un aumento salarial con el gremio de los jueces, aunque quedan sindicatos que no están satisfechos con las propuestas. ¿Es optimista respecto a que se logre terminar con el conflicto?
—Me parece muy bien que los magistrados hayan encontrado una solución a este conflicto que se arrastra desde 2010 y que ha intoxicado la relación con el sistema político y especialmente con el Poder Ejecutivo. Es la raíz por la cual no logramos en cuatro años una respuesta presupuestal adecuada, o sea que cuando más rápido se solucione, se allana el camino para mejorar el presupuesto. Entiendo que se procura ir avanzando gremio por gremio, y quedarían los dos más numerosos: los funcionarios y los actuarios, que representan el 40% de la masa salarial. Tengo la esperanza de que el Ejecutivo haya manejado hacerles una oferta tomando en cuenta que ellos tienen un juicio terminado a su favor. Anhelo profundamente que solucionen el conflicto con esos funcionarios, de lo contrario creo que los meses venideros pueden ser muy duros y complicados para el Poder Judicial porque los funcionarios son imprescindibles para el funcionamiento del sistema. Podrían ingresar en conflicto y eso haría muy difícil la aplicación del CPP en julio de 2017.
—El presidente Tabaré Vázquez criticó que la Justicia liberara a los detenidos luego del clásico de fútbol fallido en noviembre. ¿Qué opina de esos cuestionamientos?
—Desde el punto de vista teórico, no es aconsejable que un poder del Estado se refiera a la actuación del otro, sobre todo cuando el Poder Judicial respeta a los otros dos poderes y no hace comentarios sobre sus actuaciones. Desde el punto de vista de la realidad, cualquier gobierno, de cualquier lugar del mundo, cuando tiene problemas vinculados con la sociedad, busca hacer culpables a los jueces de algunas cosas que pasan, como forma de ponerse al resguardo de las críticas de la ciudadanía. Yo entendí que esas declaraciones eran erróneas e injustas, porque tenemos 10.500 privados de libertad por decisiones judiciales, entonces no veo dónde les tiembla la mano a los jueces para encarcelar a las personas, como de la misma forma, no les tiembla la mano para no encarcelar cuando no hay pruebas. La ciudadanía tiene que ver que tan importante como encarcelar al responsable de un delito es no encarcelar y preservar el principio de inocencia sobre quienes no hay pruebas.
—¿Piensa que esos cuestionamientos perjudican la imagen del Poder Judicial frente a la ciudadanía?
—Todos los que ejercemos cargos de responsabilidad en el Estado tenemos que preservar la imagen de las instituciones y no hacer comentarios que las deterioren, porque ese puede ser un camino muy peligroso. Lo vemos en otros países, cuando el Poder Judicial no es respetado y no se consideran válidas sus decisiones, estamos a un paso del caos.
Hemos insistido mucho este año sobre el rol esencial del Poder Judicial para el Estado de derecho, y sobre la necesidad de preservar las garantías de los ciudadanos, porque el Estado de derecho es que cualquier ciudadano, independientemente del lugar que ocupa en la jerarquía del Estado, está sometido a normas. Y cuando no las cumple, el único que puede ponerlo en su lugar y restituir la situación a un estado de respeto y garantía de los derechos es un juez.
—¿Las críticas alimentan la sensación de inseguridad?
—Es difícil determinar cuál es la vara que tiene la ciudadanía para considerarse segura. ¿Dónde está el parámetro? ¿En la cantidad de gente presa? Hay muchísima gente presa, mucha más que en la vida institucional del Uruguay. ¿En la cantidad de policías? Tenemos una enorme cantidad de policías y de seguridad privada, vivimos enrejados, con sistemas de alarma electrónicos, y sin embargo nos seguimos sintiendo inseguros. La cuestión es cómo se da a la gente la sensación de que está protegida. Me parece que hacen mal las instituciones al decir ‘los jueces los ponen en libertad’, como si yo mañana saliera a decir que el problema de seguridad se debe a la ineficiencia de la Policía. Eso le haría mucho mal a la Policía y al Poder Judicial.
—No solo el gobierno reclama mano dura a la Justicia, sino también la ciudadanía. ¿Los jueces deben tener en cuenta el contexto social y el sentir de los ciudadanos sobre ciertos temas al momento de decidir?
—Creo que la imparcialidad absoluta no existe, entre otras cosas porque cargamos una mochila con toda nuestra vida personal anterior, entonces pensar en algo químicamente puro desde el punto de vista de la imparcialidad no es viable. Lo que creo que es viable es un juez que esté preparado para tomar distancia de ese tipo de influencias en el momento de resolver, pero que a la vez conozca la sociedad en la que vive. Si no conoce el entorno de opiniones que están circulando sobre lo que tiene que resolver y la trascendencia de su decisión, ese juez podrá ser técnicamente excelente, pero va a estar alejado de la realidad.
—En mayo de 2017 dejará de integrar la Corte. ¿Qué valoración hace de la jurisprudencia de la Corporación en estos últimos años?
—La Corte tuvo que dictar decisiones muy importantes, como la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, donde fui el único discorde entendiendo que los delitos de lesa humanidad son anteriores al propio Estado, y posteriormente, por mayoría de tres ministros la Corte entendió que los delitos no habían prescripto. Me tocó redactar la sentencia que hizo caer el andamiaje que el gobierno de José Mujica había creado para la solución de la quiebra de Pluna, y hay sentencias muy importantes sobre la Ley de Medios. Destaco también la sentencia sobre el acceso a los medicamentos de alto costo y sobre la Ley de Faltas. Me parece que la Corte ha evolucionado hacia una concepción más moderna del derecho constitucional, entendiendo el derecho internacional de derechos humanos más el derecho constitucional como un solo orden jurídico que debe ser interpretado con un criterio de armonía. Creo que ha habido un avance en la aplicación del principio de igualdad, con un criterio mucho más moderno referido a la necesaria proporcionalidad entre la restricción del derecho y el derecho que se quiere preservar. Hay un camino muy interesante por delante, porque todo el derecho constitucional y de derechos humanos está desarrollándose a pasos agigantados en el mundo y Uruguay tiene que seguir ese proceso.
—La Corte fijó posición sobre temas trascendentes, como la no prescripción de los delitos de la dictadura, o la Ley de Medios, pero en los próximos años cambiará casi totalmente su integración, por lo cual la jurisprudencia podría variar. ¿Es contraproducente que haya tanta rotación entre los ministros?
—La Constitución uruguaya establece un régimen sobre la pertenencia en la Corte que tiene dos aspectos: un principio general dice que el día que se cumplen 70 años de edad no se puede ser más juez, y el otro, específico para la Corte, establece que se cesa al cumplir 10 años en el cargo. Esto seguramente lo instalaron en una época en que al cumplir 70 años eras una persona vieja, y hoy no es así. La mayoría de los países no tienen ese requisito de los 10 años, y hay una tendencia a homogeneizar la salida a los 75 años. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los cargos son vitalicios. Eso lleva a que haya una mayor estabilidad en las cortes. Además en Uruguay se da una coyuntura histórica, no conozco que se haya dado antes, y es que en 2015 cesó Jorge Ruibal, en 2016 Jorge Larrieux, en 2017 me voy yo, en 2018 el ministro Felipe Hounie y en 2019 Jorge Chediak. O sea que durante cinco años consecutivos está cambiando continuamente la integración de la Corte. Esto creo que ningún constituyente lo pudo haber previsto. La jurisprudencia de la Corte es respetada, aunque hay que admitir que en estos años puede ser que cambie.
—¿Cree que es conveniente que los ministros asuman por antigüedad o por acuerdo político?
—Al sistema político se le encomendó la función de designar a los integrantes de la Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y es a ellos a quienes les corresponde. Yo llegué aquí por acuerdo político y me sentí absolutamente respaldado. Me parece que el sistema constituyente es el acuerdo político, que aquí es muy particular y muy sano, porque exige una mayoría muy importante. Lo otro (la antigüedad) es un procedimiento ortopédico que se aplica ante la falta de consenso político. Desde el punto de vista personal y como ciudadano, deseo que se pueda llegar a acuerdo para todos los cargos que están a disposición.
—En la Suprema Corte de Estados Unidos los ministros se dividen entre progresistas y conservadores. Siguiendo ese criterio, ¿cómo catalogaría a la Corte uruguaya?
—Es una Corte muy equilibrada (en referencia a la Corte que hasta noviembre integró Larrieux, ya que actualmente hay una vacante). Estaban representadas todas las tendencias, desde el punto de vista jurídico, que están circulando en el país. Sería interesante pensar en cortes equilibradas en cuanto al origen de sus jueces. La Corte tenía cuatro ministros de Civil y uno de Familia. El trabajo Penal de la Corte es aproximadamente un 20%, Familia es un 41%, juzgados de Paz un 20%, y Trabajo un 7%. Esa distribución por materia sería bueno que estuviera representada en la Corte, porque son distintas formas de encarar el derecho, y sería bueno que se tuviera en cuenta cuando hay tantas vacantes.
—A usted se lo identifica con un perfil progresista, ¿está de acuerdo?
—Es cierto, en este país todos nos conocemos. Tengo un perfil basado en los derechos humanos, que tiene que ver con el desafío de los sistemas judiciales de hacer efectivos los derechos humanos, mejorar su calidad y las prestaciones del Estado para que se realicen de la manera mejor posible. Leí hace poco declaraciones de la politóloga argentina Beatriz Sarlo que decía que el liberalismo describe muy bien las condiciones de la libertad y la igualdad, pero tiene serias dificultades para hacer efectiva la igualdad. Es parte de la aplicación del derecho la aplicación de las condiciones necesarias para que se haga efectivo el principio de igualdad para todas las personas. Tengo una visión del derecho de que hay que ayudar a crear las condiciones para que todas las personas puedan realmente actuar de igual manera ante la ley.
