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Cuando al principio de la administración del presidente José Mujica el Poder Ejecutivo resolvió equiparar el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, nunca imaginó que esa medida terminaría en el peor conflicto con los gremios judiciales en décadas y con la Justicia casi paralizada a pocos meses de pasar la banda presidencial al también frenteamplista Tabaré Vázquez.
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Ese es el panorama hoy en día en los juzgados de todo Uruguay, al punto que la Suprema Corte de Justicia resolvió ayer miércoles declarar como inhábiles los días que van entre el 16 y la feria judicial mayor, que comienza el 24 de diciembre, para que no corran los plazos procesales. Es que tanto los actuarios como los defensores de oficio y los funcionarios paralizaron sus actividades. Los jueces en tanto suspendieron las audiencias durante tres días la semana pasada y este sábado 20 deciden en asamblea los pasos a seguir. Fuentes de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) dijeron a Búsqueda que los ánimos están “muy crispados”, por lo que “no se descarta una medida de lucha que implique la profundización seria del conflicto”.
De hecho, una asamblea de la AMU ya resolvió la posibilidad de realizar una huelga si la situación lo amerita.
Con ese mar de fondo y ante una solicitud realizada por el Colegio de Abogados del Uruguay, el máximo órgano judicial del país tiene previsto recibir en la propia sede de la corporación aquellos escritos considerados “urgentes”, en los que existen derechos humanos en riesgo de ser vulnerados, como las acciones de amparo.
Si algo faltaba, el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento luego de meses de discusión con los gremios judiciales enojó aún más a los sindicatos. La iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, otorga 8% de aumento en lugar del 26% reclamado y fija la retroactividad en tres salarios líquidos en vez de la millonaria cifra reclamada.
Adicionalmente, establece un “desenganche” de los salarios de todos los funcionarios que no son magistrados y dispone una de las medidas que han sido más controvertidas: que el Poder Judicial debe hacerse cargo de las condenas en su contra a diferencia de lo que sucede actualmente, que los fallos adversos son pagados por rentas generales, aunque puede repetirse contra los magistrados si se comprueba que existió culpa grave o dolo.
“Dificultades”.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo se queja de que sean los propios jueces quienes han fallado sobre su salario. Se afirma que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están frente a una “disyuntiva de hierro” porque han encontrado “dificultades para ejercer sus derechos, potestades y obligaciones al no haber encontrado un ámbito plenamente independiente a quien recurrir por cuanto el Poder encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se encuentra plena y totalmente involucrado en una reivindicación salarial”.
En otro tramo de la exposición de motivos, el Ejecutivo reconoce que se encuentra en la “frontera de un aspecto institucional de difícil y delicada dilucidación”.
En este cruce de afirmaciones, la Suprema Corte de Justicia subió la apuesta y ayer miércoles emitió un comunicado en el que aclara que en las reuniones que los ministros de la corporación mantuvieron tanto con el presidente José Mujica como con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, nunca “manifestaron opinión alguna favorable” al desenganche de los salarios.
Asimismo, en el comunicado se “rechaza” la modificación del artículo 400 del Código General del Proceso (CGP) que obliga al Poder Judicial al pago con fondos propios de las condenas en su contra.
“Ello es así, en cuanto el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestal como los otros poderes del Estado”, sostiene.
“La propuesta sin duda significará una afectación de fondos destinados por el presupuesto al cumplimiento de las finalidades esenciales de este poder del Estado, pudiendo afectar severamente su funcionamiento al tener que destinar dichos fondos al pago de créditos que son objeto de litigio”, advierte.
A raíz de este clima, la corporación resolvió suspender el acto de conmemoración del día del Poder Judicial previsto para el viernes 19.
“Desalojo”.
Como muestra del clima de conflicto reinante entre los gremios judiciales y el oficialismo, las barras de la Cámara de Senadores debieron ser desalojadas el martes 16, cuando se trató el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Cuando el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que el gobierno quiere avasallar al Poder Judicial porque este, a diferencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no tiene independencia económica, las barras de la Cámara estallaron en un aplauso, lo que obligó al presidente de la Cámara Alta, Danilo Astori, a advertir que ese tipo de manifestaciones no pueden realizarse. Más tarde, las barras fueron directamente desalojadas cuando un grupo de personas comenzaron a gritar “traidores” y “vendidos” a los legisladores del Frente Amplio que votaron la ley.
En ámbitos judiciales se asegura que con esta norma el Poder Ejecutivo simplemente está “comprando tiempo” porque es “seguro” que la ley tiene varias disposiciones que van a ser declaradas inconstitucionales. Según algunos magistrados consultados, varias de las disposiciones del proyecto se oponen a la Carta Magna por diferentes motivos. Algunos de ellos por problemas de forma, ya que tienen un “claro contenido presupuestal” al referirse a salarios o formas de liquidar los mismos.
Otros por razones de fondo, entre los que destacan como el más “peligroso” la modificación al artículo 400 del CGP. “Este artículo es notoriamente inconstitucional porque cambia las reglas de juego procesales, afectando juicios en trámite”, afirmó a Búsqueda un alto magistrado.
Por otra parte, señaló que el artículo 9 del proyecto violenta las disposiciones que tienen que ver con los acreedores, ya que establece que si el 70% acepta la propuesta del Poder Ejecutivo, el restante 30% debe verse obligado a hacerlo.
