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    El “impuesto inflacionario” llegó a su nivel más alto desde 2002

    El aumento más acelerado de los precios al consumo verificado en los últimos meses se tradujo en un mayor financiamiento para el Estado por la vía del “impuesto inflacionario”, que llegó a su máximo en 11 años.  

    En los 12 meses cerrados a febrero el monto “recaudado” llegó a unos U$S 207 millones, calculó Búsqueda.

    Este “impuesto” está implícito en la cantidad de dinero que circula en la economía, que cada vez vale menos a causa de la inflación y actúa como un tributo a favor del que emitió y utilizó la moneda en primera instancia, o sea el gobierno.

    Al inicio de 2014 se dieron aumentos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) relativamente elevados, de 2,4% en enero y 1,7% en febrero; eso llevado al monto de recaudación equivale a casi U$S 60 millones en el primer mes del año y a U$S 39 millones en el segundo.

    Valores tan abultados no se observaban desde inicios de 2002, cuando tras una fuerte devaluación de la moneda local la inflación se disparó a más de 25%. De hecho, el monto anual del “impuesto inflacionario” llegó en los 12 meses terminados en febrero a su mayor valor desde esa crisis, según la serie de Búsqueda.

    Pese a los mayores ingresos que le reporta a las arcas públicas, el gobierno y también los analistas privados hace años que consideran el aumento de precios como uno de los asuntos más problemáticos para la economía uruguaya. La meta oficial esta entre 4% y 6% anual (se ampliará a 3%-7% a mitad de año) y el último registro del IPC fue 9,8% en los 12 meses a febrero.

    Esa cercanía con el nivel de dos dígitos disparó el temor de las autoridades de que los agentes económicos perciban que la inflación se salió de su control. Por ello el Poder Ejecutivo propuso al Parlamento este mes rebajas tributarias sobre algunas tarifas públicas y frutas y verduras frescas, y pidió un congelamiento de precios a comerciantes, importadores e industriales, entre otras medidas.

    Tributo sin ley.

    El “impuesto inflacionario” es un tributo virtual o encubierto, ya que no lo recauda ninguna oficina gubernamental ni se detalla en factura alguna. El mismo surge de la pérdida de valor del dinero frente a los bienes y servicios, una desvalorización que al momento de la emisión de los billetes es nula y que al entrar en circulación ocurre mientras sube el nivel general de precios.

    El sector público es el único que utiliza ese dinero con su valor inicial y luego la población “paga” la inflación de su propio bolsillo. De esa manera el sector privado transfiere recursos al Estado por el mero hecho de utilizar el dinero circulante.

    En el 2013 el impuesto fue por unos U$S 170 millones.

    El monto “recaudado” en los últimos 12 meses cerrados a febrero alcanzó a los U$S 207 millones, la cifra más alta desde 2002.

    Desde 2005 a 2010 lo generado por el “impuesto inflacionario” se había ubicado por debajo de los U$S 100 millones anuales, y en 2011 y 2012 estuvo cerca de U$S 130 millones en cada año.

    Para calcular el monto del impuesto inflacionario se tomó como “monto imponible” la  cantidad primaria de dinero —emisión de dinero fuera del Banco Central más los depósitos a la vista de los bancos privados en la autoridad monetaria menos el monto de la caja del Banco República, para no computar el impuesto que el Estado recauda de otra dependencia pública—. La “tasa” del tributo es la inflación medida por el IPC que calcula el Instituto Nacional de Estadística. 

    Años atrás se le llamó “finanzas inflacionarias” al comportamiento de muchos gobiernos de la región de emitir moneda para cubrir su déficit; los precios al consumidor aumentaban muy por encima de los niveles actuales y en varios casos llegaban a los tres dígitos en términos anuales.

    En 1980, por ejemplo, el “impuesto inflacionario” llegó a lo que hoy serían unos U$S 900 millones, que representaban el equivalente a 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay ese año.

    Actualmente se descarta que la elevada inflación sea una estrategia del gobierno para financiar sus cuentas; tanto en Uruguay como en la mayoría de los países de la región se asumió una postura contraria a ese mecanismo con el fin de estabilizar las economías, atraer más inversiones y financiarse en los mercados internacionales en moneda domestica.

    En un foro empresarial organizado el martes 25 por la Asociación de Dirigentes de Marketing el consultor económico Javier de Haedo dijo que el “impuesto inflacionario está recaudando mucho” y “puede llegar a ser funcional” al gobierno.

    Magnitud.

    Si bien está lejos del 3,5% de los años ochenta, el monto del impuesto inflacionario al cierre de febrero fue relativamente alto: casi 0,4% del PBI, también el mayor desde 2002.

    En ese año de crisis la actividad económica en Uruguay cayó fuertemente y el impuesto inflacionario llegó a 1,1% del Producto. Luego se mantuvo por debajo de 0,2% hasta 2007, y entre 0,2% y 0,3% hasta el 2012; en 2013 fue 0,3% del PBI aproximadamente.

    Si se compara con otros tributos, el monto de lo percibido por el Estado en 2013 asociado al fenómeno inflacionario fue una cifra realtivamente modesta: equivale a 3% de lo que recaudó el Impuesto al Valor agregado y representó 11% del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas.

    El total de impuestos sobre la economía de Uruguay —presión fiscal— es algo menos de 30% del PBI, por lo que la inflación aporta al gobierno un poco más de 1% de esos recursos tributarios.