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El plan para hacer más eficientes los pagos y para formalizar la economía que, con el nombre de inclusión financiera, se está poniendo en marcha, viene provocando algunos de los cambios esperados por autoridades. Pero hasta ahora parece ser una reforma de la que el interior del país —donde reside la mayor parte de la población— participa parcialmente.
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En línea con el propósito de la “ley de acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pagos electrónicos” votada en abril de 2014, los uruguayos están cambiando sus hábitos y empiezan a emplear más las tarjetas de débito y crédito como alternativa al dinero en efectivo, así como también los teléfonos celulares para abonar sus consumos. El índice de pagos electrónicos elaborado por el Banco Central (BCU) viene en aumento desde antes de la entrada en vigor de dicha norma, pero la tendencia se aceleró: pasó de un valor de 13 a fin de 2012 a 15 un año después y a 17 en diciembre de 2014.
Para poder concretar estos cambios en el sistema de pagos alentados desde el gobierno, se requiere de una infraestructura apoyada básicamente en los aparatos que permiten registrar electrónicamente las transacciones con tarjetas de crédito y débito, conocidos por la sigla POS (del inglés point of sale). Al amparo de ventajas fiscales, la cantidad de estos equipos instalados en establecimientos comerciales del país viene creciendo y llegó a 37.285 en diciembre pasado, según datos difundidos el viernes 6 por el BCU.
Pero su distribución es desigual por departamentos.
Unos 17.500, cerca de la mitad de los dispositivos (47%), funcionan en locales comerciales o de servicios de Montevideo: hay 14 por cada 1.000 habitantes.
Canelones tiene instalados unos 4.500 POS (12% del total), es decir siete por cada 1.000 habitantes. En Maldonado hay menos, cerca de 3.700 (10%), pero es el departamento con mejor ratio según la población: 22 aparatos cada 1.000.
En Artigas, Durazno, Flores, Florida y Cerro Largo es donde menos POS existen (aproximadamente 370 en cada uno, lo que representa 1% del total), lo que quiere decir que hay entre seis y ocho cada 1.000 habitantes.
“Estas cifras evidencian que aún persiste el escaso desarrollo del sistema de pagos y la existencia de fallas del mismo”, afirmó el BCU en su informe.
“Si bien estas cifras se espera, que continúen incrementándose, aún se observa una gran distinción entre Montevideo y el interior del país. Esto adquiere suma relevancia considerando que, para reducir la desventaja de accesibilidad física debida a la menor densidad poblacional y de medios de transporte, al igual que las mayores distancias hasta los centros poblados, se debería poseer un mayor porcentaje de POS, ATM (cajeros automáticos), etcétera que la proporción de población entre el interior y el área metropolitana”, agregó el organismo encargado de supervisar el sistema de pagos.
Aproximadamente 60% de la población del país vive fuera de Montevideo.
La ley de “inclusión financiera” está entrando en aplicación en etapas. Primero, para estimular el uso de tarjetas de débito u otros instrumentos electrónicos, desde agosto pasado rige una rebaja de algunos puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para esos pagos, siempre que no superen las 4.000 unidades indexadas a la inflación, unos $ 12.060 actualmente. En los hechos, las familias que no encuentran un POS en los comercios se ven impedidas de beneficiarse de esa rebaja tributaria.
Al cierre del año pasado había 2.755.161 tarjetas de crédito.
El informe del BCU, que refiere al segundo semestre de 2014, capta el efecto de la rebaja del IVA puesta en vigencia en agosto: los pagos mediante débito directo desde la cuenta bancaria de la persona aumentaron 220% en cantidad de operaciones (10 millones) y 164% en monto (U$S 471 millones) respecto a julio-diciembre de 2013.
En igual período comparativo, los pagos con tarjeta de crédito —que tienen un descuento de dos puntos de IVA, la mitad que cuando se abona con débito— fueron 7,1% mayores (45 millones) y crecieron casi 1% en monto (U$S 2.409 millones).
En siguientes etapas la ley irá forzando a realizar determinadas transacciones (pago de salarios y honorarios profesionales, compras de inmuebles o vehículos) mediante instrumentos electrónicos.
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