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Al momento de su retiro, los trabajadores que durante su vida laboral acumularon ahorros en sus cuentas en una AFAP cobrarán una jubilación que no es pagada por esas administradoras sino por una compañía de seguros a través de una póliza previsional. Pero actualmente solo el Banco de Seguros del Estado (BSE) ofrece ese servicio, lo que constituye un “monopolio de hecho” que es visto con preocupación por el Banco Central (BCU).
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Así fue advertido en la “Memoria 2012 y plan de actividades 2013” de la Superintendencia de Servicios Financieros de ese organismo, que tiene entre sus cometidos la vigilancia del mercado bancario, de seguros y de las AFAP.
En ese informe, difundido en los últimos días, destaca que el “monopolio de hecho que de manera incipiente se aprecia en el mercado de rentas previsionales, amerita un estudio en profundidad acerca de los riesgos que ello implica para la estabilidad financiera”. El problema ya había sido aludido en un “documento de trabajo” del BCU fechado en abril de 2012.
Sus autores —dos funcionarios bancocentralistas— estimaron que las transferencias anuales de las AFAP a las empresas aseguradoras por concepto de pólizas previsionales representarán entre 1% y 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en un horizonte de 20 años, y proyectaron que el “requerimiento combinado de activos por parte del fondo de ahorro previsional y de las compañías de seguros (en lo que refiere a seguros previsionales) rondará el 80% del PBI a la fecha de maduración del sistema previsional individual”.
Los riesgos.
Según ese documento, ciertos “aspectos de la regulación”, en particular el referido a los seguros previsionales, “imponen un importante número de condiciones con el objetivo de proteger a los asegurados. Sin embargo, algunas de estas condiciones, regulaciones y restricciones atentan contra el manejo eficiente de riesgos por parte de las empresas de seguros y, por tanto, contra el desarrollo competitivo del mercado”.
Uno de los riesgos está dado por la “subtarificación” de las primas de seguros, es decir que sean insuficientes para el pago de los siniestros y los gastos de explotación y gestión asociados a las mismas, señalan. Los autores explican que bajo la regulación vigente, las tarifas para seguros previsionales deben establecerse en base a tablas de mortalidad determinadas y a una tasa de interés técnico fijada por el BCU (3% en Unidades Reajustables-UR). En los años recientes dicha tasa excedió la rentabilidad promedio de las inversiones efectuadas por las AFAP, lo que “determina una situación financiera insostenible para las empresas de seguros que opten por afirmar esta línea de negocios”, añaden.
En este sentido, proponen estudiar la reducción de la tasa de interés técnico y de admitir inversiones con mayor retorno.
¿UR o UI?
Otro punto complejo advertido en ese documento de trabajo está relacionado con la unidad de cuenta del régimen de AFAP, que por ley es la UR.
Dado que las pasividades ajustan en función del Índice Medio de Salarios —al que está atada la UR— y no existe un monto de activos denominados en UR como para que las compañías de seguros puedan cubrir sus posiciones, las mismas “estarían expuestas a un importante riesgo de descalce. (...) La imposibilidad de manejar adecuadamente este riesgo, y su carácter de riesgo agregado en el mercado, pondrían en peligro la estabilidad del sistema y desalentarían” su desarrollo, afirman los autores.
Como posible solución sugieren que las aseguradoras indexen sus pasivos a la inflación con activos denominados en unidades indexadas (UI). Admiten que ese camino supone una reforma constitucional que “requeriría un enorme compromiso político” que “parece inviable”. Por esa razón, como alternativa señalan la creación de mercados de títulos en UR.
En los comentarios finales reflexionan que con el panorama actual toda la actividad de seguros previsionales estaría en manos del BSE con la “garantía explícita, y gratuita, del Estado”. Esta empresa se encontraría expuesta a riesgos para los cuales no contaría “con mecanismos adecuados de cobertura. Si la sociedad uruguaya no está dispuesta a aceptar estos riesgos, entonces se deberían revisar los aspectos que limitan el desarrollo de la oferta privada: tablas de mortalidad, tasa de interés técnico, indexación, información, coberturas, etc.”.
