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“Entre los 13 y los 18 años los jóvenes son adolescentes. A la hora de actuar son más impulsivos, toman más riesgos y son más influenciables. La adolescencia es la etapa en la que más se puede cambiar. Penar a los adolescentes como adultos pone en riesgo su futuro, es un retroceso en derechos humanos y no mejora la seguridad pública. La solución está en otro lado”.
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Con Uruguay en pleno debate sobre la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, en 2014 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se posicionó públicamente con claridad a través de una campaña contra la propuesta que, además de documentos y datos institucionales, incluía la presencia de figuras como la actriz Natalia Oreiro y el neurobiólogo Luis Barbeito. Las Naciones Unidas, como organización, también se opuso al plebiscito impulsado por el senador colorado Pedro Bordaberry. Además lo hicieron el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, el Partido Independiente y sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado. Respaldos contundentes y manifiestos que se sumaron al del gobierno y el Frente Amplio, dieron impulso a la comisión por el No a la Baja e impidieron en octubre de aquel año la reforma constitucional.
Cuatro años después las fichas se mueven distintas. Ante el plebiscito por seguridad encabezado por Jorge Larrañaga, el oficialismo discrepa en la estrategia a emplear, aunque la mayoría se inclina, por el momento, por no fogonear una campaña contra la reforma del senador nacionalista. Y la oposición, aunque mayoritariamente está en desacuerdo con la propuesta de Larrañaga, prefiere guardar silencio.
Además, las organizaciones como Unicef y las Naciones Unidas no tienen una posición tan clara sobre esta reforma en comparación con la baja de la edad de imputabilidad, que cambiaba normas que estaban en el centro de sus preocupaciones.
El resultado es una contracampaña por el momento débil, que no cuenta aún con los apoyos y la difusión que tuvo el No a la Baja, desde sus comienzos vinculada al Frente Amplio, conformada por más de treinta instituciones civiles y amparada por numerosas figuras públicas.
“El No a la Baja se volvió una causa en sí misma, caló mucho más hondo”, dijo a Búsqueda una de las personas que trabajó fuerte en esa campaña.
Ante el plebiscito por seguridad encabezado por Jorge Larrañaga, el oficialismo discrepa en la estrategia a emplear, aunque la mayoría se inclina, por el momento, por no fogonear una campaña contra la reforma del senador nacionalista.
Fuentes del oficialismo señalaron que, ante el malestar de la población con el contexto nacional de inseguridad, resulta conveniente que “por el momento” cualquier campaña contra el plebiscito “no esté directamente relacionada” al gobierno ni al Frente Amplio.
Aunque en la coalición algunos piensan que ya se debería haber construido una comisión parecida a la del No a la Baja en 2014, predominó la idea de que el movimiento sea inicialmente empujado por agrupaciones estudiantiles y sociales, como el PIT-CNT. De esa forma el oficialismo evita una dicotomía partidaria que podría restarle votos en las elecciones presidenciales y no promociona indirectamente el plebiscito, indicaron las fuentes.
“El momento social es distinto” al del 2014, explicó uno de los informantes. Meses atrás el Ministerio del Interior presentó cifras récord de homicidios, rapiñas y hurtos; las encuestas coinciden en señalar el tema como prioridad de los votantes, y a la gestión del ministro Eduardo Bonomi —ya algo desgastada ante la opinión pública cinco años atrás— le quedan pocos defensores.
Son todos factores que han decidido al oficialismo a mantenerse enfocado en las elecciones internas, agregaron los informantes. Por lo pronto, confían en que el apoyo a la propuesta de Larrañaga tienda a decaer de junio a octubre, como ocurrió con la baja de la edad de imputabilidad en las elecciones pasadas.
Amplia brecha
El plebiscito, que se convocará conjuntamente con la elección nacional el 27 de octubre, propone entre otros cambios constitucionales habilitar el allanamiento nocturno, pena de reclusión perpetua revisable y la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública interior.
Enmarcado en la campaña Vivir Sin Miedo, la reforma “sigue registrando un apoyo importante y claramente mayoritario en el electorado”, según una encuesta presentada por Opción Consultores el miércoles 5, que afirma que el 64% de la población está dispuesta a votar a favor de la reforma, el 27% votaría en contra y el 9% no tiene definido su voto. “Esta amplia brecha a favor de la aprobación del plebiscito está explicada sobre todo por su alta popularidad en el electorado opositor, que alcanza a cerca de ocho de cada diez votantes”, indica el estudio.
La mayor oposición al plebiscito ha venido de manifestaciones de gremios estudiantiles en liceos y universidades, con pancartas contra las medidas de Larrañaga y la polémica de fondo sobre la laicidad. La Articulación Nacional No a la Reforma, un colectivo independiente, también desarrolla trabajos en todo el país. Por su parte, los dirigentes del Frente Amplio se muestran en contra, pero con diferencias.
“Si nosotros seguimos teniendo esa imagen de que la propuesta de la izquierda es un poco frutillita, las posturas extremas de Vivir sin Miedo y compañía van a tener éxito, porque la sociedad está demandando una tesitura más firme”, dijo el precandidato Mario Bergara, informó la diaria el martes 18. A Bergara le respondió en Twitter el sociólogo Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande y exdirector del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. “La mirada de izquierda sobre la seguridad no pasa por el binomio debilidad/represión. No es conveniente para la interna reducir una discusión pendiente a una caricatura digna de la visión más miope de la oposición”.
