La Constitución está hecha de manera que cada individuo no tenga más poder social que la pequeñísima alícuota que entre millones le haya cabido como enunciador de preceptos muy elevados que, al ser legislados y reglamentados y tenido que aplicarse consecuencias ante sujetos incumplidores, la maraña que ya no contralorea como cuerpo jurisdicente el propio Poder Legislativo, sino que en sus bemoles se ha instaurado un cuerpo de fiscalización que transa arreglos flechados para con tirios o para con troyanos, como para con medos, como para con persas, aparenta salirse de madres y padres y solo focalizar a los inundados por la prostitución en un Estado que como el Uruguay las meretrices cuentan con leyes sociales y hasta de ese denominado el más viejo de los oficios se jubilan en el sistema de pasividades del Estado.
Desde hace meses no falta santo ni diablo día en que la prensa, la radiodifusión y la teledifusión se empeñen en exponer a quienes podrían haber caído en una red de prostitución de menores, pero ni una jota se ha difundido de cuántas madres y padres de esas presuntas menores —desde que al parecer se consiguen cédulas de identidad apócrifas con las que menores ejercen meretricio— ni de los nombres de esas madres y padres a los que sí cabe procesarlos; formalmente puede, tiene y debe que exponer a todos por igual. Las menores y los menores y las mayores y los mayores desde la noche de los tiempos desvían sus conductas; pero eso no debiera quedar dinámicamente en manos de fiscales ni superfiscales que transijan con los delincuentes, por lo que si hay procesamientos y eventuales condenas a la par se debe encarar a madres y padres responsables de que sus menores descendientes no se prostituyan, lo que hasta ahora parece haberse de hecho convalidado como asunto al menudeo; sin perjuicio de proceder con mesura ante primarios respecto a los que hubiesen alternado con tales menores y en cuáles circunstancias.
Los procedimientos judiciales y de fiscalías como de personal policial no cuentan con un modelo de licencia para operar arbitrariamente como argumentos de sagas con libertad para elegir en un tema complejo que se focalice a los consecuentes alternantes y se deje en aguas de borraja a los causantes responsables de la vida de sus menores hijos en sociedad.
Las democracias serán validadas por decisiones de operadores que, aun contrariando a los pueblos en sus principios partidarios, y de cartas constitutivas y programa propuesto en tiempos de campaña electoral, unos pocos electos adopten sobre la masa electora de mismos pueblos que se autoflagelan en diferido.
Los ciudadanos en todo y electores no ciudadanos, en lo que limitado tienen, básicamente no se expresan a través de los políticos que aparentan serlo cuando en campañas porque así políticos o politiqueros en período gubernamental de 5 años no muchos congéneres resultan congratulados.
Cada ser humano, por más que cacerolee, por más que lleve una cinta atada a su cuello, por más que se vista de negro, por más que murmure o grite, por más que se disfrace o lleve pancarta o se cubra la cara a lo fogonero..., una vez iniciado cada período gubernamental más nada que poco presionará a sus elegidos, y por mero pasotismo demasiados apuestan al menos malo, lo que no garantiza si no mala cosecha, y a cada quinquenio sufragarán en mayoría por los mismos equipos que les falsearon, que vaciaron las arcas públicas, les votaron impuestos que antes prometiesen no imponer, que devaluasen la moneda nacional respecto a divisas que aseguraron no hacerlo, que…, etcétera.
El mal de la realidad que disfrute o padezca el pueblo todo está en manos de los electores, pero una vez realizado el escrutinio las manos de los Juan y Juan Pueblo Sufridor quedan en manos de legisladores, administradores y jurisdicentes y últimamente fiscales.
En vez de que los legisladores sancionen leyes e interpreten la Constitución para el bien común (como en lo salarial, lo sanitario, lo educativo, lo jubilatorio, lo exterior, etcétera) no pocas veces disfrutan de prebendas como las salariales votadas por sus predecesores que para nada alcanzan a la par al hombre llano que constituyen un falseado pueblo soberano.
En vez de que los administradores promulguen (expresa o tácitamente) leyes como las mencionadas o las reglamenten mediante decretos para el bien común (sino ocupándose flechadamente de priorizar la propiedad o la economía popular para disfrute de pocos, como en el entreguismo de un ferrocarril para una empresa privada o calificar tierras para minería cuando buenas lo sean para producir más y más baratos alimentos o la asignación de tierras públicas a sujetos que las reconducen en subarriendo) y muchísimas vetas más denotan que en vez de la vida de todos y cada uno del colectivo social se falsea al pueblo soberano.
En vez de que los jurisdicentes magistrados (y últimamente fiscales como se aprecia) hagan justicia en tiempo hábil, desde la noche de los tiempos de jurisdicencia oriental del Uruguay no resulta aplicada igualitariamente la estancia en establecimientos carcelarios y penitenciarios reconociéndose a algunos coronados con cárceles separatistas, como ir a Cárcel Central o a cárceles para personas muy importantes, por ser procedentes de carreras como la militar, así como repletándose de ilegítimos procesados sin condena, o peor aún los órganos y agentes de jurisdicencia estén sempiternamente puestos a castigar a consecuentes antes que castigar a causantes que operativos reproducen más y mayores episodios delincuenciales.
Al ser el sistema orgánico jurisdicente el que no se compone por voto popular, sino por nada garantizada bondad de cooptación, veámosle en un rimbombante caso del tiempo: el triste asunto “operativo océano”; en él queda supinamente expuesto que la Justicia no persigue las causas sí punibles, aunque sí se limita a las condenables consecuencias.
Nada se ha dicho por los fiscales maravilla, que acotan a los magistrados por componendas en los hechos extrajurisdiccionales, de cuántas madres y padres que no cumplieron con los derechos inherentes a patria potestad para con sus hijas o hijos menores hayan sido detenidos en idéntico “operativo océano”, ni eventualmente “río”, ni apenas “laguna”.
Tampoco se ha expuesto al odio público por publicársele sus nombres y oficios si es que paralelamente se aclare el “caso océano” en públicamente ignoradas audiencias; se adelanta que las víctimas serían menores, pero se deja fuera de la troya de la consecuencia a esos tenedores de responsabilidad por el instituto de contraloreo de la minoridad; menos se ha sabido con el mismo detalle que a progenitores o adoptantes les requisen ordenadores, laptops, celulares a sabiendas de que malas madres y malos padres, de saberles sí causantes de que el mercado del sexo tenga viabilidad, no los indagan sobre su participación por acción como por omisión en coadyuvar en delitos.
El sistema jurisdicente —y anexos— sin respetar idénticamente a todos los responsables del montaje de convención de comercio carnal de por menores que ejerciesen la prostitución con cédulas falsas o con apariencia física de mayores o a sabiendas de su eventual o sistemática clientela vaya si sí persiguen con tenaz pública fruición las consecuencias a personas alternantes de las mismas menores ilegalmente no tuteladas por los padres, cuando sabidamente son los propios progenitores quienes no pocas veces inician a sus propios hijas o hijos al ejercicio legalmente violatorio o en su defecto les inciten a prostituirse para llevar dinero a sus hogares.
Así, una sociedad a la que no le interese:
1. las causas de la delincuencia y se regodee con páginas rojas
sobre las consecuencias de la delincuencia...;
2. las causas de la legislación, pero se enrede por sus consecuencias; y,
3. las causas de la administración, pero padezca sus consecuencias, será un culposo electorado enfermo por alienación... o un doloso electorado despreocupado por mala fe; pero las sentencias judiciales pueden y deben reclamarse en alzada y hasta ante la Suprema Corte de Justicia —si justicia se otorga erga omnes— en la democrática (con poder en el pueblo) República (cosa de todos) Oriental (de la nación patria) del Uruguay.
Si patria para todos es aforismo popular, también procesamientos y eventuales condenas tanto a padres como a alternantes en todo caso de prostitución por menores. La patria que la Constitución ampara debe ser dicha, dolor y cielo de todos y no arbitrarios feudos ni capellanía de pocos.
Así lo siente, visceralmente, un escribiente lego de mucha ciencia, pero atisbador de mucha certera ética de profesionalismos y real colectiva moralidad por sus costumbres.
Carlos Víctor Barros Pons
