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    El papel de la Justicia

    N° 1982 - 16 al 22 de Agosto de 2018

    Ha sido una semana muy intensa, con cruces de acusaciones, reproches y opiniones muy divergentes sobre las denuncias en torno a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Hay mucho ruido, principalmente alimentado por las redes sociales, que hace importante lo pequeño y apenas audible lo importante. Más allá de eso, lo cierto es que estamos ante un episodio importante y es muy alto el riesgo de que no tenga el tratamiento debido.

    Los medios periodísticos fueron los que marcaron la agenda. Nosotros desde Búsqueda informamos en la última edición el contenido de los audios en los que el expresidente de la AUF Wilmar Valdez y el empresario Walter Alcántara se refieren a una “cometa” en una licitación millonaria e involucran al subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y a Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez. El Ministerio del Interior emitió entonces un comunicado en el que niega haber incidido en la licitación en cuestión, referida a las cámaras de reconocimiento facial colocadas en distintos estadios. Dos días después, el diario El Observador reveló documentos que prueban que esa Secretaría de Estado sí tuvo un rol clave en la adjudicación. A eso se suman los avances en otros medios, tanto escritos como radiales y televisivos.

    Después llegaron las especulaciones de todo tipo. Algunos lo catalogaron como un tema menor, otros entendieron que no hay ninguna prueba que pueda inculpar a los denunciados y legisladores de la oposición evalúan que es el Parlamento el que debería investigar el caso a través de una comisión especial formada con ese objetivo.

    Todo eso está muy bien, pero también es necesario que vaya a fondo la Justicia. Son los fiscales los que deben tomarse el trabajo de alejarse del ruido y llevar adelante una investigación en serio, que tenga como principal objetivo aclarar lo que a vista de casi todos permanece oscuro. Muchos periodistas están haciendo muy bien su trabajo y los parlamentarios, como era predecible, están jugando su pulseada política, pero falta que la Justicia ocupe su rol con firmeza y a pleno.

    Hay arriba de la mesa una denuncia muy grave, aunque dicha en un ámbito privado y sin la más mínima intención de que se difundiera. Involucra a familiares directos del presidente de la República y a la institución más importante del deporte uruguayo. Hay también una mentira flagrante que no se justifica. El Ministerio del Interior mintió a sabiendas y eso debería motivar una investigación como para intentar disipar las dudas.

    El subsecretario Jorge Vázquez adoptó una serie de acciones que demuestran que quiere que se aclare este complicado asunto que lo involucra. Es importante que se muestre abierto a todas las pesquisas necesarias pero después hay que concretarlas, y eso depende de la Justicia.

    La fiscal del caso, Silvia Pérez, dijo el domingo 12 al diario El País que una investigación por corrupción puede llevar mucho tiempo y que antes se va a concentrar en detectar si hubo o no una extorsión para que Valdez renunciara a la reelección como presidente de la AUF. Le asiste toda la razón a la abogada: dilucidar el tema central debería ser de largo aliento.

    Pero lo importante es que se haga. Una vez agotado el primer dilema referido a un asunto mucho más puntual como una elección de autoridades en la AUF, la Justicia debería avanzar en las denuncias de corrupción, por más que hoy parezca muy lejano cualquier tipo de prueba. Es obvio que no es fácil investigar asuntos de tal magnitud y nunca aparecen a simple vista las piezas fundamentales de tamaño puzle.

    De todas formas, hay dos caminos que se pueden adoptar al respecto. El primero, el más fácil, es quedarse en la superficie, dejar pasar el tiempo, que se disipe el ruido y ni siquiera iniciar la investigación más importante. Ese parece ser el adoptado por la “Junta Anticorrupción” y también por la Justicia en algunos de los casos anteriores.

    El otro es mucho más intrincado y con un final incierto. Es el que eligieron jueces de Brasil cuando la prensa comenzó a denunciar supuestos casos de corrupción durante el gobierno ejercido por el Partido de los Trabajadores en ese país. Al principio tampoco había sustento probatorio de nada pero sí mentiras y contradicciones. Algunos magistrados, y en especial Sergio Moro, se abrazaron a esos pocos indicios y empezaron a realizar una indagatoria en serio. Los resultados están a la vista de todos.

    Lejos de nosotros está la intención de comparar la situación de Brasil con la uruguaya. Es posible que luego de una ardua investigación judicial se compruebe que no hubo ninguna ilicitud en el otorgamiento de la colocación de las cámaras de reconocimiento facial a la empresa que fue vinculada con los familiares del presidente. Lo que reclamamos como imprescindible es que la indagatoria se haga.

    De así ocurrir, nos comprometemos a volver a destinar la página editorial al tema pero para poner como ejemplo a nuestra Justicia y no seguir recurriendo a la brasilera.

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