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Los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), propiedad en un 80% de la empresa belga Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP), realizaron, la pasada semana, un paro de 72 horas que más temprano que tarde provocará enormes perjuicios para el país.
Como se ha reiterado, desde todos los ámbitos privados y oficiales, no está en discusión el derecho a manifestarse por parte de los trabajadores, incluyendo obviamente, el llegar a la medida extrema de parar o bloquear actividades. Lo que sí está en tela de juicio es, cuando esa decisión, en primer lugar, no se toma en forma democrática (voto secreto de los afiliados) y se resuelve entre cuatro paredes, por la dirigencia sindical. En segundo lugar, a nuestro juicio, el avasallamiento constitucional del derecho al trabajo y su protección, porque es público que muchos trabajadores prefieren ganar el jornal sin perjuicio de negociar mejoras salariales o condiciones laborales.
Es de meridiana claridad, que está medida, reiteramos extrema, sin haber agotado todas las instancias de negociación, aferrada a pretensiones desde todo punto de vista inaplicables, como lo es que, haya actividad o no, asegurar en lugar de los 13 jornales mensuales, 20. La empresa ha ofrecido otras mejoras salariales que no han sido aceptadas, resolviendo el sindicato, aún en plena negociación, esa medida.
El Puerto de Montevideo fue, durante muchos años, considerado por las empresas navieras internacionales “puerto sucio”. Esta calificación se aplica cuando se estima que un puerto tiene el riesgo de conflictos, paros sorpresivos, poca seguridad, falta de infraestructura o maquinaria adecuada (grúas-espacio) que permita una eficiente carga descarga, almacenamiento de contenedores, incluida la carga perecedera, peligrosa etc.
La llegada de inversiones extranjeras, nadie puede negarlo, trajo consigo la modernización del puerto, agregando, además, ser francamente competitivo, incluido por su calado, con puertos de la región.
El paro se realizó en una semana de enorme movimiento previsto para el puerto, en razón de la sequía que afectó al río Paraná.
Como el paro —sorpresivo— se extendía por tres días, algunos cargueros esperaron días para ingresar a puerto, otros directamente se fueron, en algún caso dejando la carga con destino Montevideo en el puerto de Buenos Aires, otros, sencillamente, dieron vuelta.
Además de afectar enormemente el comercio exterior (importaciones-exportaciones), no pudo ingresar a puerto un barco cargado con contenedores vacíos, imprescindibles para la operativa en un momento que en razón de la pandemia se detuvo la fabricación de los mismos, por eso su valor ha pasado del entorno de US$ 2.000 a US$ 20.000 y aun así con dificultades para obtenerlos.
Las consecuencias de esta medida serán al aumento de fletes y seguros, de toda mercadería a ser importada o exportada desde Uruguay. También, al análisis más estricto de toda inversión en Uruguay, ya que este tipo de recurrentes situaciones aumenta la percepción de riesgo que cualquier inversión a estudio conlleva.
Estas consideraciones sin duda están en conocimiento de quienes resolvieron el paro, pero lo que es peor es que tenemos la certeza que ellas obedecen a una estrategia deliberada, con la mira hecha en debilitar el gobierno. Como prueba de ello, se llevan tres paros generales, permanentes llamados a sala a ministros, dos interpelaciones en una semana (lo más extensas posibles), el paro en el puerto, la situación en la planta de UPM, la sintomática acción contraria de los maestros y profesores a cualquier disposición que tomen las autoridades correspondientes, la distracción por meses de movimientos contra la LUC, y lo que vendrá, etc.
Esa estrategia, que desarrollan ciegamente el FA y el PIT-CNT, obedece a tácticas recomendadas por el Foro de San Pablo, no importa que ellos signifiquen “un tiro en el pie” o como acertadamente lo manifiesta el Dr. Ignacio De Posadas en carta a los lectores (Búsqueda 07.10.2021): “… lo que está buscando el PIT-TNT es dinamitar el funcionamiento de nuestra democracia…”. Es que el FA y su brazo sindical el PIT-CNT piensan o creen que con este tipo de acciones recuperarán el poder, despreciando, de hecho, la inteligencia de la ciudadanía. Así les irá.
