El precio de la tortura carcelaria

Las incógnitas parten del caso de Jhonatan Farías, encarcelado injustamente durante un tiempo emblemático. El 21 de mayo de 2009, el juez penal de 10º turno y el fiscal de tercer turno lo hundieron en el infierno imputándole dos rapiñas que no cometió. Se agravó en 2012 al ser condenado a siete años de penitenciaría y a la suspensión de sus derechos políticos. Fue absuelto el 30 de setiembre de 2013 por el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno al comprobarse su inocencia por las deficiencias de un expediente “caótico”, con “escasa indagatoria” y que no consideró el testimonio de varios testigos (Búsqueda Nº 1.743).

Entre 2008 y 2013 se presentaron 110 demandas; en 2008 y 2009, 18; en 2010 treparon a 26; bajaron en 2011 a 18; en 2012 hubo 19; y en 2013 llegaron a 11.

La ley 15.859 es armónica con la Carta y con el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. Pero, ¿cómo y cuál debe ser la esencia de esa reparación?

El sentido común indica que una prisión injusta no supone para todos el mismo perjuicio moral, desprestigio social y/o quiebre de las relaciones sociales y familiares. Hay sí factores comunes: angustia, ansiedad, inseguridad, pérdida de aportes y tiempo jubilatorio, temor e impotencia ante la injusticia.

En 1600, el escritor Mateo Aleman decía en su discurso moral “Guzmán de Alfarache”, que “todos los males siguen al preso y todos los bienes le huyen”. Cierto solo parcialmente porque hay presos que generan sus males. Pero cuando de injusticias se trata hay que ponderar cada situación sin medir cuánto debe pagar el Estado por rentas generales. Se debe priorizar el padecimiento, la honorabilidad dañada y las secuelas graves, como la dificultad de obtener empleo. ¿Cómo se convence a un empleador que fue preso por el error de un juez y un fiscal? ¿A quién le cree el empleador? ¿A Farías o a otros en igual situación, o a lo que decidió un juez? ¿Habrá que agregar la sentencia absolutoria al currículum? Hay errores inadvertidos y errores inexcusables. Sobre los inexcusables se eleva el corporativismo: barrer bajo la alfombra.

La mayoría de las indemnizaciones cuantifican con igual monto cada día en prisión. Abogados, psicólogos, sociólogos o psiquiatras podrán coincidir o discrepar, pero la variación del tiempo en prisión no causa el mismo padecimiento. Cuanto más tiempo entre rejas, mayor dolor. Tampoco son iguales los riesgos personales o sanitarios de un día, una semana o un mes, que los de uno, dos, tres o cuatro años. Parecen sensatas indemnizaciones mayores a medida que aumenta el tiempo de reclusión; el daño se acumula.

Cada nueva jornada, cada error, cada nueva sentencia revocando una prisión, marcan a fuego tanto la morosidad de algunos magistrados como la necesidad o irresponsabilidad de reformar el Código del Proceso Penal con mecanismos adecuados para que —sin mengua de la seguridad— el procesamiento con prisión sea la excepción y no la regla.

Ahora surge un nuevo problema: torturas en el INAU, como lo han señalado Ielsur y Serpaj. En algún momento comenzarán las demandas de padres de los menores afectados por el Estado y habrá que pagar.

En un país en permanente debate electoral, para el oficialismo y la oposición todo eso parece de otro mundo. Las discusiones sobre leyes y procesamientos con prisión o sin ella solo le interesan al sistema político cuando afectan a sus integrantes. Entonces sí, ¡horror de horrores!, las movilizaciones son amplias y saltan esos temas. Solo por un rato, no crea que por mucho tiempo. Después el silencio.