El precio del boleto

Las razones que esgrimen para la calificación es que el período tomado en mi intervención (2006-2016) omite la consideración del incremento de precio de marzo de este año, y que al hacerlo, si bien la tarifa en términos reales se reduce en los últimos 10 años, lo hace en un porcentaje menor al mencionado. He enviado a la citada organización los argumentos por los cuales sigo sosteniendo la frase aludida y a la fecha no los han refutado, sino que se han escudado tras una respuesta burocrática: “Consideramos que no podemos omitir del análisis el aumento que se realizó el pasado mes de marzo”, y esa es toda la argumentación para calificar la frase del modo mencionado.

b) En la parte final de mi intervención se realiza el análisis del período 2015-2017, también con el apoyo de una presentación que indica que en ese período el precio del boleto aumentó por encima del IPC, encareciéndose en términos reales y explicando las razones.

Considero que el error primario de UYCheck radica en basarse en la crónica del diario, la cual recoge una frase aislada, pero no los elementos que componen la integralidad de mi intervención en la Junta. Esto, que es válido para una crónica periodística, no lo es cuando se pretende analizar en profundidad una intervención, o menos aun cuando el propósito es juzgar la veracidad o falsedad de un pasaje de la misma. No puede catalogarse de engañosa una intervención que explicita el período de tiempo para la cual es válida y en ningún momento induce a engaño sugiriendo un período que no es. Es la propia organización la cual reinterpreta discrecionalmente el alcance de mis afirmaciones, incluyendo un período que nunca consideré.

Cuando le escribí a la organización sobre estos aspectos para que a la luz de elementos no considerados inicialmente pudiera tener la posibilidad de rever su punto de vista, la respuesta que obtuve fue decepcionante: “Intentamos buscar el audio de la comparecencia en la Junta de Montevideo pero no encontramos”. Digo decepcionante, porque las actas de las sesiones de la Junta Departamental son públicas y de fácil acceso ingresando en la página web de la misma (de hecho, a raíz de esta respuesta, envié las actas de la sesión para su conocimiento). Digo decepcionante, porque esto es demostrativo de la falta de rigurosidad de los procedimientos seguidos por la organización, la cual va disparando juicios tautológicos por aquí y por allí que no pueden ser sostenidos luego fundamentadamente. Digo decepcionante, pues cuando alguien se autoproclama juez del discurso público, pone el listón muy alto como para darse el lujo de no tener en cuenta los elementos más básicos y de fácil acceso.

Si bien la existencia de una organización dedicada a la investigación de la veracidad del discurso público resulta saludable para la mejora de la calidad del debate y la información a la ciudadanía, para que estos objetivos puedan ser efectivizados en la realidad, se hace necesario que la misma cuente con protocolos de trabajo sólidos, respetuosos y que aseguren la calidad de los análisis realizados así como las garantías para los aludidos. Si esto no ocurre, el ejercicio se transforma en un reality sensacionalista propio —siguiendo a Vargas Llosa— de la Civilización del Espectáculo, en el cual los jurados del caso van juzgando a los participantes con frases efectistas, pero vacías. Demasiado cerca del show, demasiado lejos de la pretendida búsqueda de la verdad.

Ec. Gonzalo Márquez

Director (I) del Servicio de Transporte

División Transporte, Departamento

de Movilidad, Intendencia de Montevideo