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    El precio del trabajo

    N° 1842 - 19 al 25 de Noviembre de 2015

    , regenerado3

    Después de mucho tiempo de ostracismo, a pesar de su relevancia, el tema de la competitividad vuelve a estar en el tapete. No solo lo plantean los exportadores, sino que ya empieza a mezclarse en el discurso de todo el mundo: gobernantes, oposición, cámaras patronales, etc.

    Una característica, si no la fundamental, del período que transitamos, es la apreciación del dólar. Es decir que todas las mercaderías del mundo están registrando una baja de sus precios nominados en dólares. Pero solamente en dólares; medidos en otras monedas, no deberían registrar cambios.

    Ello quiere decir que la ecuación económica de los negocios no debería registrar cambios, porque si bien el precio del producto se reduce, también el de los insumos, servicios, y materias primas, deberían verificar la misma tendencia. Solo se perjudican las actividades que tienen endeudamiento en dólares (porque eso no se reduce) y las que utilizan mano de obra norteamericana, porque tampoco se reduce.

    ¿Cuál es el problema que ha puesto en el tapete la competitividad en Uruguay? Es muy simple: la negativa del gobierno a reconocer que los precios del mundo han bajado y los internos deben bajar (y aun más si queremos recuperar diez años de pérdida de competitividad), siempre medidos en moneda norteamericana.

    Para ello, hay que abrir el país, dejar entrar la deflación, seguir los pasos del mundo y la región. Pero no. Se opta por el camino tan equivocado como opuesto. El caso más elocuente es el regional.

    Uruguay es parte de un acuerdo de libre comercio, que llegó hasta la forma de unión aduanera, una forma bastante avanzada de integración, que como todo este tipo de acuerdos tiene por objetivo que no existan diferencias de precios entre los mercados de los países integrantes. Por eso algunos usan el nombre de “mercado común”, es decir, que no hay diferencias; todos los precios deben ser iguales.

    Este acuerdo se llama Mercosur, y fue aprobado por todos los partidos, y ratificado por el partido gobernante actual, cuando el tratado era objeto de cuestionamientos por su mal funcionamiento con la curiosa frase: “Más y mejor Mercosur”.

    Cualquiera podría suponer que esa curiosa definición implicaría avanzar hacia el objetivo del mercado común: borrar las diferencias de precios. De cumplirse ese objetivo, el problema del contrabando desaparecería entre los países integrantes de la unión aduanera. ¿Por qué? Porque si se registraran diferencias de precios, las empresas comerciales rápidamente generarían el comercio que igualaría los precios. Las empresas del país que tiene precios mayores importarían legalmente con arancel cero los productos del país que tiene menores precios y ambos mercados se igualarían, de acuerdo con las leyes vigentes. El gobierno no tendría que hacer absolutamente nada más que no entorpecer el comercio.

    Esto implicaría —por ejemplo— que Uruguay asumiría por la fuerza de los hechos, la realidad que el mundo y la región están planteando: los precios en el mundo son menores en dólares que en Uruguay. El mundo nos dice que nuestro trabajo vale menos en dólares que antes. Y negarse a aceptarlo es ir camino al más rotundo y conocido fracaso.

    El Estado uruguayo, y sus instituciones especializadas, deberían estarse preocupando, al extremo, de por qué no se verifica esa igualdad de precios. Qué impide que el esperado comercio legal ante un diferencial de precios actúe como está previsto para corregir el problema. Cuáles son las trabas que impiden el cumplimiento de ese objetivo. Por qué el mercado no es transparente ni competitivo.

    El organismo de Defensa de la Competencia, el Ministerio de Economía, la Aduana, deberían estarse preocupando de resolver y eliminar las trabas que impiden el comercio legal. La leche larga vida en Brasil, en Santa Ana do Livramento, en un supermercado a 25 metros de la frontera (es decir con todos los costos de fletes ya incorporados) vale $ 24 por litro; en un supermercado uruguayo, en Montevideo, vale $ 42 por litro; 75% más caro. Los artículos de higiene y limpieza muestran diferencias similares y mayores aun. Y así con casi todas las cosas. Ni hablemos del azúcar. ¿Qué está impidiendo que los empresarios uruguayos y brasileños operen de acuerdo con esa oportunidad del mercado? Esa pregunta es la que debe buscar responder el gobierno uruguayo. Debe desplegar todas sus capacidades en identificar esas trabas y eliminarlas, si quiere ser fiel a su curioso “Más y mejor Mercosur”.

    El gobierno tiene una respuesta represiva. ¿Qué se puede esperar que haga la población del país y en especial la de la frontera ante esta diferencia de precios? ¿Que compre el más caro, para beneficiar a otro? Estamos viendo la ridiculez y el oprobio, ¡que se detenga un vehículo para sacarle una muestra del combustible! O que se detenga a gente notoriamente con problemas de ingreso, ¡a ver qué trae en su maleta o en su bolso!

    Se me dirá que esta situación no es soportable para las empresas uruguayas, y tienen absoluta razón. Si Uruguay pretende vivir en el mundo sin reconocer lo que el mundo está dispuesto a pagar por nuestro trabajo, no tenemos otro futuro que el colapso. Si el mismo trabajo se paga menos en el país vecino, las cosas se producirán en el país vecino, y Uruguay seguirá aislándose, pretendiendo vivir en un mundo de ilusión, hasta que —como tantas otras veces y otros países— la realidad lo golpee y lo hunda en una crisis.

    ¿Cómo se internaliza esta caída en los precios? Dejando que el tipo de cambio también sea consecuencia de ese proceso, es decir que tome el precio que el mercado le asigna; ello llevará a un descenso de todos los precios en dólares de la economía, siempre que el gobierno no se ponga a hacer pavadas en la frontera.

    (*) El autor es ingeniero agrónomo y consultor privado