El presidente de la Institución de Derechos Humanos considera que en el Sirpa aún hay funcionarios que creen en el “castigo aleccionador”

Ubicada primero en una pequeña habitación del Palacio Legislativo y ahora en un amplio espacio en el piso 10 de una de las torres de oficinas que dan a la Plaza Independencia, la Institución tiene a estudio 470 denuncias. Los planteos pasan, por ejemplo, por los problemas de personas con discapacidad o de los migrantes, las situaciones en las cárceles o la discriminación que puede sufrir alguien cuando entra a una discoteca.

—¿Qué evaluación hace del trabajo de la institución en estos dos años?

—Hemos avanzado una enormidad: en consolidación institucional, planificación de las tareas y en hacernos conocer. Lo que no quiere decir que todo el mundo sepa que existimos. Lo que hay, a mi juicio, es una ignorancia muy grande sobre nuestra función, que la vemos hasta en los autores de la ley.

Acá hay tres instituciones en una: Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y un mecanismo nacional de prevención. Las tres funciones son distintas entre sí. En la parte institucional tenemos una potestad, una facultad de recomendar políticas públicas cuando vemos que un tema es un problema que se ha instalado. Por ejemplo, lo hemos hecho con el tema de los trabajadores migrantes, la trata de personas o el voto de los uruguayos residentes en el exterior. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que tiene una tarea reactiva: viene alguien, denuncia y nosotros reaccionamos. ¿Cómo? A través de recomendaciones, que tratamos de que sea el último eslabón; es una tarea reactiva de solucionar un problema que se denunció. Muchas veces la parte de formulación de políticas públicas se alimenta de la base de datos que vamos obteniendo de la cantidad de denuncias. Por ejemplo, hemos tenido un porcentaje que no calculábamos que íbamos a tener en materia de denuncia de discapacitados. Uno piensa en derechos de discapacitados y piensa en acceso universal, igualdad de oportunidad del trabajo, pero después hay miles de cosas en materia educativa. Una gran mayoría de las denuncias son padres que plantean que no los pueden dejar en una guardería, que no los aceptan, chicos autistas que dicen que molestan, entonces mejor no lo traiga acá.

—¿Y qué hace la Institución?

—Por ejemplo, en un caso lo que hicimos fue citar a las autoridades competentes y de la guardería y finalmente se logró que se le aceptara.

Acá es la última puerta que golpea el ciudadano cuando no le queda otra. Entonces, el “no podemos” hemos tratado de borrarlo de la cabeza. Se le da un seguimiento a un planteo hasta que queda en las manos apropiadas.

Cuando no teníamos el mínimo de infraestructura, un día me tocó recibir una denuncia de un muchacho con unas zapatillas que las consideran de “plancha”, y venía a protestar porque quería entrar en un baile y le pegaron un empujón, quiso volver a entrar y le dieron otro empujón. En ese momento, con las cosas dramáticas que veía, no parecía un tema grave, pero una funcionaria me dijo: “estás equivocado, este episodio es importantísimo para esta persona que en el mundo que vive, el tema se resuelve a navajazos”. Era muy importante que le diéramos respuesta. Y terminamos hablando con los dueños de la bailanta.

—¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?

—Se ha tomado conciencia en una cantidad de derechos que era inimaginable que se aceptaran unos años atrás. Hay una conciencia pública sobre el tema de la discriminación, la aceptación de las distintas orientaciones sexuales, que se siente en todos los estratos de la sociedad; en eso hemos avanzado mucho. Ahora tenemos una institucionalidad casi que modelo y el tema es aplicarla y que dé resultados. Al mismo tiempo eso convive con, por ejemplo, el problema de la criminalidad, que es un síntoma, y a veces, esto lo digo a título personal, lo siento hasta en el tráfico: una virulencia de violencia interpersonal. Ahora tenemos instrumentos para trabajar. La educación es un tema básico. Es muy difícil pensar en un país con plena vigencia de los derechos humanos sin un sistema educativo que llegue a todos y que tenga un efecto de normas de convivencia mejores que las que tenemos.

—¿Cuál ha sido la respuesta del Estado al trabajo de la institución? Usted decía la semana pasada en VTV que al Estado no le gusta que lo controlen.

—Ha sido un proceso que en algunos casos ha sido elocuente. En la primera recomendación que le hicimos al Ministerio del Interior, recuerdo que la señal fue: “bueno, no son vinculantes, son recomendaciones”. Pero en menos de un año, ante una recomendación más seria, el ministro pidió disculpas públicamente por una actuación y agradeció a la institución haber hecho la recomendación. Este es un proceso en el que además hay que seguir evolucionando, de acostumbramiento del controlado y del controlador. Tanto en la tarea reactiva como preventiva nosotros antes de aprobar un informe lo conversamos con las autoridades competentes, escuchamos su versión, vemos sugerencias. Hoy vemos un nivel de aceptación del sector púbico de nuestras recomendaciones totalmente distinto que al principio.

—¿Cómo evalúa lo que sucedió con los informes sobre el Sirpa?

—La experiencia con el Sirpa es muy interesante. El trabajo se venía haciendo hace bastante tiempo. En cada visita hacíamos un informe. Se generaron algunas tensiones. Creo que en la medida que todo esto generó un diálogo con los involucrados más franco, porque como que les quemó las manos, fue muy positivo. Cuando íbamos a los hogares por segunda o tercera o cuarta vez, y constatábamos mejoras, se ponían en los informes, pero lo que generaba noticia era lo otro. Y hubo un momento en que la tensión llegó a su grado máximo y a nosotros nos preocupaba porque nuestro rol no es competir o ganar una cuereada con un organismo público sino mejorar la situación de los derechos humanos. Entonces, para nosotros la mejor noticia era que después de una visita algunas de las recomendaciones habían sido tenidas en cuenta y habían mejorado las cosas. Hoy hay con el Sirpa y con el INAU un nivel de diálogo totalmente distinto. Los participantes vuelven de las reuniones con otro clima. Fue un momento tenso que vivimos con preocupación, pero nos parece que nos sirvió para aclarar cosas.

—La semana pasada se reunieron con el PIT-CNT por este tema. Allí ustedes plantearon que les dieran información sobre las salidas laborales de los adolescentes, porque no era la que decían desde el sindicato.

—Ahí hay un tema de que estábamos hablando de cosas distintas. La cifra que daba el sindicato sobre la cantidad de adolescentes que trabajan era diferente a la nuestra (160 a 16). En realidad se trataba de todos los que habían pasado por el programa a lo largo del tiempo. Vemos un esfuerzo por mejorar la parte educativa, un esfuerzo por mejorar la parte recreativa, el trato personal, pero seguimos pensando que hay funcionarios que no están en condiciones, que creen que la solución es la paliza, el castigo aleccionador.

—¿Los dos temas en los que la institución insiste son los golpes y el hacinamiento?

—Respecto al hacinamiento hemos visto pasos concretos que son muy alentadores. En las primeras visitas encontramos situaciones que eran realmente infrahumanas en materia de higiene, salud. Tenían buena comida pero comían con la mano, porque no les daban cubiertos. El tema es que el Estado debe velar por determinados derechos que son inalienables.

—¿No esperaban otra reacción del oficialismo, que salió a respaldar al Sirpa?

—A nosotros institucional y formalmente nunca nos llegó una queja del sistema político y en las idas que hicimos al Parlamento eso no sale a luz. Sí sabemos que hay legisladores que no estaban contentos con el hecho de que, siendo un organismo de gobierno, nosotros hiciéramos críticas tan severas. Pero esto es una impresión muy personal, creo que también fue más un tema de sensación térmica.