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Cada vez que aparece un índice sobre percepción de corrupción, Uruguay queda en los primeros lugares del ranking de América Latina. La comparación con la región lo favorece. Y sin embargo, casi seis de cada diez uruguayos tienen la percepción de que en el último año aumentó la corrupción en el país, mientras que las denuncias son más frecuentes en el debate político.
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Con ese marco, senadores de todos los partidos comenzaron a trabajar esta semana con varios proyectos, algunos de los cuales estaban encajonados desde hacía años, que buscan mejorar el combate a la corrupción. El martes empezó la discusión de tres proyectos: uno del Frente Amplio sobre las “buenas prácticas de actuación en la función pública”, otro de Pedro Bordaberry que penaliza el enriquecimiento patrimonial ilícito de los funcionarios, y un tercer proyecto, de Pablo Mieres (Partido Independiente), que crea un fondo para que la Fiscalía tenga los recursos necesarios para realizar los estudios técnicos. También hay otro proyecto de Bordaberry en la agenda que establece como imprescriptibles los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
El proyecto del Frente Amplio, elaborado por el senador Charles Carrera, toma como base un decreto del año 2003 aprobado por el presidente Jorge Batlle para los funcionarios de la Administración Central. La iniciativa da rango de ley a esa norma y amplía su alcance a todos los funcionarios públicos.
Senadores de todos los partidos comenzaron a trabajar con varios proyectos anticorrupción, algunos de los cuales estaban encajonados desde hacía años, que buscan mejorar el combate a la corrupción.
A lo largo de los 52 artículos plantea una serie de prohibiciones para los funcionarios públicos, a los que define como personas que tienen vinculación con el Estado de manera permanente o temporaria.
Entre las prohibiciones figura intervenir en el ejercicio de sus funciones en la “atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de intereses” o trabajar en la misma oficina o repartición con un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria.
El proyecto define la corrupción como el “uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal”.
Plantea que los funcionarios que cumplen tareas en reparticiones encargadas de adquisición de bienes y servicios “deberán rotar periódicamente”.
También prohíbe recibir regalos y otros beneficios, así como el uso indebido de fondos. En este último aspecto prevé que los funcionarios deberán rendir cuenta cuando utilicen tarjetas de créditos corporativas. Además, prohíbe el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo fuera de lo “estrictamente necesario para el cumplimiento de las tareas”.
Este tipo de normas necesitan una mayoría especial de dos tercios, según la Constitución, por lo que es necesario el acuerdo de los partidos para que sea aprobado.
El proyecto comenzó a ser analizado el martes 20. El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo que la mayoría de las disposiciones planteadas en la iniciativa están vigentes vía decreto, por lo que creía que no se necesitaba la ley para exigir su cumplimiento. “Creemos que la recopilación tiene errores, duplicaciones, y cosas que no están y que sería bueno que se mantuvieran”, dijo Gil Iribarne, que, con su exposición, sorprendió a varios legisladores, según supo Búsqueda. El jerarca dijo que la Jutep ha señalado que en algunos casos se violó el decreto 30/2003 “sin que hubiera consecuencias”. Y añadió: “Lo que queremos decir es que estas normas no se están cumpliendo, a nuestro entender”.
El exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Batlle y experto en Derecho Tributario, Leonardo Costa, mostró una visón más positiva. Dijo que de esta manera se está cumpliendo con las obligaciones que el país contrajo al firmar la Convención Interamericana de Caracas y la Convención de Naciones Unidas celebrada en Mérida.
Destacó como una “ventaja” que el decreto sea ampliado a más funcionarios. De todas formas, dijo que pese al decreto, “lamentablemente, en todos los organismos del Estado” se han registrado situaciones en las que “no se ha actuado conforme a lo que sería de esperar”.
Dijo que es positivo que en el proyecto se considere como parte integrante del concepto corrupción la “oferta que realice” una persona física o jurídica a un funcionario. “Es una buena forma de enviar un mensaje al sector privado”, aseguró.
El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne respaldó la creación del delito de enriquecimiento ilícito para fortalecer el combate a la corrupción.
Además, sugirió a los legisladores que incluyan la idea de que hay determinados funcionarios que deben pasar por un “período de enfriamiento”, esto es, que no pasen a trabajar en una empresa o sector que antes controlaban. “Aclaro que no me estoy refiriendo a los legisladores y ministros, porque tienen un plazo de un año para recibir un subsidio, sino a individuos que tienen mucho poder en alguna empresa pública o en los propios ministerios y que al día siguiente de salir de la función pública están trabajando en una empresa que hasta ese momento pudo haber sido controlada por ellos”.
Costa dijo que antes estaba en contra de crear ese delito, pero que entiende que al incorporarlo en su normativa Uruguay cumple con las convenciones internacionales. El proyecto sobre enriquecimiento ilícito es la “contracara” del código de ética de los funcionarios, “porque si yo actúo correctamente, lo más seguro es que no pueda enriquecerme”, explicó.
Gil Iribarne respaldó la creación del delito de enriquecimiento ilícito para fortalecer el combate a la corrupción. El jerarca definió esa conducta como “un incremento patrimonial fuerte, grande, así como también la inexistencia de fuentes de ingreso legítimas que lo justifiquen”.
