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    Partido Nacional denuncia “contralor político” por encima de lo jurídico en la junta anticorrupción

    El director por la oposición, Luis Calabria, cuestionó que el oficialismo “desplaza” a la Asesoría Letrada de la Junta de Transparencia y Ética Pública y esto representa “opacidad y oscurantismo” en el organismo

    Cuando Luis Calabria, el director por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), terminó de exponer sobre los cambios de criterios y de procedimientos jurídicos en el organismo, en el Directorio del Partido Nacional (PN) se levantaron voces de indignación y preocupación.

    La reunión fue el lunes 4. Calabria presentó un extenso informe documentado en el que se denuncia un “patrón acumulativo de erosión de la juridicidad procedimental y de criterios” que, a su juicio, revelan “una deliberada voluntad de sobrepujar lo técnico y suplirlo por criterios manejables desde la mayoría, haciendo primar los votos en el directorio y no necesariamente el derecho, la norma”. Y se argumenta que esos cambios “no incrementan la transparencia institucional”, sino que representan “opacidad y oscurantismo impropios de un organismo cuya función específica es exigir integridad, transparencia y juridicidad al resto de la administración”.

    En su informe, Calabria advirtió que, en un “contexto de creciente demanda ciudadana por transparencia, cualquier señal de opacidad procedimental en el órgano de ética pública genera un daño que trasciende al organismo” y que puede ser “irreversible”.

    Jutep
    Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.

    Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.

    Protocolo para denuncias

    El documento presentado al directorio blanco detalla los cambios en la Jutep. Se cuestiona la modificación del protocolo para el tratamiento de denuncias, que desplaza a la Asesoría Letrada. “Un procedimiento aprobado por el directorio en sesión ordinaria del 11 de abril de 2024 establecía que las denuncias recibidas debían derivarse a la Asesoría Letrada para su análisis técnico-jurídico. Desde julio de 2025, dicho circuito fue modificado de facto para que las denuncias pasaran a Secretaría, sin que mediara nueva resolución del directorio que lo fundamente ni establezca sus alcances”.

    Calabria denunció que también se verificaron “tratamientos excepcionales por instrucciones verbales fuera del circuito aprobado”. Puso un ejemplo concreto: una denuncia contra el entonces rector y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. Su expediente fue derivado a la Secretaría Técnica “de mandato verbal de la presidenta”, con prescindencia del circuito aprobado por el directorio. “He documentado en actas este episodio como una excepción especialmente grave, en tanto quiebra el patrón procedimental previo al cambio general y afecta la trazabilidad administrativa del expediente”, se quejó el director de la oposición.

    También informó que, en ese mismo caso de Arim, se registraron “actuaciones paralelas e intercambios no incorporados al expediente”. “Luego de que el directorio resolviera dar vista al involucrado, se continuaron realizando análisis, existiendo intercambios por correo electrónico, con un informe remitido por el vicepresidente (Alfredo Asti) que no fue incorporado oportunamente al expediente”.

    Alfredo-Asti
    Alfredo Asti.

    Alfredo Asti.

    Pedidos de informes de los legisladores

    Otra de las denuncias contenidas en el informe de Calabria fue que “integrantes del directorio intervinieron directamente en análisis técnicos”. El director apunta nuevamente al vicepresidente Asti en la mencionada denuncia contra Arim y otra en contra del senador colorado Andrés Ojeda por “la elaboración y remisión de informes o análisis con anterioridad a la intervención técnica formal de los servicios del organismo”.

    En su exposición, Calabria insistió en el “debilitamiento de los roles de la Asesoría Letrada”. Dijo que hay una “reestructura que le quita relevancia institucional” y que, por ejemplo, los pedidos de informes de los legisladores que antes se tramitaban a través de la jurídica, ahora van a ser respondidos directamente por el directorio, donde hay mayoría oficialista.

    Según pudo reconstruir Búsqueda, Calabria advirtió que un pedido de informes realizado por el diputado nacionalista Pablo Abdala iba a ser respondido sin agregar la posición en discordia del director opositor. Esto motivó un intercambio entre los directores oficialistas y Calabria, que logró que su posición constara en la respuesta.

    El tema de las constancias y fundamentos es un tema áspero en la interna de la Jutep. Según dijo Calabria, hubo un cambio de criterio adoptado por la mayoría del directorio que hace que las resoluciones que se aprueben por mayoría no consignarán los fundamentos de la discordia como sucedía hasta ahora. Esos argumentos constarán en las actas de las sesiones, pero no en las resoluciones. El director de la oposición cuestionó que así se “quita transparencia” y “afecta derechos de los sujetos afectados por las resoluciones que reciben un acto administrativo afectado en su motivación”.

    Según el director de la Jutep, hay actas y resoluciones de marzo y abril que fueron bajadas de la web institucional y reelaboradas. Un ejemplo concreto: la resolución que se emitió sobre la exministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la cual ya no figuran los fundamentos discordes de Calabria.

    Los blancos y el “contralor político” de la Jutep

    Tras la reunión en el directorio blanco, su presidente, Álvaro Delgado, dijo que “el oficialismo quiere reformar internamente la Jutep para quitarle peso a la Asesoría Letrada y esquivar la independencia técnica” y advirtió que con esto se busca que “no haya contralor técnico y pase a haber un contralor político de la Jutep”.

    En conferencia de prensa, Delgado aseguró que la Agrupación Parlamentaria del PN tomará acciones, que pueden consistir en una nueva convocatoria del ministro de Educación y Cultura, que es quien tiene la tutela administrativa de la Jutep.

    Salto-Intendencia-Congreso
    Salto, en el Congreso de Intendentes 2025.

    Salto, en el Congreso de Intendentes 2025.

    El caso del presunto nepotismo en Salto

    En tanto, otro de los casos que la Jutep debe resolver y comunicar en estos días es sobre un recurso que presentó la Intendencia de Salto por presunto nepotismo por la designación como director de Obras a Juan Manuel Texeira, hijo del secretario general de la comuna, Walter Texeira.

    Los blancos se quejaron que este caso fue resuelto “de manera express” por una denuncia que ingresó en julio de 2025 y cerrado por los integrantes de la Jutep antes de que Calabria ingresara al directorio en octubre de ese mismo año.

    “Resolvieron en tres meses lo que siempre lleva mucho más tiempo y lo resolvieron cuando Calabria ya había sido designado, pero una semana antes de que asumiera”, dijo un integrante del Directorio del PN presente en la sesión del pasado lunes.

    En una entrevista con Búsqueda en octubre del 2025, Calabria discrepó con lo resuelto en aquella oportunidad por la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vice Asti. “Se sobrepujó el criterio técnico, porque el informe técnico que venía de la jurídica no hablaba ni de corrupción ni de nepotismo. Y eso sí se agregó luego en la resolución del directorio”.

    La Intendencia de Salto recurrió la decisión de la Jutep y se espera que, en los próximos días, se conozca el resultado. Allí se verá si oficialismo y oposición mantienen sus criterios y se aplica la recomendación de la oficina jurídica del organismo.