Compras no planificadas. Gastos hasta ocho veces superiores a la pauta establecida en la Ley de Presupuesto. Todos los gastos por traslados observados por el Tribunal de Cuentas (TCR). Falta de controles en facturación y en traslados. Estos son algunos elementos que caracterizaron el vínculo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la empresa ITHG entre 2022 y 2024.
El vínculo de ITHG con ASSE fue uno de los más cuestionados de la anterior gestión del prestador público, presidido primero por Leonardo Cipriani y luego por Marcelo Sosa, desde que Búsqueda lo dio a conocer en enero de 2023. Surgida como una proveedora de insumos marítimos en 2020, con direcciones registradas en lo que resultaba ser una distribuidora de calzado en Cerrito de la Victoria y una frutería en Ciudad Vieja, esa firma entonces no tenía la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según la auditoría, ITHG concentró en el período analizado el 96,47% del gasto de traslados de SAME 105. El 100% de estos gastos, por un total de $ 2.033.514.848, fueron observados por el TCR. Las anteriores autoridades siempre defendieron ese vínculo, iniciado en junio de 2021, en plena pandemia. “Para nosotros, cumplía lo que pedíamos y en el momento en que lo necesitábamos”, dijo en 2023 el entonces gerente general de ASSE, Eduardo Henderson.
Lo que refleja esta auditoría es un manejo “totalmente bolichero” de las cuentas de esta unidad ejecutora en el período anterior, dijeron a Búsqueda fuentes de ASSE. Esto puede traducirse como “impericias” o “decisiones de gestión pensadas para fugar recursos ante la ausencia de controles”, añadieron.
Las auditorías, que incluyeron convenios con las mutualistas Casmu y Círculo Católico, así como en el Centro Departamental de Treinta y Tres, derivaron en que ASSE denuncie penalmente a cuatro integrantes del directorio del período anterior (incluidos Cipriani y Sosa), al exgerente general Henderson y a la anterior directora administrativa de SAME 105, e inicie sumario administrativo a 10 funcionarios. Los directivos denunciados emitieron una nota en la que afirmaron que existe “un ataque político, no jurídico” en su contra y que es “un ataque a la coalición y al gobierno anterior” de parte de las actuales autoridades.
Más gastos
Entre los hallazgos detectados por esta auditoría está la ausencia de una planificación de compras para determinar los traslados contratados en 2022 y 2023. También se detectaron gastos muy superiores a las respectivas pautas presupuestales establecidas para 2022, 2023 y 2024, en un 508% (sin incluir gastos relacionados al Covid), 697% y 672%, respectivamente. Estos últimos aumentaban casi por ocho el cálculo previo. Quien por entonces fuera gerente administrativo de ASSE, Juan Andrés Behrend, uno de los funcionarios sumariados, señaló a los auditores que ITHG “no solo proporcionaba traslados”, sino que, en un momento, también brindó “tripulación de ambulancias” para móviles del propio prestador, así como personal médico y enfermería a las bases de la propia emergencia.
La auditoría añade que en ese período no hubo procesos competitivos, sino únicamente compras directas y compras directas por excepción que no cumplían las normativas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Tampoco se realizó la habitual solicitud de tres precios y en todo el período se emitieron apenas cuatro órdenes de compras para traslados por ITHG.
El exdirector de SAME 105, José Antonio Rodríguez, no discutió las razones administrativas que llevaron a esas observaciones a las compras a ITHG, pero precisó que la situación se intentó corregir “haciendo varias licitaciones” e incluso “un convenio marco para traslados”, todos rechazados por el TCR. Este es otro funcionario que será sumariado.
Los gastos por encima de la pauta “terminaron yéndose completamente al sector privado”, señalaron fuentes de ASSE. La aprobación de una partida especial en la Rendición de Cuentas 2024, votada a mediados de 2025, para afrontar deudas, “demuestra la inestabilidad de los créditos y los cupos financieros”, añadieron.
ASSE sigue contratando a ITHG, ahora llamada UTAM, según reconoció en la propia auditoria el actual director de SAME 105, Gustavo Grecco. Este señaló que la medida se tomó para no discontinuar el servicio a los pacientes. Sin embargo, añadió, se ha priorizado la propia estructura. Hoy se coordinan por esta empresa 9.000 traslados especializados al año, un tercio del total, por US$ 5 millones. Se está preparando un nuevo procedimiento competitivo para traslados en ambulancias comunes y especializadas con ese fin.
Menos controles
Los problemas para registrar los traslados efectivamente realizados, el personal contratado y los ingresos a CTI privados son otros elementos que hacen a ese manejo “bolichero”, que critican las actuales autoridades.
De una muestra de 785 traslados medicalizados analizados, 600 tenían una hoja clínica física que respaldaba lo ocurrido en él. Sin embargo, unos 60 (10%) no pudieron validar origen o destino; un 23% (180) no tenía la historia clínica física, lo que no permitió validarlo; y un 21% (167) no permitía visualizar la historia clínica electrónica ambulatoria, obligatoria en los traslados especializados. Además, en cinco casos había omisiones tan relevantes como cédula, nombre y apellido del usuario. Esos controles, según Rodrigo López, escribano de ASSE también sumariado, no se le solicitaban a ITHG.
En otra muestra de una semana al año, la auditoría encontró que en seis de siete traslados comunes y en 11 de 15 traslados especializados en distancias superiores a 50 kilómetros, el precio pagado a ITHG estuvo por encima del facturado por otros proveedores a unidades ejecutoras en casos de similares características.
La jefa de operadores Sheila Aneleh Manaslitchi dijo durante los interrogatorios que “durante los primeros tres o cuatro meses de su gestión”, iniciada el 13 de enero de 2021, “concurría (por ITHG) un señor de apellido Lima, a corroborar los números Same de traslados que él tenía”. José Lima, según publicó Búsqueda en su momento, fue director y administrador de esa empresa mientras cambiaba su “objeto” a “proveeduría marítima y servicios de logística y de transporte”. Las diferencias “mayoritariamente eran por los traslados cancelados”, que a ella le figuraban como tales y ellos decían que el móvil había salido. “Luego no sé cómo lo arreglaban en la dirección administrativa”, añadió. No había otra empresa con ese trato preferencial, aseguró. Incluso se hacían capacitaciones en ITHG para el personal de las ambulancias de SAME.
Esto repercutía en una notoria “debilidad en el control de la facturación de traslados comunes y especializados, el cual no verifica si el traslado fue efectivamente realizado (si el paciente llega a destino)”. En otro pasaje se indica que ASSE pagó por traslados que no se pudo validar que hayan sido realizados y por traslados que figuran como cancelados “sin constancia ni motivo”.
Las fuentes señalaron que de 100 personas que ASSE ponía arriba de los móviles, más de 30 eran tercerizados a través de ITHG. El equipo auditor “no pudo acceder a registros” que efectivamente permitieran verificar las horas realizadas, ya que no se hicieron los controles previstos en la ley de tercerizaciones, indica el documento. Según dijeron los funcionarios consultados, si faltaba personal, “la orden” era contactar a esta empresa. Ahí ya hay “una fuga de recursos por compra directa”, afirmaron las fuentes. Hoy hay tres proveedores de recursos humanos para SAME 105, que totalizan entre 10% y 15% del personal disponible, añadieron.
La auditoría verificó que no se hizo el análisis de la situación clínica de cada paciente por parte de un intensivista de SAME 105 para un ingreso a CTI, lo que hizo que el gasto en internaciones tanto en Casmu como en el Círculo Católico, empresas con las que ASSE había suscrito convenios de “tarifa plana mensual” de camas, aumentara de forma exponencial. Los pagos a esta última mutualista aumentaron un 170% entre 2020 y 2024. Esta vinculación comercial fue particularmente señalada por referentes frenteamplistas, ya que Cipriani fue director técnico de este prestador antes de asumir su cargo en el Estado y volvió a trabajar allí un año después de dejar el cargo público.
Las actuales autoridades de ASSE sostienen que se redujo el ingreso a los CTI privados del 38% del total de los pacientes de SAME 105 que lo requerían al 33%.
