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En la edición anterior de Búsqueda se dio cuenta de una información según la cual la Suprema Corte de Justicia informó al Senado de la República de su imposibilidad de fotocopiar un expediente de 2.000 fojas, cuyo análisis es esencial para que dicho cuerpo parlamentario decida el pedido de desafuero del senador Manini Ríos.
La lectura de la nota expone un panorama desolador, toda vez que la confianza que la ciudadanía debe tener en el derecho se soporta en la idea de un Poder Judicial operativo en plenitud. En otros términos, con este tipo de situaciones es muy difícil que la comunidad sienta lo que Loewenstein dio en llamar un “sentimiento constitucional”, ese sentimiento de adhesión que hace fuerte a la democracia. Estos son, pues, “mensajes” que debilitan al sistema democrático.
Ya Juan Bautista Alberdi previno que “... Las Constituciones serias no deben constar de promesas sino de garantías de ejecución...”. Y entonces, es muy claro que una Justicia asfixiada compromete definitivamente el sistema de derechos, pues estos son concretizados a través de la Justicia. Quien hable “en serio” de los derechos y de las libertades debe asumir que es inconcebible una Justicia postrada y enclenque.
El asunto no es nuevo. Desde el advenimiento del sistema democrático recuerdo a los doctores García Otero, Pessano, Nicoliello, Van Rompay, Alonso Demarco y Pérez Manrique quejarse y denunciar públicamente esa misma situación de “cenicienta” presupuestaria del Poder Judicial.
Hace poco menos de veinte años vuestro periodista Raúl Ronzoni escribió en Búsqueda una nota sobre un trabajo que yo había escrito sobre el tema. Ese trabajo, lamentablemente, mantiene plena actualidad. Allí sostuve, siguiendo las enseñanzas del gran constitucionalista argentino Humberto Quiroga Lavie, que cuando el jerarca administrativo de sistema judicial enfrenta una situación de negación funcional o colapso por déficit presupuestario no solo puede sino que debe hacerse de los fondos necesarios para funcionar adecuadamente, venciendo la resistencia de los poderes políticos que gestaron un reparto presupuestal que, a todos los habitantes, nos dejó sin Justicia. Escribió Quiroga Lavie: “… Se reconoce... la ineficiencia del sistema de Justicia que perjudica a todos los justiciables... si la Corte tiene responsabilidades de superintendencia debe ponerse a estudiar reglas de organización efectivas para el funcionamiento del sistema, que está colapsado, y dictarlas... Cumplido ello, debe evaluar el dinero que le debe pedir al Tesoro Nacional para cumplir con su propuesta. Y si el Tesoro o el Presupuesto no se lo da, pues debe disponer de embargos o ejecución de bienes públicos para hacer efectiva la Constitución Nacional... Son el Congreso y el Ejecutivo quienes no pueden dejar de cumplir lo que es una atribución constitucional propia y reservada del PJ: hacer justicia para todos los argentinos y obtener los recursos suficientes. Si no se procede así no hay Derecho Público...”.
El departamento de gobierno más frágil es el Poder Judicial. Ya Hamilton en El Federalista, destacó que el “… Departamento Judicial es, sin comparación, el más débil de los tres departamentos del poder...” y que por ende “… son precisas toda suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquellos... porque resulta claro que el Poder Judicial carece tanto de la bolsa como de la espada…” (ver El Federalista, capítulo LXXVIII, edición del Fondo de Cultura Económica, 1957).
Se ha dicho, erróneamente, que esta tesis genera un “conflicto de poderes”. Respondo: el conflicto, que sí existe, lo instalan los poderes políticos cuando diseñan un presupuesto que deja postrada a la Justicia. La actividad ulterior tendente a corregir ese desequilibrio institucional es solo derivación lógica de que las competencias públicas son poder, pero también deber.
