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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl pasado martes 23 de agosto, con el título “¿Qué respuesta dará Uruguay al sufrimiento? Objeciones al nuevo proyecto de eutanasia”, los ciudadanos que se agrupan bajo el nombre Prudencia Uruguay hicieron oír sus puntos de vista al respecto a través de un panel de siete miembros (cuatro médicos, dos abogados y un profesor universitario de Filosofía) que sesionó en el edificio anexo del Poder Legislativo.
Dado que mi intención no es personalizar críticas respecto a individuos concretos sino a opiniones expresadas por ellos, obviaré nombres. De todos modos el video correspondiente es de muy fácil acceso vía Internet. Quien abrió la exposición lo hizo refiriéndose a siete mitos —así los llamó explícitamente— y entre ellos mencionó la cuestión de si alguna vez se practicó eutanasia en nuestro país. Lo negó. En contraposición propongo releer las columnas de Mercedes Rosende en el número de este semanario del 20 de febrero de 2020 o de Danilo Arbilla en la edición del diario El País del 28 de mayo del corriente año. La diferencia es tan notoria que no caben dudas acerca de quién miente y quién dice la verdad.
En el cuarto lugar de esa lista de “mitos” hizo referencia la sospecha que los argumentos en contra del proyecto de marras pudieran tener una base en fundamentos religiosos. Simplemente procedió —una vez más— a negarlo, aduciendo una extensa variedad de posiciones filosóficas entre sus miembros. Anteriormente he señalado que no encuentro nada incorrecto cuando alguien sostiene su opinión recurriendo a principios de origen religioso que son los que informan dicha opinión. No solo no me parece incorrecto sino que lo encuentro totalmente coherente dado el carácter fundamental que para esa persona tiene su creencia religiosa. Su más genuina visión del mundo se estructura alrededor de ella. Por eso, precisamente, es que llama poderosamente mi atención cuando quienes participan de dicha creencia sostienen contundentemente que sus opiniones en nada tienen que ver con aquella.
De los siete miembros del panel expositor, el moderador del mismo es un exsacerdote, exgerente de programación de la radio oficial de la Iglesia católica uruguaya y docente de la Universidad Católica del Uruguay. Los dos abogados son docentes de una institución privada de enseñanza terciaria que se autodefine como “una universidad de identidad cristiana abierta a personas de todas las creencias, que está inspirada en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei…” (sic). Uno de los médicos expresa en su CV su condición de magíster en Ciencias Religiosas (sic) y la médica que cierra la exposición, luego de haber afirmado que sus opiniones no reflejan creencia alguna en particular, en una entrevista concedida en octubre de 2020 a la Asociación Civil Siembra, cuya misión es “generar un impacto social con valores cristianos” (sic), reconoce explícitamente —a propósito de la muerte—: “Deseo que se respete la fecha que tengo predestinado morir desde el momento en que nací” (sic).
Es posible que yo esté completamente equivocado y mi febril imaginación esté dando paso a una sintomatología paranoide, pero… ¿es tan retorcido siquiera sospechar que varias de las opiniones sobre eutanasia expresadas por ese panel están vinculadas con las creencias religiosas de la mayoría de sus miembros?
Vuelvo a manifestarlo explícitamente: si así fuera, nada ilegítimo habría en ello y la posición toda aparecería completamente coherente. Lo llamativo es esa necesidad de establecer, una y otra vez, que tal vinculación para nada existe y es una engañifa inventada por quienes apoyamos el proyecto de eutanasia.
Por lo demás, cabe manifestar una vez más que quienes apoyamos tal proyecto no solo no nos oponemos a los cuidados paliativos sino que nos sumamos al afán por promoverlos. Estamos para sumar y no para dictarle a nuestro prójimo cómo debe proceder en aquello que dada su naturaleza más íntima es la decisión que, en circunstancias sumamente precisas que informará la ley respectiva, solo la persona involucrada tiene la potestad de tomar. Y todo eso sin obligar a nadie más, como en cambio sí pretenden hacerlo quienes niegan tal derecho.
Dr. Roberto B. García (médico)
CI 1.053.261-3