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    El sexo de cuatro hojas

    N° 1671 - 19 al 25 de Julio de 2012

    Sucedió lo lógico. Forzada o por decisión propia, Mercedes Rovira desistió el sábado 14 de asumir como rectora de la Universidad de Montevideo (UM) luego del escándalo que había generado 48 horas antes, en declaraciones a Búsqueda, con opiniones sexuales discriminatorias y violatorias de la ley.

    Su dimisión es positiva porque en el terreno universitario y docente se establece un destacado mojón para la difícil tarea que llevan adelante algunos uruguayos tratando de recuperar valores de convivencia elementales —pero cada vez más ausentes— como son los del respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y la libertad.

    Estos son principios fundamentales porque además le constriñen el espacio a dogmas que no admiten discrepancias y que se apoyan en doctrinas impuestas por dueños de verdades absolutas avaladas por corporaciones o grupos sectarios.

    Un rector universitario tiene la enorme responsabilidad de conducir y de formar a sus alumnos como libres pensadores sin imponerles barreras para su desarrollo. En eso confían los padres de esos alumnos: la dimisión admitida o impuesta por la UM marca la diferencia entre la filosofía de la institución y lo expresado por la docente.

    Rovira tiene sólidos antecedentes académicos: es doctora en Filosofía (opción Filosofía y Ciencias de la Educación) y máster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra de España, un prestigioso instituto gestado por el fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer. La UM, está vinculada al Opus Dei que es su “garante moral para la formación espiritual” de los estudiantes.

    En sus declaraciones destacó que un profesor debe ser un modelo para los alumnos. Los periodistas Guillermo Draper y José Peralta le preguntaron cómo reaccionaría ante un profesor homosexual y si esa opción juega para la UM al elegir un docente. Respondió terminante: “Sí”.

    En otra parte desarrolló el concepto: “Estamos diciendo que el docente no solamente tiene que enseñar en el aula, sino que es un referente”. Y afirmó: lo que establece la naturaleza humana “es la realidad, la verdad y hacia lo que vamos” y advirtió que puede haber “anomalías” que comparó con los “tréboles de cuatro hojas”.

    Para ejercer una rectoría importa la formación académica, pero también se requiere equilibrio intelectual y espiritual, sentido común, respeto por la convivencia y —si consideramos un punto de vista religioso— tener piedad, cuya esencia es la virtud inspirada no solo por el amor a Dios, sino también por el amor al prójimo.

    Tampoco alcanza. Aunque no fuera más que para evitar meterse en un corral de ramas, un rector debe conocer la ley. Eso diferencia a Rovira del actual titular, Santiago Pérez del Castillo, un experto y respetado abogado.

    La ley 16.048 de 1989 creó los artículos 149 bis y 149 ter incorporados al Código Penal. El primero dice: “El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”. El 149 ter es similar, pero dirigido a las acciones.

    Rovira incitó (alentó, estimuló, acicateó) públicamente a la discriminación. ¿Nadie le preguntó antes de proponerla qué opinaba en ese terreno? ¿O lo sabían y se optó por callarlo?

    Esta semana, en una carta a “El Observador”, la mujer niega que alguna vez haya discriminado, argumenta en su favor que su amigo más antiguo es homosexual, señala que su opción por el celibato le ha generado incomprensión y se lamenta por lo que se pueda pensar de ella por “retazos” de una entrevista.

    Nadie la indujo a decir lo que declaró y no fueron “retazos”. Se trató de respuestas espontáneas, contextualizadas y argumentadas por una persona madura y bien formada.

    En 2004, todos los partidos votaron la ley 17.817 destinada a promover políticas públicas y a combatir la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual.

    ¿Que Rovira tiene derecho a expresarse? ¡Claro que sí! Me tendrá a su lado para pelear y defenderla en ese derecho. Pero en una democracia tiene la obligación de respetar la ley, como todos.

    Asombra que un tema central como este no haya generado ninguna o casi ninguna reacción partidaria o gremial. Lo hicieron organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que informó al ministro de Educación, Ricardo Ehrlich. Debe preocupar porque su importancia trasciende lo militante o informativo: contribuye a distorsionar la convivencia por encima de partidos, gremios y clases sociales.

    Tampoco hubo una intervención judicial de oficio pese a que jueces y fiscales suelen invocar la “alarma pública” cuando es útil a sus decisiones. ¡Y vaya si hubo alarma pública! Grave, porque en una sociedad homófoba y machista como la uruguaya se opta por bromear, ironizar y descalificar antes que por defender la ley y los valores de la convivencia. Así vamos.