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Siete de cada 10 funcionarios públicos creen que al teletrabajar durante la pandemia su desempeño mejoró, una percepción que está en línea con la evidencia internacional de que la productividad aumenta con esta modalidad laboral. Aunque todavía es necesario “valorar más profundamente la experiencia piloto por la falta de indicadores previos o la dificultad para medir algunas tareas”, debería considerarse un uso más extendido del homeoffice en la administración pública uruguaya, opina Beatriz Durán Penedo, abogada y profesora de Derecho Laboral.
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Durán Penedo, que también se desempeña en la Asesoría Letrada de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), reflexionó en un artículo publicado en la última edición de la Revista Jurídica del Trabajo en relación con la modalidad del teletrabajo que en Uruguay “el Estado trata de implementarlo tímidamente” en algunas áreas. También examinó el proyecto de resolución que podría regularlo para la administración central.
En su opinión, siempre que la tarea así lo permita, el homeoffice “es una herramienta de modernización, flexibilización y economía en los tiempos de trabajo” que se adapta a las nuevas tendencias y modalidades que las personas prefieren. Además, puede ser un “factor de retención, así como de atracción de talento más capacitado y joven”.
Los funcionarios públicos no están comprendidos en la ley de teletrabajo 19.978, de agosto de 2021, que aplica para los subordinados o dependientes empleados por empresas privadas o personas de derecho público no estatal. Eso “implica que los casi 300.000 vínculos que mantiene el Estado no tienen regulación respecto de esta modalidad de trabajo”, sin perjuicio de que la mayoría de los funcionarios no puede utilizarla por la naturaleza de sus tareas, contextualiza la abogada. Agrega que el “panorama en el Estado fue y es muy complejo como para implementar una modalidad de teletrabajo uniforme. Sin embargo, hay una necesidad de ponernos al día o a tono en la administración pública con las nuevas tendencias y cambios que se produjeron en los lugares de trabajo a causa de la emergencia sanitaria. Es un desafío poder actualizarnos y forjar un Estado más eficiente con la nueva modalidad” que “ha dado buenos resultados en las ocupaciones en las que se pudo desarrollar”.
Según datos de la ONSC, en marzo de 2021, cuando regía la emergencia sanitaria, el 19% de los funcionarios de la administración central teletrabajaba, ya sea en forma exclusiva (7%) o alternando con presencialidad (12%). Si se excluye a los ministerios de Defensa e Interior ese porcentaje ascendía a 54% (10% solo homeoffice y 44% en régimen híbrido).
En las empresas públicas, el 48% de su personal —en promedio— hacía teletrabajo ya sea como modalidad exclusiva o combinándolo con algunos días de asistencia al lugar de trabajo.
Testeo
En su artículo contó la experiencia piloto realizada desde la ONSC desde octubre de 2021, para la cual se elaboró un reglamento que estableció pautas en el teletrabajo, como un máximo de dos días por semana; adhesión voluntaria de los funcionarios; selección por los supervisores de las tareas teletrabajables o no con aprobación de la dirección; y la obligación de efectuar las marcas en el Sistema de Gestión Humana 2.0.
La evaluación del plan se realizó a los 45 días de implementada mediante una encuesta y dos grupos focales dirigidos a supervisores. Durán Penedo señala que de allí surgió un “muy buen nivel de apoyo a la modalidad remota” entre los 8.692 funcionarios que dieron su opinión. El 77% expresó que su experiencia de teletrabajo fue buena o muy buena y solo el 4% la consideró mala. Casi siete de cada 10 (68%) dijo que le gustaría continuar haciéndolo de forma mixta, es decir, combinando con asistencia a la oficina.
En cuanto a su propio desempeño en esta modalidad, la opinión de los funcionarios fue que se vio favorecido (70%), que lograron concentrarse mejor (78%), a la vez que las tareas les llevan menos tiempo que en la oficina (72%) y que el teletrabajo los hizo sentirse más motivados (81%).
Por su lado, el 83% de los supervisores consideró que resultó fácil gestionar a sus equipos y casi todos dijeron querer continuar con la modalidad (95%).
La abogada afirmó, basada en los resultados de los grupos focales, que la mayoría no puede dar cuenta con evidencias claras del aumento de su productividad, pero “todos acuerdan en que la productividad no bajó por el teletrabajo”.
Para ella, hubo una curva de aprendizaje para muchas competencias y procesos que demanda el teletrabajo realizado en forma forzosa por la pandemia que sería “importante no desaprovechar”. En esa misma línea, señala que “su implementación no debería ser una resistencia por parte de las autoridades, máxime cuando se ha venido constatando que la productividad aumenta”.
Entiende que existe una “buena oportunidad para introducir indicadores de productividad, teniendo presente que para que esta aumente deben cuidarse las condiciones de trabajo y la salud ocupacional de los teletrabajadores”.
