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El Estado pesado y la próxima Rendición de Cuentas
Un reciente diagnóstico del Centro de Estudios para el Desarrollo es oportuno de cara a la próxima discusión presupuestal y debería ser leído con atención por el gobierno todo
Como ya hemos señalado desde esta página editorial, parece haber, afortunadamente, un creciente control periodístico y social sobre cierto gasto público que, en un país caro como Uruguay, enoja al pequeño, mediano y gran empresario así como al trabajador y a los ciudadanos en general. Todos ellos, con esfuerzo, pagan sus impuestos y se indignan cuando acceden a las cifras que se gastan en, por poner solo dos ejemplos recientes, catering para eventos públicos o el set para la parrilla que regaló la Cámara de Diputados a fin de año.
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Aunque quizás con otro fin —una añoranza de los avisos “clasificados” de los tiempos analógicos—, también algunos medios de comunicación notician sobre llamados laborales que hace el Estado, generalmente destacando el monto de salario ofrecido. Estas publicaciones, de interés para quien busca empleo, también son útiles para mantener esa alerta social sobre una plantilla de vínculos laborales con el sector público que en las últimas décadas ha crecido con gobiernos de diferente color político.
Al 2024 eran casi 314.000 remuneraciones de distinta categoría —incluyendo “compensaciones” cuyo origen y fundamento se perdió en el tiempo— y cargas sociales que se terminan pagando, principalmente, con los impuestos que recaen sobre los contribuyentes. Y no debería sorprendernos que los informes que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento a fin de junio con el proyecto de Rendición de Cuentas consignen un incremento adicional de esta plantilla, ya que el actual gobierno decidió derogar el tope que la administración pasada había fijado al uso de créditos presupuestales generados por vacantes (el “tres por uno”).
La semana pasada, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó un análisis de distintas dimensiones del “peso” de nuestro aparato estatal. La conclusión principal es que Uruguay “no tiene un problema de un Estado que recauda poco ni de instituciones débiles”, sino que tiene un Estado “que creció más rápido que su capacidad de generar valor”, de modo que cobra como una economía desarrollada y entrega resultados de una economía en desarrollo.
Uno de los hallazgos de ese análisis es, precisamente, que la plantilla pública ha crecido “sin freno” entre 2005 y 2024 y aumentó en más de 70.000 vínculos, equivalente al 30,5%, en un período en el que la población del país creció apenas un 6%. Simultáneamente, el salario real en el sector público subió casi 50% en ese lapso.
El CED aporta otro dato novedoso. La brecha salarial respecto del sector privado es del 15% y se concentra en las categorías de menor calificación —que representan el 58,9% del empleo público—, donde esa prima no se explica por escasez de talento. Estima ese sobrecosto en el orden de 0,45% del Producto Interno Bruto, unos US$ 364 millones anuales que “pagan los contribuyentes sin contrapartida en calidad de servicio”.
En las próximas semanas, los diferentes incisos abarcados por el Presupuesto Nacional dialogarán con las autoridades económicas y los responsables políticos del Poder Ejecutivo aspirando a obtener refuerzos de recursos para el 2027 en la próxima Rendición de Cuentas, en un contexto de “sábana corta”: la economía está creciendo menos de lo esperado y los números fiscales son malos. La idea de un proyecto con “gasto (extracero)” a la que aspiraba el ministro de Economía al inicio de este año ha ido perdiendo fuerza dentro del oficialismo. Al mismo tiempo, sobre cómo hacer rendir mejor los recursos —la eficiencia del gasto— se escucha hablar poco.
El diagnóstico del CED es oportuno de cara a la discusión presupuestal que se viene con la Rendición de Cuentas y, del mismo modo que el resultado de recientes encuestas, debería ser leído con atención por el gobierno todo.
