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Desde antes de su nacimiento, hace más de dos décadas, las administradoras de ahorro previsional (AFAP) han estado cuestionadas por sectores de la izquierda y de la sociedad, que entienden que no deben lucrar con la seguridad social. No prosperó la intención de eliminarlas, pero sí la limitación de su ganancia por medio de una ley votada a fines de 2017 que entrará en aplicación gradualmente.
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En su momento, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las privadas Sura, UniónCapital e Integración, se quejó por esa norma que topea las comisiones que cobran a los afiliados por administrarles sus ahorros previsionales hasta el momento del retiro. Ahora aportan a la discusión un estudio sobre el tema encargado al economista Leandro Zipitría, del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales, para quien el gobierno falló al “poner el eje en la comisión” como la variable relevante de ese mercado. El análisis, al que accedió Búsqueda y que se presentará a fines de este mes, concluye que no es claro que el tope a las comisiones cobradas por las AFAP “sirva para proteger al consumidor”, por lo que es “aconsejable” revisarla.
La norma estableció que la diferencia entre la menor comisión del mercado y la mayor no deberá superar el 50%. La disminución desde la brecha inicial (que alcanza a 180%) será gradual hasta abril de 2020, según reglamentó el Banco Central (BCU).
Para Zipitría —un especialista en temas de competencia—, la ley “transmite un mensaje equivocado” tanto a los afiliados como a las AFAP. Esto porque se fija solo en el precio que se le cobra al consumidor y no en el producto que se le otorga, que es la rentabilidad que obtienen de las inversiones en el mercado de capitales. “Bajo esta visión, si el afiliado aporta a un fondo A que tiene una comisión del 1%, es mejor que aportar a un fondo B que tiene una comisión de 2%. Sin embargo, si el primer fondo tiene un rendimiento de 0% y el B tiene un rendimiento del 10%, entonces la ventaja de la menor comisión para el afiliado no es tan clara. Este mensaje también puede ser tomado por las empresas y seguir creciendo en el mercado con el único objetivo de mantener o disminuir una comisión, sin tomar en consideración el rendimiento” de las inversiones que realizan, plantea el economista. A su entender, se “debería priorizar el rendimiento neto del sistema como indicador de mercado”.
Dominancia estatal.
A partir de la reforma de la seguridad social de 1996 los trabajadores comenzaron a aportar en un sistema con dos pilares: uno de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y otro de cuentas individuales en manos de las AFAP. En este último, su aporte es invertido en títulos bursátiles buscando generar ganancias que deberían terminar mejorando la futura renta vitalicia de la persona. Para Zipitría, esta rentabilidad es el producto que las AFAP ofrecen al consumidor. “Poner el eje en la comisión es fallar en la variable relevante del mercado”, dice, y agrega que las deficiencias que se evidencian en el sistema (incertidumbre de los resultados financieros o conflictos de interés en el manejo de los fondos) “se resuelven por otros medios ya establecidos legalmente”.
A fin de setiembre las cuatro administradoras del sistema tenían 1,4 millones de afiliados en cuyas cuentas había acumulado el equivalente a US$ 15.560 millones. República AFAP, que pertenece al banco estatal del mismo nombre, al de Seguros del Estado y al BPS, es la que tiene la mayor proporción de afiliados (40%) y del fondo previsional (57%). Su comisión de administración es la menor del mercado (0,710% calculado sobre el aporte); la más alta en junio la cobraba Integración (1,990%).
“No parece una preocupación que las empresas que no son dominantes fijen precios altos, más cuando estos precios pueden estar reflejando realidades de costos diferentes”, señala Zipitría. Además, entiende que la regulación actual puede “dar una ventaja al actor dominante”, volviéndolo capaz de “influenciar tanto el sendero de rendimiento del fondo como el precio del servicio”.
El economista marca otras diferencias entre las AFAP: República tiene más afiliados entre los trabajadores de mayores ingresos que las tres privadas, y cuenta con una menor proporción de jóvenes. Esto “le permite obtener un mayor monto de ingresos en términos monetarios”.
Así, entiende que la regulación vigente puede traer efectos adversos, ya que “deja en manos de una empresa la posibilidad de fijar el precio al que deben vender sus rivales”. Y agrega: “Un competidor agresivo puede utilizarla para quebrar a sus rivales y luego quedarse con el mercado. Debe señalarse que aún este mecanismo sufre de los problemas asociados a la concentración en el mercado, dado que a medida que República AFAP aumenta su participación” el promedio de la comisión “se parece más al mínimo”.
El año pasado las cuatro AFAP ganaron en conjunto US$ 57,6 millones, superando el récord de 2014; la mayor parte provino de los ingresos generados por comisiones. Sobre la base de esos resultados, Búsqueda calculó que el efecto total del tope legal hubiera significado una reducción de US$ 37 millones en dichas utilidades.
Sugerencias.
Zipitría aporta algunas sugerencias para incidir sobre las comisiones que cobran las AFAP. Propone, por ejemplo, facilitar información periódica sobre la rentabilidad obtenida (un dato que el BCU divulga mensualmente) y obligar a las administradoras que reciben traspasos de afiliados a informar dicho indicador. Esto, entiende, fomentaría que los trabajadores busquen estar en la AFAP que mejor rentabilidad provee.
Por otra parte, de optar por el camino de una regulación estatal, Zipitría propone copiar lo que se hace en otros países. En España o Inglaterra, dice, se fija una comisión máxima que no está atada al precio establecido por alguna de las empresas del mercado, sino que se determina luego de un análisis de los costos de las administradoras. También propone replicar la tasa de usura fijada como tope al costo de los créditos que otorgan los bancos y otras instituciones de intermediación financiera.
Para Zipitría, “salvo que exista un monopolio natural en el mercado, la competencia es el principal mecanismo para impulsar a los agentes” a reducir o aumentar sus precios de venta. El economista reconoce que hay “problemas” en el sistema que requieren la intervención estatal, pero advierte que apuntar a las comisiones “debería ser el último paso” para resolverlos si son de mercado.
