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Hay 529.000 uruguayos viviendo en el exterior que podrían votar desde su lugar de residencia si finalmente se aprueba una norma que lo habilite. Si todos lo hicieran, podrían incidir en la decisión de quién gobernará el país. Esta posibilidad es la que cuestionan algunos dirigentes blancos y colorados. Pero desde el Frente Amplio se afirma que si se miran ejemplos de otros países, solo vota el 1% de los habilitados, por lo que no hay riesgo de que se alteren los resultados finales.
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Uruguay es el único lugar de América Latina que no permite el voto desde el exterior. Si un ciudadano uruguayo vive en el extranjero y quiere votar, debe viajar hasta el país.
Desde 1985, el Parlamento trató nueve proyectos para buscar una solución a este tema. Esta semana, el Frente Amplio hizo valer su mayoría para aprobar un proyecto de ley que crea una Comisión Honoraria para que elabore un “proyecto e informe normativo” donde se analicen las “alternativas jurídicas” para la instrumentación del voto de los uruguayos que viven en el exterior. Esa comisión estará integrada por representantes de los partidos políticos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Electoral, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el consejo consultivo asesor en materia de migración.
Además, el proyecto, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, declara con “carácter interpretativo” los artículos 77 (párrafo uno) y 81 de la Constitución, estableciendo que el hecho de residir fuera del país “no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. El párrafo uno del artículo 77 establece que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegible. El 81 indica que la nacionalidad “no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Civil”.
El debate en el Senado insumió siete horas. Desde la oposición se criticó al Frente Amplio por tratar este tema rápidamente. “Esto cambia el relacionamiento político”, advirtió Jorge Larrañaga (Partido Nacional). Dijo que a 15 meses de las elecciones no se puede plantear un proyecto de este tipo.
“Aprobar esta ley es crear un clima enrarecido para la próxima elección”, señaló en tanto Pedro Bordaberry (Partido Colorado).
El grado de incidencia de ese electorado que está en el exterior ha preocupado a dirigentes de la oposición. “No es verdad que a nosotros no nos preocupe la patria peregrina que tenemos en el exterior. Queremos tener un cordón umbilical con la gente en el exterior; no para que vengan a decidir quiénes son los que nos van a administrar a nosotros, no, porque la Constitución es clara”, afirmó Luis Alberto Heber (Partido Nacional).
Constanza Moreira (Frente Amplio) se refirió a quienes “sufren” con la idea de que el voto en el exterior “va a alterar el resultado” de la elección. Explicó que de acuerdo con la experiencia en otros países, la participación de votantes en el exterior es del 1%, y puede darse algún caso excepcional como Italia, con 5%.
Agregó que si afectara el resultado no se sabría en “qué sentido” lo haría. “Se dice que los partidos que tienen mayor capacidad de movilización serían los que juntarían más votos, ¿y en la elección dentro de fronteras no pasa eso?”.
Moreira dijo que los partidos se miden por su “capacidad de movilización para juntar votos”.
“Y para conseguir votos en el exterior hay que movilizarse, hay muchos acá que lo hacen en las elecciones italianas”, agregó aludiendo a dirigentes del Partido Nacional que han participado en esas elecciones.
Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo que tiene una “posición favorable a encontrar un mecanismo” para que quienes viven en el exterior se puedan expresar, pero reclamó un amplio consenso respecto a las reglas de juego a aplicar.
Moreira afirmó que el proyecto “no habilita el voto” desde el exterior y que será la comisión la que sugiera qué caminos se pueden tomar para habilitarlo. Añadió que no aprobar una norma de este tipo es un “déficit democrático”.
Bordaberry, en tanto, acusó al oficialismo de aprobar una norma inconstitucional y de no respetar la decisión del pueblo cuando en 2009 solo 37% votó a favor del voto epistolar.
Durante el debate, blancos y colorados anunciaron además que no integrarán la Comisión Honoraria. El Partido Independiente aún no lo discutió pero es probable que siga ese camino.
Además, los partidos de la oposición adelantaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la ley.
