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Ya votamos para que no voten. Un debate que ya lleva muchos años intenta aprobar el voto de los ciudadanos que viven en el exterior. Lo más reciente fue la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes (diciembre de 2017) y ahora por el Senado de la República. Quienes impulsaron esta reforma atropellan contra un mandato popular que negó democráticamente a votar a aquellos que no residen en nuestro país.
El proyecto cuenta con tan solo cuatro artículos, suficientes para ser un nuevo atropello de las circunstanciales mayorías que hay en el Poder Legislativo, que se atribuyen potestades para las cuales no fueron designados. Ya en el primer artículo se parte de un error: “El hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. ¿Quién le impide a los que viven fuera del Uruguay a votar? Absolutamente nadie, pues de ninguna manera han perdido sus derechos ciudadanos. Lo que no se permite es votar desde afuera, hay que “avecinarse” como marca la Constitución. Otro tema es si pueden o no venir por razones múltiples que, por supuesto, la ley no prevé.
Por el segundo artículo “se crea una comisión que deberá elaborar un proyecto y un informe normativo que analice las alternativas jurídicas para instrumentar el voto desde el exterior”. Si se va a redactar un proyecto de ley, ¿para qué un informe normativo? En todo caso el proyecto será consecuencia de un análisis normativo y por lo tanto lo importante estará en él. Además, lo dice el tercer artículo, entre quienes formarán parte de esta “comisión” están miembros de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, pero sin opción a negarse a participar. Las leyes se deben cumplir y esta es una ley, por lo tanto quienes no la votaron y ya manifestaron que no integrarán la comisión, no podrán negarse, pues de hacerlo incumplirían con la ley. Normalmente las comisiones, una vez integradas, determinan quién las preside, pero en este caso, por la ley, ya se sabe que la presidirá un miembro del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, obviamente miembro del gobierno. Y por último, quizá el artículo más benévolo, en 150 días habrá humo blanco ya que hay 30 días para constituir la comisión y 120 días para lograr los cometidos de la ley.
El debate en la cámara fue áspero y en muchos casos divagante. Se llegó a comparar el voto en el exterior con la cuota femenina, se acusó a la oposición de presentar planteos reaccionarios y xenófobos, se dijo que en caso de prosperar la ley recién se aplicará en 2024 y esto no lo dice el proyecto en ninguno de sus artículos. ¿Por qué no se puede aplicar en el 2019? Esta afirmación corre por cuenta de quienes la dijeron, miembros del oficialismo, que son los mismos que desconocen el fallo popular que se opuso al voto en el exterior y también desconocieron por dos veces otro fallo del pueblo.
Estamos frente a una nueva bomba de humo lanzada por el gobierno. Hoy deberían estar abocados a la discusión presupuestal, pero como el presupuesto no conforma ni a oficialistas ni a oposición, hablemos de otros temas y hagamos ruido con otras cacerolas. Mientras tanto, la cosa no mejora, las cifras conocidas relacionadas con la inseguridad son muy alarmantes, la educación sigue estancada, la tasa de desempleo baja porque baja la esperanza, ya que menos gente sale a buscar trabajo, el déficit crece, los gastos crecen, la deuda crece, y todo abona a que sigamos flotando como corchos sin un rumbo conocido. ¿Hasta cuándo se puede seguir aguantando? Ahora el temor no es si estaremos peor en el futuro cercano, el temor es que se desboquen quienes no pueden soportar más esta situación.
