Empresas de servicios del agro piden aplazar por dos o tres años “para todos” los casos, el pago de sus deudas en bancos

Esa gremial, que cuenta con poco más de 200 asociados de diversos puntos de Uruguay, solicitó hace un año audiencia a las autoridades del Banco República para estudiar alternativas de solución para saldar el endeudamiento de ese sector, como puede ser el aplazamiento por dos o tres años del pago de sus deudas, pero que no han tenido respuesta, al igual que de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Igualmente, otras empresas de menor porte pero que trabajaban de la misma manera contratando los servicios de labores en las chacras, también se replegaron en cuanto al área de producción, explicó Graña.

Advirtió también, que el área de siembra de soja se mantiene en algo más de un millón de hectáreas en las últimas dos zafras, pero hubo años en que se llegaron a plantar cerca de 1,4 millones de hectáreas. La superficie de tierras plantadas con trigo viene bajando cada año y en este invierno los productores estiman que no superará las 200.000 hectáreas.

Actualmente la mayor parte de la agricultura está a cargo de productores uruguayos y algunas firmas extranjeras que poseen sus propias maquinarias. Entonces ya no contratan los servicios como antes, comentó.

Esos cambios en cuanto al perfil de los agricultores y la organización de su producción les pegó duro a los contratistas agrícolas, que durante el boom contrajeron deudas para la adquisición de equipos y máquinas que luego se les fue haciendo difícil repagar. Otro factor que les jugó en contra también es que debido al dinamismo del avance tecnológico incorporado en los tractores y cosechadoras, esa maquinaria agrícola rápidamente se desvaloriza, dijo el titular de Cusa. A modo de ejemplo, Graña contó que “una cosechadora que la comprás nueva a US$ 300.000 o más, a los pocos años pasa a valer US$ 50.000, por decir algo”.

Por eso “es imposible” que si un contratista no puede pagar el crédito por la maquinaria, piense en plantearle al banco devolverla, consideró.

Ganar tiempo.

La gremial que nuclea a esas empresas pretende que el gobierno determine mediante un decreto u otra norma legal que los bancos otorguen un corrimiento por dos o tres años en el pago de sus deudas.

La idea “no es que se nos perdone o haya una quita de las deudas sino que se pospongan los pagos de cuotas y que mientras tanto, se abonen los intereses de las amortizaciones, porque precisamos ganar tiempo”, señaló.

A partir de un estudio caso a caso, el Banco República (BROU) determinó en 2016 conceder una prórroga de un año en el pago de las amortizaciones correspondientes a créditos otorgados por esa institución a sus clientes del sector corporativo, que comprende la industria, el comercio, los servicios y el rubro agropecuario. Para obtener la prórroga “es necesario presentar información que demuestre que el cliente atraviesa dificultades financieras” (ver Campo Nº 73).

Ese banco tiene algo más de 500 clientes vinculados a los servicios agropecuarios que abarcan créditos por unos US$ 150 millones con una morosidad superior al 2%, según datos del BROU a mediados de 2016.

Los datos muestran que la cantidad de clientes de ese rubro bajó de 550 a 523 en los últimos dos años.

Graña dijo sobre ese tema que la Cusa tiene el objetivo de que la medida sea “para todos” los asociados y “no un caso a caso”, porque cuando un cliente “va al banco a tratar su deuda puntual, generalmente se complica el trámite” en la institución bancaria.

“Lo importante es que el negocio agrícola debe comprenderse como una actividad semestral o anual, no tiene una lógica mensual, y depende de los vaivenes de los precios internacionales, que a su vez están ligados a los movimientos de la oferta y la demanda de los granos, y del clima”, indicó.