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    Empresas y empresarios, nuestra quinta columna

    N° 1866 - 12 al 18 de Mayo de 2016

    A propósito del 1º de Mayo, en los últimos días varios comentaristas se han referido a las actitudes y dichos de los dirigentes sindicales. Por ejemplo, Hebert Gatto (“Clases sociales y central sindical”, en “El País”, 9 de mayo) escribió: “Debo confesar que me sacudió la forma en que se abrió el acto del 1º de Mayo, con los dirigentes del Pit-Cnt apuntando al cielo con el puño cerrado, con rostros de estar propiciando la toma del Palacio de Invierno, por el Soviet de Petrogrado bajo los acordes de la Internacional”.

    En estos mismos días, ¿cómo se veía el adversario tradicional de los trabajadores (al menos desde el punto de vista de los sindicalistas y las izquierdas), los que ahora llamamos “empresarios”? Recorriendo algunos diarios de la última semana, sin pretensiones de exhaustividad, se encuentran algunas noticias y reportajes ilustrativos que se refieren a ellos.

    Avanzando por orden cronológico. Una iniciativa del Frente Amplio sobre financiamiento de partidos busca privilegiar la comunicación directa (“El Frente propone prohibir publicidad electoral en la televisión y en las calles”, en “El Observador”, 2 de mayo). La nota cita textualmente un texto de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA): “Frente a la constatación de que en varios países del mundo el financiamiento de los partidos, lamentablemente, ha sido utilizado para corromper el sistema democrático… proponemos impulsar la creación de un Observatorio Iberoamericano de financiamiento que promueva la transparencia del sistema democrático, con foco en la relación de los partidos políticos con el dinero, y muy especialmente el (dinero) que pueda provenir de los centros de poder empresariales y del narcotráfico” (énfasis agregado). El texto iguala directamente a los “centros de poder empresariales” y al “narcotráfico” como financiadores problemáticos de los partidos y de la política. El “narcotráfico” es una actividad ilegal y extremadamente violenta, cuya incidencia en el financiamiento de los partidos sería comparable a la de los “centros de poder empresariales”.

    A las tragedias del clima y las dificultades de la reconstrucción (Dolores en particular, las inundaciones en general), “los intendentes están advirtiendo (que se les suma) un riesgo que puede complicarles aún más la vida: la existencia de empresas privadas dispuestas a juntarse para ofrecer sobreprecios y hacer su agosto antes del invierno” (“Temen que empresas lucren con el drama de los inundados”, en “El Observador”, 4 de mayo). Según la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira, “hay empresas que tienen un ‘comportamiento buitre’ y se aprovechan de la urgencia que están sufriendo varios departamentos (…) esas firmas presentan presupuestos desmedidos para reparaciones, en relación con el precio del mercado”; la senadora menciona casos que estarían ocurriendo en Paysandú (loc.cit.). El presidente de la Cámara de la Construcción dijo a “El Observador” que si la senadora “tiene información acerca de que eso está pasando, lo más sensato es que haga la denuncia, porque es grave” (idem).

    Los que señalan esta clase de problemas no son solamente del FA: “El presidente del Congreso de intendentes, el nacionalista Sergio Botana (Cerro Largo) recordó que algo parecido le pasó a él cuando en enero tuvo que pedir un préstamo para comprar maquinaria. ‘Se juntaron un montón de bancos para ponerse de acuerdo en ofrecer una única tasa de interés. No podemos descartar que se vuelva a repetir en esta oportunidad’” (idem). En estos casos se trataría de empresas constructoras por un lado y bancos por otro, a nivel departamental, cada grupo buscando manipular los precios a su favor.

    Finalmente: el ministro de Trabajo, en entrevista concedida a “El País” (8 de mayo, “Hoy para muchos trabajadores es más fácil faltar”) afirmó, entre otras cosas, que “Uruguay no merece estar en la lista negra de la OIT acusado por violaciones a la negociación colectiva por el sector empresarial”. No es lo mismo estar en la lista negra de la OIT acusado por los trabajadores (para esto no hay objeciones), que estar en la misma lista pero acusado por los empresarios; el país “no merece” esto último. No hay, ni parecen necesarias, referencias a las eventuales causas de las denuncias de unos y otros; lo que las diferencia es simplemente la identidad de los denunciantes. Si son los trabajadores, está bien. Si son los empresarios, no está bien; el país no se lo merece. Que los empresarios pudieran tener razón no es relevante; en todo caso, podría ocurrir como un accidente puntual. Lo que realmente importa es que uno de los dos sujetos (los trabajadores) históricamente “tendría razón”, y el otro, los empresarios, no la tendría.

    De esas tres historias sobre temas muy diferentes, la única que narra problemas en principio sustantivamente identificables (y ya conocidos, además) es la que se refiere al carácter oligopólico de muchos mercados uruguayos, incluyendo, en particular, los mercados departamentales (la financiación de los gobiernos departamentales; la construcción de obra pública). La escasez de la oferta facilita la colusión de los ofertantes, en estos y en cualquier mercado. Pero el énfasis del relato (excepto en la respuesta del presidente de la Cámara de la Construcción) no está puesto en la necesidad de atender problemas regulatorios bien conocidos, que deben ser encarados con las políticas y acciones gubernamentales apropiadas, sino más bien en los “buitres” (los empresarios) que están esperando su oportunidad para actuar según su verdadera naturaleza.

    La imagen de nuestro empresariado implícita en estas historias es, entonces, la de una auténtica quinta columna: la de cualquier subgrupo que socava “desde adentro” la situación del grupo mayor del que forma parte. Desde la perspectiva del grupo mayor son traidores. Tanto en la historia del financiamiento de los partidos como en la de las denuncias ante la OIT, los hechos y los detalles son irrelevantes: lo que importa es la naturaleza del sujeto histórico, los empresarios, que es presentada como una auténtica quinta columna que subvierte la sociedad uruguaya (y son, por tanto, “traidores”). Esta versión pura y dura está presente en el discurso de figuras del gobierno, incluyendo su bancada de senadores.

    Estas opiniones sobre el empresariado son discutibles y respetables. Pero el empresariado, en la organización real y legal de nuestra sociedad, es algo así como la punta de lanza del desarrollo nacional. Si esta es la actitud de fondo hacia los empresarios, ¿realmente pueden o podrían ser esa punta de lanza?