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    En 2020 se realizaron casi 30.000 audiencias judiciales menos que en 2019

    Preocupados por el funcionamiento de la Justicia durante la emergencia sanitaria, los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Alejandro Sánchez enviaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un pedido de informes para conocer cuántas audiencias se realizaron en las diferentes materias, la modalidad de estas (virtual o presencial) y en qué medida se redujeron a partir de marzo de 2020. También pidieron a la Corte información sobre cuántas oficinas judiciales estarían preparadas para instrumentar el expediente electrónico, un tema que provocó reclamos durante la pandemia debido a que el rezago del Poder Judicial en el área obligó a detener el funcionamiento del servicio durante los picos de contagios de Covid-19.

    De la respuesta al pedido de informes, a la que accedió Búsqueda, surge que mientras que en 2019 se realizaron 174.501 en los juzgados de distintas materias de Montevideo, durante 2020 fueron 157.967 audiencias (unas 16.500 menos). En el interior del país, por otra parte, la cantidad de audiencias bajó de 80.016 en 2019 a 67.800 en 2020 (unas 12.000 menos).

    “Recibimos la información con preocupación”, dijo Carrera a Búsqueda. “Hay miles de audiencias que no se realizaron”, señaló, y enfatizó el impacto “brutal” que esto tuvo en el interior. “Nos preocupa la poca discusión pública que existió en torno a la problemática del acceso a la Justicia”, añadió el legislador. Por otra parte, criticó las “carencias” en la información que proporcionó la SCJ. Por ejemplo, en su respuesta la corporación no informó cuantas audiencias se realizaron de forma virtual o presencial porque “no cuenta con el dato discriminado”.

    “No se pueden elaborar diagnósticos con carencias de información”, reprochó el legislador.

    La Corte también informó que el nuevo sistema para la tramitación electrónica de expedientes (Sistema de Gestión de Juzgados Multimateria) está ya instalado en 381 sedes del país, pero advirtió que para avanzar en la instrumentación del expediente digital se necesitan más recursos para “garantizar el mantenimiento de los equipos y solventar el crecimiento de los gastos de licenciamiento y software”.

    La “falta de financiamiento estaría imposibilitando el proceso de informatización”, indicó el director general de servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, en la respuesta.