En Uruguay no se aceptan las diferencias, dice experto español que plantea trabajar con los niños para que no aumente la discriminación

“En realidad, Uruguay no acepta las diferencias y, por lo tanto, tiene un problema de discriminación”, dijo Jorge Cardona, abogado español que integra el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Cardona visitó la semana pasada Uruguay junto a Sara Oviedo para analizar las recomendaciones que el Comité realizó sobre la aplicación en Uruguay de la Convención de Derechos del Niño.

El día anterior, Cardona y Oviedo se reunieron con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Allí Cardona dijo que Uruguay “no acepta las diferencias”.

“Las diferencias pueden plantearse por ser afrodescendiente, tener VIH sida, tener una discapacidad, ser niña —porque aunque se haya dado un paso adelante en cuestiones de género, ese todavía es un motivo de discriminación—, ser pobre, vivir en determinado barrio o en una zona alejada. Todas estas cosas no son aceptadas y provocan una expulsión, un gueto de las diferencias, lo cual crea una sociedad discriminatoria”, afirmó.

Cardona sostuvo que para “atacar la no aceptación de las diferencias” y que Uruguay sea una “sociedad inclusiva e integradora” hay que “trabajar con la infancia”. Dijo que también es necesario trabajar con los adultos, aunque “cambiar su mentalidad es muy difícil”.

“Cuando los niños conviven con otros que son afrodescendientes, tienen alguna discapacidad o padecen VIH sida y comprenden que son tan normales como ellos, aceptan la diversidad. Entonces, cuando sean adultos —con el correr del tiempo— podremos tener una sociedad inclusiva e integradora. Sin duda, es mucho más fácil aceptar las diferencias cuando se es niño, porque ellos, en realidad, no las notan. Por lo tanto, trabajar en todos estos aspectos —un trabajo puro de derechos humanos— es esencial para conseguir la inclusión y eliminar la discriminación.

La presidenta de la comisión de Diputados, Gloria Rodríguez (Partido Nacional), se refirió al planteo y agradeció el trabajo de la sociedad civil, que por sus acciones llevó a que se aprobaran “leyes de acciones afirmativas” y que el Estado reconociera que en Uruguay “se discrimina”. Rodríguez se refirió en especial a los niños y adolescentes afrodescendientes, que “sufren mucho la discriminación y, generalmente, son pobres”.

En setiembre de 2004, el Parlamento aprobó una norma que lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Esta semana, el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa, se refirió en una nota con el diario “El Observador” a la llegada al país de inmigrantes y actitudes discriminatorias. Admitió que se dan resistencias sociales a la llegada de determinados grupos. “Todos llevamos adentro un pequeño xenófobo. Muchas veces la gente dice ‘por qué este tiene trabajo y los uruguayos no’ y son cosas que se ven en Europa y en países con problemas de desempleo. Como en tantas otras cosas, la discriminación en Uruguay es velada. No somos efusivamente antinada, pero en la soledad y en conversaciones en voz baja se presenta la forma de pensar. Y pasa también con el sistema de salud: ‘Antes en la mutualista me atendían mejor que ahora porque ahora está lleno de esta gente que metieron acá’. Es el comentario de un país conservador, envejecido, individualista, más allá de la autoimagen que tenemos de que somos unos fenómenos, de que cuando hay una inundación hablamos de la solidaridad uruguaya, que llevamos unos colchones y nos quedamos con la conciencia tranquila”, afirmó.

Cabello rubio.

Cardona también mencionó la “criminalización” y discriminación que sufren los adolescentes. “Si los medios de opinión pública, por ejemplo, cada vez que una persona de cabello rubio comete un delito se dedican a decir que todos los rubios cometen delitos, en poco tiempo las personas con ese color de cabello estarían criminalizadas, que es lo que ocurre con la adolescencia”.

Agregó que “no es con mano dura” que se logrará “reinsertar a los niños en la sociedad”. “Sin duda, para lograr la reinserción y la rehabilitación de niños y adolescentes se deben adoptar medidas alternativas educadoras, porque ingresarlos en prisión es llamar a la reincidencia. Por supuesto, hay que actuar de otro modo, con medidas alternativas, y tenemos ejemplos en ese sentido, porque no hay ningún Estado del mundo que haya reducido la delincuencia aplicando mano dura; ninguno”, afirmó.

Oviedo se refirió a la consulta popular para reformar la Constitución e incluir la baja de la edad de imputabilidad, entre otras medidas. “Si bien en noviembre del año pasado ganó, mediante un plebiscito, la postura de que no se endurecieran las penas, en la práctica ya se hizo. Se ganó algo que ya estaba perdido”, dijo en alusión a que a partir de enero de 2013, los adolescentes que cometan delitos graves (como homicidio, violación, secuestro y extorsión) deberán estar al menos un año privados de libertad.