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“¿Puede alguien dudar de que se trata de un caso evidente de utilización de recursos públicos para beneficio personal? En otros países eso se llama, lisa y llanamente, corrupción. ¿En Uruguay cómo se le llama?”. Con esa reflexión, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres cierra el capítulo previo a las conclusiones de su informe sobre la comisión investigadora del Senado que analizó la gestión de Ancap entre 2000 y 2015.
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El parlamentario repasa definiciones de corrupción, enumera algunos de los hechos investigados en los últimos meses y los relaciona con los resultados políticos y electorales que obtuvo el actual vicepresidente, Raúl Sendic, en los últimos años. Son apenas dos páginas de las 170 que tiene el documento.
En su informe Mieres separó en cuatro categorías de “responsabilidad” los principales asuntos analizados por la comisión: “Responsabilidad general por negligencia e ineptitud en la gestión económico financiera”, “responsabilidades específicas por mala gestión o negligencia en la actuación de las autoridades”, “actuaciones irregulares que no necesariamente implican ilicitud” y “actuaciones irregulares que tienen apariencia de ilicitud”.
“Apariencia de ilicitud”.
A juicio de Mieres, hay seis temas analizados por la comisión investigadora que merecen ser derivados a la Justicia. En primer lugar sitúa a las “adjudicaciones de equipamiento de las plantas de cemento y cal”. Mieres cree que los pliegos de esas licitaciones pueden haber estado “direccionados” para que la empresa FL Smitdh resultara ganadora. Esa empresa obtuvo los contratos de equipamiento para las plantas de cemento de Minas y Paysandú y para la planta de cal de Treinta y Tres.
La “producción y el transporte de cal” es el segundo negocio en el que considera necesaria una investigación judicial. Esa actividad es, a su juicio, irregular desde el inicio ya que se trata de una actividad que no está entre los cometidos de Ancap y que el ente decidió llevar adelante a través de la sociedad anónima, Cementos del Plata. Más allá de eso, Mieres cree que se debe investigar principalmente la “adjudicación directa” a la empresa Pleno Verde del contrato de transporte de cal.
El tercer tema a ser investigado es “el contrato con la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas”. En ese caso, Mieres considera que se violó el Tocaf, “compilado de normas que regulan las compras públicas”, al adjudicar de forma directa a la empresa RN Consultores el contrato de “arrendamiento de obra”.
Además, 1 millón de dólares pagado por Ancap a la Armada fue destinado a compras para montar el astillero y eso no estaba previsto en el objeto del contrato. Por último, aunque el remolcador ya estaba en condiciones de ser utilizado en setiembre de 2014 Ancap no hizo uso de él y mantuvo el arrendamiento de otro privado.
En cuarto lugar, Mieres considera que el ente no cumplió con “los trámites de algunas importaciones de petróleo, propano y butano”. De esa manera, la empresa habría incurrido en “infracción aduanera” y el parlamentario cree que la Justicia debe analizarlo.
También considera que “la gestión de la publicidad” de la empresa debería ser investigada. Ese es el quinto tema que Mieres pretende derivar a la Justicia.
El senador asegura que la adjudicación a la agencia La Diez “está caracterizada por notorias irregularidades” y que en la licitación se le dieron “ventajas evidentes”. En este caso, Mieres considera que puede existir un accionar ilícito también de la agencia publicitaria.
El último tema que, según el senador, la Justicia debe investigar es “el acuerdo transaccional con Exor”. Esa empresa reclamaba a Ancap U$S 15 millones por “su participación frustrada en el primer acuerdo de cancelación anticipada de deuda” de Ancap a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Aunque la petrolera estatal tenía “todas las posibilidades” de ganar el juicio a Exor, decidió acceder a un “acuerdo transaccional”. Eso le costó U$S 3,1 millones y además debilita su posición ante la posibilidad de un nuevo juicio.
A esos seis hechos en los que considera necesaria la intervención judicial, se suman 14 irregularidades que “no configuran ilícitos” y siete en los que hubo “responsabilidades específicas por mala gestión”. Aunque no están numeradas, Mieres relata también diversas situaciones en las que observa “responsabilidad general por negligencia e ineptitud”.
“Solo una enorme negligencia y mala administración puede explicar que Ancap, la empresa más grande del país, que funciona en régimen de monopolio en buena parte de sus rubros, en un contexto de crecimiento de nuestra economía como nunca antes en la historia, con un precio de dólar bajo y un precio de crudo sin grandes incrementos, cae en situación de insuficiencia patrimonial haciendo necesaria la urgente capitalización por parte del Estado”, afirma.
