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    En la refinería de Ancap, en las empresas forestales y en una papelera prima lo productivo por sobre la seguridad laboral, según un análisis

    Quemaduras, cortes, quebraduras, lesiones en la espalda y cintura, tendinitis, son algunos de los riesgos físicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la refinería de La Teja, de una industria papelera y de varias empresas forestales. Si bien en dichas actividades están previstas medidas de seguridad, existen “factores potenciadores” de los peligros asociados con el sistema de regulación de la productividad y el régimen horario.

    Eso produce un “divorcio entre las políticas de gestión de recursos humanos, productividad y seguridad que intervienen en la definición de los umbrales de riesgo y en la existencia de potenciadores. En todos los sectores y empresas, la toma de riesgos y los desvíos son aceptados y tolerados como parte de la actividad cotidiana”, afirma la magíster en Sociología Soledad Nión. Está “naturalizada la preeminencia de lo productivo sobre la seguridad y la salud” de sus trabajadores, remarca en un análisis publicado en la última edición de la “Revista de Ciencias Sociales” presentada el martes 10.

    Nión se basa en información relevada para estudios publicados hace algunos años —en los que ella participó como investigadora— en La Teja, en tres firmas forestales y en una fábrica de papel, que no identifica. Para el análisis tuvo en cuenta las características de las empresas, las condiciones de empleo, el desarrollo normativo-jurídico en relación con la seguridad y la salud laboral, las herramientas de gestión de la seguridad existentes, así como el perfil de la plantilla y el impacto que dicha actividad tiene en el contexto de residencia inmediato del colectivo de trabajo.

    La socióloga —quien es profesora asistente del Departamento de Sociología de la estatal Facultad de Ciencias Sociales— explica que los umbrales aceptables de riesgo son una negociación “precaria y cambiante” en la cual inciden los recursos de poder de los actores, los valores, reglas de comportamiento, la experiencia cotidiana, y las relaciones de comunicación y confianza que establecen con otros. Implican, por tanto, una “construcción social colectiva que se da de manera implícita en sus rutinas de trabajo”.

    En los rubros que analizó, la seguridad operacional se basa sobre todo en medidas reactivas y no en estrategias proactivas, porque “está naturalizada la preeminencia de lo productivo sobre la seguridad y la salud”. Eso limita la adopción de un esquema de seguridad sustentable, plantea.

    En todos los casos existe —dice la autora— un “doble juego” entre la seguridad laboral normativa y la seguridad operacional, y la “toma de riesgos y los desvíos son aceptados/tolerados en pro de la productividad”, asegura. Así, los conflictos entre las políticas de seguridad y las de producción “traducen los desajustes entre las normas (lo prescripto, lo declarativo, la regulación de control) y la realidad. (…) Existe falta de legitimidad tanto de las áreas como de sus políticas de seguridad”.

    Dinero o seguridad.

    En la planta de La Teja, donde trabajan unos 300 operarios, se procesan al año algo más de dos millones de metros cúbicos de petróleo y materias primas intermedias. En 2014 hubo 49 accidentes en el área de negocios energéticos de Ancap que hicieron perder 1.464 días de trabajo, de acuerdo con la memoria anual del ente.

    Según el análisis de Nión, una modalidad que parece ampliamente adoptada por los trabajadores de la refinería es buscar incrementar el salario mediante las suplencias entre turnos y en los días libres, por lo que un efecto potenciador podría ser la falta de un adecuado descanso entre jornadas laborales.

    Son trabajadores de media y alta calificación, con contratos estables.

    Empleados de La Teja entrevistados para una investigación citados por la socióloga explicaron que, aun teniendo cierta estabilidad económica, priorizan los ingresos por sobre las medidas de seguridad. Asumen que actúan bajo la lógica de la “sociedad de consumo”.

    Allí la gestión de la seguridad laboral encuentra sus límites en la premisa de “no poner en riesgo el negocio”, sostiene la autora. En lo individual, ello se traduce en no afectar el “nivel de vida” representado por la capacidad de consumo.

    En la refinería existe un alto desarrollo de políticas de seguridad laboral en comparación tanto con las empresas forestales como con la del sector papelero. En este último caso las condiciones de mantenimiento de la planta y las dificultades de relacionamiento entre Gerencia y sindicato han derivado en dificultades para la implementación en los hechos de dichas políticas desarrolladas desde las Gerencias. Además, la papelera —cuyo personal tiene un nivel educativo medio-bajo y son en su mayoría residentes de la localidad donde funciona esa industria— carece de una oficina activa de seguridad y de capacitación en estos temas, lo que opera como un potenciador de los riesgos intrínsecos a la actividad, según Nión. Si bien el vínculo laboral es mediante contratos, el pago es por jornal trabajado.

    En la forestación, la gestión de la seguridad se enfrenta a la necesidad de no poner en riesgo la oportunidad de empleo —en un mercado de trabajo precario y hostil— como fuente del sustento familiar. Los contratos temporales asociados a la zafralidad, entre otros factores, predominan como forma de vínculo en el rubro; la “lealtad al contratista” y el “rendir bien” son los “comodines” para lograr mantenerse en el mercado de manera ininterrumpida, señala. El pago es a destajo, generalmente con mínimos y máximos de producción.

    En ninguno de los casos existen, de acuerdo con los entrevistados, sanciones específicas hacia los desvíos en materia de seguridad. La refinería cuenta con un departamento de seguridad industrial que, si bien es legitimado como el saber experto en materia de seguridad, no es visualizado como con el poder suficiente para imponer su lógica dentro de la organización.

    Las posibilidades de reflexión colectiva en torno al riesgo y las culturas de seguridad son diferentes en los tres sectores. En el caso de la refinería, existe un alto grado de sindicalización que, si bien tiene posibilidades de participación en los temas de gestión de la seguridad, “se resigna por considerar que la orientación principal de la empresa es la de una organización de carácter productivo”, subraya la socióloga.

    En la empresa papelera hay un sindicato consolidado pero ello no es aprovechado por las Gerencias para el desarrollo de las políticas de seguridad, asegura. Además, plantea que las “desviaciones se aceptan dentro de un marco de confianza hacia el saber de los trabajadores (mermado en parte por la migración a otras empresas y la escasez de personal de mantenimiento) y en pro de la puesta en común de las partes para lograr que la empresa salga adelante productivamente (como forma de conservar la fuente de empleo)”.

    En la forestación, según Nión, prima una “cultura de la seguridad fatalista: se percibe como por fuera de sus posibilidades de acción, lo que deja paso más bien a estrategias defensivas de las condiciones laborales”.

    La socióloga plantea que, paradójicamente, en aquellos casos en los que el pago no es a destajo ni tienen establecida una remuneración variable, como en La Teja o en la fábrica de papel, los “potenciadores” de riesgos de accidentes de trabajo tienen que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones y las “presiones” para elevar la productividad que reciben desde sus Gerencias y las jefaturas más inmediatas.