Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), presentará hoy, jueves 7, su postulación ante el Parlamento para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que se renovará a partir del 1º de setiembre. De esta manera, se suma a una lista de exjerarcas que se desempeñaron durante las administraciones del Frente Amplio (FA) en distintos cargos y hoy apuestan a integrar la institución.
En las quinielas políticas figuran Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y el exdiputado frenteamplista y también exvicepresidente de OSE Daoiz Uriarte.
A estos postulantes se suma la nominación del abogado Javier Palumbo, coordinador de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde el viernes 1° y hasta el próximo lunes 11 hay plazo formal para presentar las nominaciones ante una comisión bicameral parlamentaria especial encargada de analizarlas y luego proponer las candidaturas que serán definidas antes del 1° de agosto.
Licenciado en Ciencias de la Educación, docente y asesor del servicio penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Saavedra dijo ser consciente de la situación que atraviesa la Inddhh —que ha recibido críticas desde organizaciones sociales por la politización y “el reparto de cargos”— por lo que prefiere ser “cauto” sobre la realidad del organismo.
“No quiero herir ninguna susceptibilidad y soy muy respetuoso de la tarea que se ha hecho. Respeto a la gente que ha trabajado y las expresiones de algunas organizaciones, cuya preocupación comparto porque conectan con aspectos muy sensibles”, afirmó a Búsqueda el exdirector de Dinali, que también fue subdirector de cárceles y responsable del Polo Industrial del Comcar.
La postulación de Saavedra es respaldada por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong), la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) y las ONG Idas y Vueltas y El Abrojo, entre otras.
Por su parte, Villarreal, el exsecretario de DDHH de la Presidencia, también será postulado para la próxima directiva. Este filósofo y docente universitario dijo a Búsqueda que “hay muchas variables en juego”, pero “la clave está en fortalecer una institucionalidad que garantice el respeto y la efectivización de los derechos humanos donde los organismos autónomos de lo partidario son fundamentales”.
Según su visión, los Estados democráticos garantistas de los derechos en su integralidad reclaman defensores del pueblo y de los ciudadanos ante los abusos de los propios Estados. En esa línea, se planteó “avanzar en la defensa de la dignidad humana y fortalecer la institucionalidad para sostener una democracia plena”.
“Los poderes del Estado deberían fortalecer y profundizar esta perspectiva, y la sociedad organizada ha de entenderlo como el instrumento de la defensa de derechos para todas las personas, colectivos y sociedad en su conjunto, partiendo de aquellos con mayor vulnerabilidad para dar garantías de igualdad”, dijo.
Por su parte, Uriarte —exdirigente de la Vertiente Artiguista, sector del cual se desvinculó hace un par de años— dijo que aspira a oficiar de “contralor” en una organización como la Inddhh desde su condición de expreso político, profesor y director del Instituto de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).
El exlegislador y jerarca de OSE dijo tener vínculos con varias organizaciones en defensa de los DDHH y contar con el respaldo de Crysol, la asociación que nuclea a los expresos políticos, entre otras ONG. Sobre su pasado frenteamplista, Uriarte negó que sea un impedimento: “Todas las personas, salvo que tengan incompatibilidad, tienen algún corazón político; eso no se puede evitar, y mi caso es conocido. Pero cuando uno está en un cargo de ese tipo, tiene la obligación de guiarse por la normativa y abstenerse de toda actividad partidaria”.
La Inddhh es un órgano colectivo —integrado por cinco miembros— que controla a todos los poderes y organismos del Estado para garantizar que las personas no se vean vulneradas en sus derechos. Funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.
Según la ley, los directivos de la Inddhh deben ser designados por mayorías especiales —dos tercios de los votos de la Asamblea General—, y, ante una segunda convocatoria, podrán ser elegidos por mayoría simple, en los 20 días siguientes. En tanto, los postulantes deben ser “personas de alta autoridad moral”, “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, y no haber desempeñado cargos públicos o de confianza política dos años antes de la designación.
Politización
Las nuevas postulaciones llegan en momentos en que decenas de organizaciones de la sociedad civil vienen manifestando su preocupación por el “cambio de criterios” en la elección del nuevo consejo directivo de la Inddhh, según una carta pública, fechada el lunes 4 y difundida al otro día por la diaria.
“Desde el sistema político pretenden violentar la ley y convertir a la institución en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición”, y esto representa “un nuevo ataque” a la institución”, expresaron en su misiva más de 50 organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y el PIT-CNT.
El artículo 39 de la Ley 18.446, que creó la Inddhh, establece que podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la Inddhh.
No obstante, en los hechos queda en manos de los partidos políticos la decisión final sobre la inclusión o no de un postulante del consejo. En la coalición gobernante se descuenta que el oficialismo elegirá a cuatro de los cinco integrantes del directorio y la oposición nombrará al restante. Así, el Partido Nacional designará a dos miembros, mientras que colorados y cabildantes elegirán a uno cada uno.
Cabildo Abierto (CA) ha sido muy crítico con la Inddhh. El presidente y senador cabildante, Guillermo Domenech, llegó a decir que el organismo es “innecesario”, y su par Raúl Lozano cuestionó que esté “focalizado solamente” en la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985). El partido liderado por el también senador Guido Manini Ríos estudia las “inconstitucionalidades” en la conformación de la Inndhhh, con base en señalamientos de los abogados Juan Andrés Ramírez y Martín Risso Ferrand. (Búsqueda N° 2.174).
Para la bancada nacionalista, la pertinencia de la Inddhh no está en duda, pero varios de sus integrantes entienden que debería tener un perfil “menos político”. En filas blancas se considera la reelección de la directora Mariana Blengio. Otro nombre en danza es el de Marcos Israel, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, que ya había sido postulado en 2017 como alternativa a Blengio.
Fuentes de la bancada frenteamplista dijeron a Búsqueda que buscarán aprobar una nómina de cinco candidatos propuestos por las organizaciones sociales, sin contemplar ningún tipo de “criterio político”.
