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Si es necesario crear un ingreso básico jubilatorio; si se debe modificar por ley la edad mínima exigida para poder retirarse o alcanza con dar incentivos para que trabaje más años; o qué diseño darle a un esquema de jubilación parcial, son algunas de las cuestiones que vienen discutiendo los delegados de los partidos oficialistas y del Frente Amplio, así como de algunas organizaciones sociales. Pero el mandato dado a esa Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) es abordar, también, debilidades del sistema previsional uruguayo que son, políticamente, incluso más sensibles que esas, como los regímenes de retiro particulares del personal de las Fuerzas Armadas y otros colectivos.
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La CESS, con sus 15 miembros y el apoyo de una secretaría técnica, se instaló a fines del año pasado y elaboró un diagnóstico del sistema que no logró consenso, entre otras cosas por las referencias a la llamada “caja militar”. Ahora están corriendo los 90 días de plazo que tiene para entregar al Poder Ejecutivo un documento con propuestas de reforma para que después este arme un proyecto de ley con el propósito —entre otros— de darle sustentabilidad financiera de largo plazo al conjunto del sistema.
Es que varios organismos de seguridad social son deficitarios y requieren de asistencia financiera estatal, ya sea por la vía de transferencias directas de dinero desde Rentas Generales o recibiendo parte de lo recaudado por tributos, como los “timbres” en el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y la Prestación Complementaria Patronal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), que es un gravamen sobre los activos financieros que llega a representar 22% de los ingresos totales de ese subsistema.
La contribución fiscal o equivalente en total para financiar esos déficits alcanzó a $ 131.509 millones en 2019, equivalentes a unos US$ 3.757 millones de ese año y aproximadamente 6,7% del Producto Bruto Interno.
Si bien el Banco de Previsión Social (BPS) —el subsistema más relevante en cantidad de activos y pasivos— recibe la mayor parte de esa asistencia total, en la “caja militar” fue el doble y en la “caja policial” significó 1,74 veces la del BPS, si se calcula el dinero transferido por cada jubilado respectivo. Y con una cifra superior a los 12.000 jubilados, la CJPPU recibió 1,57 veces más de asistencia e impuestos afectados que el BPS. En el caso del subsistema previsional de los empleados bancarios, la relación fue de 1,83, incluyendo en el cálculo el tributo previsto en la ley de reforma de esta caja aprobada en 2008 (N° 18.369).
A los efectos de simplificar el análisis, esas comparaciones —con datos del 2019 informados por la propia CESS— fueron realizadas teniendo en cuenta exclusivamente el número de jubilados, dejando de lado a los pensionistas y otras prestaciones no contributivas pagadas por los distintos organismos de seguridad social.
El BPS pagó un total de 463.062 jubilaciones, que fueron el 85% del total del sistema en ese año (ver cuadro). Recibió como transferencias $ 99.687 millones, es decir, el 76% de la asistencia global.
El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas sirvió 36.893 jubilaciones y, para cubrir su déficit, recibió de Rentas Generales unos $ 15.900 millones (12,1% de las transferencias globales a la seguridad social). Por su parte, fueron unas 19.200 las jubilaciones pagadas a retirados policiales, cuya “caja” debió ser asistida con $ 7.176 millones (5,5% del total).
Si se suma a la transferencia directa estatal la recaudación de la prestación patronal complementaria, el subsistema de los bancarios recibió casi $ 4.600 millones, es decir 3,5% de la contribución fiscal o equivalente dada al conjunto de la seguridad social. Un apoyo algo menor requirió la CJPPU: $ 4.154, que significaron 3,2% del total.
La Caja Notarial es la que presentó números más equilibrados.
Equidad
El BPS, las tres cajas (profesionales, escribanos y bancarios) y los servicios de retiro militar y policial pagan a sus jubilados pasividades promedio muy distintas. Eso obedece a varias razones, como la cantidad de años aportados por los trabajadores afiliados, el salario de referencia tomado para el cálculo de la tasa de reemplazo, el nivel de actividad en el caso de ciertas profesiones. Incluso, dentro de cada subsistema los montos de las jubilaciones difieren, en algunos de manera sustancial: si se divide a los beneficiarios en cinco (quintiles) según lo que perciben, en el BPS el primer grupo cobró $ 10.960 nominales en 2019, frente a casi $ 60.000 cobrados por el quintil de jubilación más alto. La brecha es también amplia en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ($ 15.176 y $ 179.742) y los sistemas de militares ($ 12.400 y $ 108.127) y policías ($ 18.386 y $ 90.959).
Teniendo en cuenta esa situación y la asistencia fiscal entregada a los diferentes subsistemas, la información disponible sugiere que la asignación actual de las transferencias profundiza la inequidad de las jubilaciones a partir de un efecto de distribución regresiva de la contribución que hace la sociedad.
