Según Pérez Manrique, la Corte actuó este año como un verdadero “tribunal constitucional”, como sucede en Europa, cumpliendo con “la tarea de asegurar la primacía de la Constitución en el orden jurídico nacional”.
Incluso el ministro de la Corte sugirió como una alternativa para evitar tantas inconstitucionalidades que se realice un control previo de las leyes y no a posteriori como es en el sistema actual.
“En algunos países como España, Chile y Francia, inclusive se prevé el control preventivo o previo de constitucionalidad para evitar el dictado de leyes inconstitucionales”, señaló.
Consultado acerca de si esta es una buena opción para Uruguay respondió: “Está en el menú de respuestas posibles, generalmente reservado a cierto tipo de leyes. Tiene sus dificultades en cuanto eventual limitación de facultades del Poder Legislativo”.
El magistrado recordó que en la Corte no existen mayorías fijas porque algunas de las acciones de inconstitucionalidad planteadas también fueron rechazadas. Como ejemplo mencionó el caso de la patente única que recientemente fue rechazado por la mayoría de la corporación por entender que el accionante carecía de legitimación para plantear el caso.
“En lo personal he votado en uno u otro sentido. Es esencial en el regular juego de las instituciones en el Estado de derecho, que un poder independiente y con integración diferente a los surgidos de la representación popular, actúe como contralor de la regularidad jurídica de la legislación y asegure su apego a la Constitución”, razonó.
“El inicio”.
Pérez Manrique, a diferencia de sus cuatro colegas que integran la Corte, votó a favor de la constitucionalidad de la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y de la norma que eliminó la “ley de caducidad”.
Ambas leyes fueron declaradas inconstitucionales en febrero, apenas se levantó la feria judicial, y marcaron el inicio de un año muy complejo para la Corte. En resumidas cuentas la ley del ICIR fue declarada inconstitucional porque la Carta Magna dispone que “la propiedad inmueble rural únicamente puede ser gravada mediante impuestos departamentales o nacionales de carácter adicional de inferior cuantía a los departamentales”. La norma que eliminó en los hechos la “ley de caducidad”, en cambio, afectaba principios constitucionales básicos, según la mayoría de la corporación, como son el principio de legalidad y el del debido proceso legal, por aplicarse de manera retroactiva normas procesales penales más gravosas.
La inconstitucionalidad del ICIR generó críticas en el gobierno, debido a que la creación de ese instrumento fue una de las principales medidas económicas de la administración del presidente José Mujica. La caída de la norma contra la “ley de caducidad”, por su parte, mereció la crítica de organizaciones sociales vinculadas a la defensa de derechos humanos y también implicó el reproche de diversos funcionarios internacionales que criticaron a la SCJ, entre ellos el ex juez español Baltasar Garzón.
Por si algo le faltaba al segundo mes del año, el 15 de febrero se produjo otro episodio que mantiene relevancia hasta hoy, porque existe una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que permanece en trámite. Ese día la Corte dispuso por unanimidad el traslado de la jueza Mariana Mota desde una sede penal a una civil. Mota se había convertido en una activista en las causas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y de hecho tenía más de 50 expedientes de ese tipo en la sede que dirigía. La jueza había adquirido protagonismo público por tener un rol importante en una serie de hechos polémicos. En primer lugar negó el principio de inocencia en un juicio a un militar retirado, luego participó en la “marcha del silencio” que organiza todos los años el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y criticó la política de derechos humanos del presidente José Mujica en una entrevista con el matutino argentino “Página 12”.
El traslado de Mota implicó la ocupación de la sede de la Corte durante más de tres horas y una denuncia penal que derivó en el procesamiento sin prisión dictado por la ex jueza penal Gabriela Merialdo por el delito de “asonada” contra siete militantes, entre ellos Irma Leites y Jorge Zabalza.
A esto se suma que el día que Peñarol ganó el Campeonato Uruguayo se produjeron destrozos y robos en el Palacio Piria y en el Palacio de los Tribunales. Sobre este hecho existen dos versiones al interior de la propia Policía: unos consideran que en los festejos había manifestantes de izquierda radical infiltrados y otros creen que se trató de una mezcla de hinchas con delincuentes comunes que aprovecharon la situación para robar.
Lo cierto es que a partir de ese momento comenzó a ser frecuente que la sede de la Corte estuviera vallada y con presencia policial ante cualquier manifestación o festejo que se hiciera en el centro de la ciudad. Incluso el ingreso al Palacio Piria —que antes se hacía sin ningún protocolo— debe realizarse dejando la cédula en la entrada y pasando por un detector de metales. Según supo Búsqueda, desde ese momento las medidas de seguridad de los ministros se incrementaron por temor de algún tipo de atentado o incluso algún “escrache”. Uno de ellos comentó apesadumbrado, que habían dejado de ser “anónimos que pueden caminar tranquilamente por la calle” y que no termina de acostumbrarse a la imagen de una Corte vallada “en un país republicano como Uruguay”.
Este combo generó un clima enrarecido y ameritó duras expresiones de legisladores oficialistas que comenzaron a hablar de la necesidad de “democratizar” el Poder Judicial al estilo de lo que sucedía en Argentina, donde se aprobó una reforma del Consejo de la Magistratura que implicaba aumento de miembros y votación popular de algunos cargos.
En esa oportunidad el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo: “Estamos ante uno de los poderes más opacos de la institucionalidad uruguaya. (...) Eso lleva a la necesidad de una democratización de la Justicia a la uruguaya. Hay que buscar más transparencia”. Y el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) —el mismo sector del presidente Mujica— Alejandro Sánchez añadió que las decisiones de la Corte demuestran que es “la última trinchera de combate de la derecha” (Búsqueda Nº 1.711).
Reunión.
Más aún, una reunión celebrada a mediados de mayo contribuyó a generar un clima de malestar con la Corte. En lo que fue interpretado como un “tirón de orejas” hacia la mayoría de la corporación, una nutrida delegación de representantes del Poder Ejecutivo encabezada por el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, por el Canciller Luis Almagro y por los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Ricardo Ehrlich (Educación), visitó el edificio de la SCJ para transmitir que existía preocupación internacional por los fallos sobre derechos humanos. La voz cantante de esa reunión la llevó el ministro Almagro, quien señaló que el Estado es “uno solo”, por lo que Uruguay puede verse expuesto a responsabilidad internacional. Luego de que trascendiera la reunión, los ministros de la corporación precisaron que el encuentro se generó en un buen clima y que no sintieron que se les efectuara “reproche alguno” (Búsqueda Nº 1.713).
Pero el 2013 tenía preparadas más sorpresas en el ámbito judicial, porque cuatro leyes más fueron declaradas inconstitucionales por la corporación. Una Corte integrada de manera especial declaró inconstitucional una de las leyes de Rendición de Cuentas que obligó al Centro de Estudios Judiciales a dar cursos de derechos humanos para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el “caso Gelman”, pero que no le otorgó los recursos necesarios para hacerlo. La sentencia dice —nada menos— que se vulneró el principio de separación de poderes.
El artículo 5 de la ley 18.756 obliga a los propietarios de tierras a ofrecerlas primero al Instituto Nacional de Colonización en caso de que deseen venderlas. La Corte entendió que esa norma afectó los principios de igualdad y seguridad jurídica, entre otros.
Una Corte integrada por ministros de Tribunales de Apelaciones también entendió en dos oportunidades que la ley 18.738, que quitó un aumento de sueldo otorgado a varios jerarcas, era inconstitucional. Una de esas declaraciones tiene gran implicancia presupuestal debido a que deja abierta la puerta para un aumento de sueldo a más de 400 jueces que iniciaron la acción de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de ello, de estas últimas la inconstitucionalidad que generó mayor repercusión fue la que declaró contrarios a la Carta Magna tres artículos de la ley que creó el fideicomiso de Pluna. Esa decisión de la Corte —basada en que la norma violaba los principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes— desató una tormenta política en el oficialismo, con un final aún incierto. Por lo pronto ya ameritó la interpelación a los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) y una denuncia penal por presunto prevaricato al abogado Ricardo Olivera García, uno de los redactores de la norma. También implicó que los trabajadores de la ex Pluna inquirieran al Ejecutivo sobre la viabilidad de la cooperativa Alas-U.
Y como era previsible, la sentencia generó nuevas fricciones a nivel de los poderes del Estado. El diputado Sánchez volvió a la carga y acusó a los ministros de la Corte de poner “palos en la rueda” al desarrollo del país.
“Lo que se intenta con estos fallos es judicializar la política y no dejar hacer nada”, se quejó (Búsqueda Nº 1.739).
El ministro Jorge Chediak pareció contestarle a Sánchez cuando afirmó en una conferencia en el Rotary Club que la SCJ no es una máquina de trancar sino de “frenar” las malas leyes opuestas a la Carta Magna (Búsqueda Nº 1.742).
Lo cierto es que ya se anunció que van a ser impugnadas varias de las leyes que fueron aprobadas o que están en carpeta del oficialismo, como la que regula el mercado de la marihuana, la ley de faltas, que tiene un dictamen contrario del fiscal de Corte, o la llamada ley de medios. En la Corte prevén que el 2014 también va a ser un año complicado.
