En un giro estratégico, el Brasil del PT ahora apela al sector privado

Está previsto que cerca de la mitad de las inversiones se realice en los próximos cinco años, una apuesta del gobierno para reducir los costos de producción de Brasil, aumentar su competitividad y reanimar una economía que este año crecerá menos de 2% según estimaciones privadas. Lejos de ser algo aislado, el paquete fue presentado como la primera tanda de una lista de nuevas concesiones que pronto incluirá también aeropuertos y puertos. El Ejecutivo brasileño ya privatizó en febrero la administración de tres de las principales terminales aéreas del país: Guarulhos (Sao Paulo), Brasilia y Campinas, por un monto total equivalente a unos U$S 12.000 millones, 348% más que el mínimo exigido.

Todo esto ocurre en una fase de enfriamiento de la economía brasileña, que pasó de crecer 7,5% en 2010 a apenas 2,7% el año pasado. La expansión lograda en el primer semestre de este año es considerada la más baja del club de potencias emergentes conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

Al igual que el primer gobierno del PT presidido por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), la administración Rousseff procuró inicialmente estimular la economía con medidas fiscales para incentivar el consumo doméstico y la producción industrial, junto a una desvalorización del real frente al dólar para abaratar las exportaciones y un recorte de la tasa básica de interés desde 12,5% a mediados de 2011 hasta 8% actual, un mínimo inédito para el país. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño aumentó en junio 0,75%, el mejor desempeño en 15 meses, el gobierno concluyó que recuperar las altas tasas de crecimiento requerirá de más medidas.

En un país donde el transporte de bienes insume el doble del tiempo que en China y exportar un container demanda el doble de dinero, la nueva apuesta de las autoridades es mejorar la infraestructura con inversiones privadas y posiblemente recortar impuestos a la electricidad para reducir el costo país. “Es un cambio importante del foco de la política macroeconómica, porque significa actuar del lado de la oferta y no más del lado de la demanda. Es dar estímulos que reduzcan los costos de producción, que aumenten la productividad de la economía para todos los sectores”, explicó Margarita Gutiérrez, profesora de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

Apelar a la iniciativa privada fue para muchos observadores una nueva muestra de pragmatismo de Rousseff, debido a las restricciones que enfrentaba para aumentar la inversión federal en infraestructura (que apenas suma 1,1% del PIB sin contar la construcción de viviendas, según la revista británica “The Economist”). “Es el gobierno asumiendo que no tiene condiciones de hacer esas inversiones, entonces se las está dando a la iniciativa privada, sea a través de contratos de concesión o de modelos de asociación público-privada que aún no están definidos”, dijo Gutiérrez en diálogo con Búsqueda.

¿Privatizaciones?

Los analistas advierten empero que la nueva estrategia de Rousseff deberá sortear diferentes obstáculos potenciales para cristalizar, como trabas burocráticas, normas de protección ambiental y, evidentemente, la desconfianza que genera el sector privado en parte de la base izquierdista del gobierno.

A pocas semanas de las elecciones municipales en Brasil, el principal grupo opositor del país, el Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, salió de inmediato a marcar el cambio de rumbo gubernamental. En una nota divulgada en los medios y firmada por su presidente nacional, Sergio Guerra, el PSDB saludó irónica y públicamente “a la presidenta Dilma por haber adherido al programa de privatizaciones, desarrollado por el partido durante años, como una de las formas de acelerar la inversión en infraestructura”.

El PT acusó de inmediato el golpe en una zona sensible para su militancia y dirigencia, y respondió con un comunicado firmado por su presidente nacional, Rui Falcao. El texto indicó que el paquete anunciado por Rousseff supone “una continuación” de la política del gobierno de Lula y negó que implique privatizaciones en el sentido de vender patrimonio público. “El gobierno está, eso sí, realizando asociaciones con empresarios para ampliar la infraestructura del país y beneficiar a la población”, concluyó.

La polémica tuvo lugar cuando los sindicatos de empleados públicos tradicionalmente vinculados al PT plantean el mayor desafío hasta la fecha al gobierno de Rousseff, con una serie de protestas en demanda de mejoras salariales equivalentes a más de U$S 45.000 millones que ha afectado diversos servicios públicos del país. Esto incluye una huelga de profesores de las universidades federales que ya cumple tres meses, policías federales que causaron congestiones en aeropuertos trabajando a reglamento y funcionarios de la Cancillería que anunciaron esta semana la paralización de servicios diplomáticos dentro y fuera de Brasil, como la emisión de visas o pasaportes.

Aunque las protestas sindicales están aún lejos de parecerse a una huelga general, Rousseff se ha mostrado firme en rechazar las demandas aduciendo que sus prioridades actuales pasan por acicatear la economía, con control del gasto público y la inflación. Puede haber espacio para la negociación, pero el riesgo para el gobierno es que las protestas sindicales se extiendan hasta paralizar realmente el país, justo en momentos en que la presidenta busca atraer el interés de inversores privados.

A diferencia de las medidas de estímulo al consumo, la nueva apuesta brasileña tardará tiempo en mostrar sus frutos. Rostagno evaluó que el año que viene, una vez concluidas las primeras licitaciones, tal vez se comiencen a notar efectos modestos en la economía, pero los grandes beneficios de tener una infraestructura más barata y eficiente en Brasil recién se verán en una década. A su juicio, ahora el país paga el precio de la “estrategia errada” adoptada por el gobierno de Lula ante la crisis global de 2008, con un aumento del gasto público en vez de incentivar las inversiones. “Un paquete de esa magnitud podría haber sido adoptado antes”, dijo. “Ahora se está redirigiendo la economía para una estrategia más a medio y largo plazo, y no a corto plazo, como ocurría antes”.