Una chica pálida, rubia y con acento de extranjera explica las reglas de juego. Por día se pueden comprar hasta cinco gramos de marihuana y se debe indicar una previsión de cuánto será el consumo mensual, un número cualquiera entre 10 y 80 gramos. “Si consumes más o si consumes menos, no pasa nada”, dice ella. Hay que pagar una cuota inicial de 20 euros, que se volverá a pagar al renovar la solicitud un año después, y esperar 24 horas para comprar marihuana. “Si no recargas tu tarjeta, no pasa nada, solo se acabará tu crédito. Y si no pagas la renovación, dejas de ser socia y ya”, dice. Ahora, para obtener el carnet, hay que acreditar la residencia en España. La periodista lo consigue explicando que solo tiene documentos uruguayos y dando una dirección madrileña, vencida hace más de dos años. “Si no, pones mi dirección y ya está”, ofrece Juan. Así como lo hizo él, cada nuevo socio queda habilitado a presentar nuevos miembros. Y pueden ser hasta cuatro a la vez.
Para comprar los productos hay que acreditarle dinero a la tarjeta de socio, pero eso se hará solo en la recepción. “Allí adentro no se maneja efectivo, nunca saques efectivo”, dice la chica, que parece nórdica, y señala la puerta vaivén. Así empiezan las advertencias.
En España se calcula que existen 500 clubes, que viven gracias a un vacío jurídico. La ley establece que es ilegal el tráfico de drogas, así como el cultivo destinado al tráfico o promoción del consumo de drogas. Pero no dice nada sobre el cultivo o la compra con fines personales. En 1974, el Tribunal Supremo interpretó el Código Penal vigente y señaló que el consumo de marihuana no es ilegal. Pero ningún legislador lo puso en papel. El año pasado, un tribunal paró el proyecto de Rasquera, un municipio en la provincia de Tarragona que iba a permitir que una asociación plantara en un predio municipal para combatir la crisis financiera.
“Lo que estás haciendo no es ilegal, pero sí es ilegal si prendes un porrito en la calle o si transportas marihuana en la vía pública”, dice la chica nórdica. “Si compras en el club y te lo llevas a tu casa tenlo siempre en tu ropa íntima. Porque allí la Policía no puede registrarte sin tu permiso. Si la Policía te para en la calle y te registra allí, no está haciendo las cosas bien. Ellos luego te pedirán que firmes un papel, en el que declaras que te han registrado acatando las leyes, pero no lo firmes. No les firmes ningún papel. Nosotros, si es necesario, te daremos asesoramiento legal”.
Lo que sí se firma en ese momento es el consentimiento de ingreso al club, donde se declara ser mayor de 21 años, haber sido informado sobre las reglas y se certifica si se quiere o no recibir noticias a través de un correo electrónico. Y entonces se recibe la tarjeta de socio, apenas un plástico blanco con un código QR y un número de cuatro cifras. “Siempre que vengas hazlo con el carnet y un documento con foto, no podemos dejarte pasar si no vienes con un documento con tu foto”. Son las últimas palabras que dice la chica antes de atravesar la puerta vaivén.
En el limbo.
“Es en el número 59, pero mira que no tiene numeración”. Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña (Catfac), recibe a Búsqueda en la otra punta de la ciudad. Alguien sube la reja de un galpón y él aparece. Es otro club, Pachamama, uno de los 100 que integran un sistema de autorregulación que ellos llaman “código de buenas prácticas”.
“Los clubes no estamos regulados, pero todas las leyes a las que podemos acogernos las tenemos que cumplir al máximo. Nuestro modelo se basa en las buenas prácticas, en todos los sentidos que se nos han ido ocurriendo y que hemos podido asumir”, explica.
Durante toda la entrevista la periodista tendrá una identificación de “visitante”. En Pachamama el aspirante a socio debe presentar un registro catastral de Cataluña, esperar 15 días para ser habilitado y otros dos meses (es decir hasta la próxima cosecha) para comprar su primera dosis de marihuana. El club le avisará trimestralmente si está comprando más o menos de lo que declaró como previsión de consumo mensual, para que esa cifra sea lo más real posible. Cada socio puede presentar hasta 10 personas al club, que, en total, no puede exceder los 500 miembros. Los pagos son por cuenta bancaria, cada socio se lee los estatutos y hasta se aconseja fumar dentro del club, transportar fuera la menor cantidad posible y, de hacerlo, que sea en recipientes herméticos que indiquen un uso médico.
“Llevamos 20 años trabajando un modelo de autorregulación donde ha primado la autogestión, la democracia, la transparencia, la previsión de consumo y la no vulneración del círculo cerrado. Trabajamos en una regulación estatal que contemple el autocultivo, el consumo personal y el expendio de cannabis, mientras que en Cataluña pensamos en regular las asociaciones. Fruto de la propuesta de Uruguay, Colorado y Washington se está planteando regular la venta. Pero el Estado español está proponiendo una serie de cambios legales que van en la dirección opuesta”, dice Xaus.
Hoy transportar marihuana en las calles españolas se sanciona con una multa de entre 300 y 3.000 euros. El criterio es totalmente subjetivo. Y el gobierno del Partido Popular (PP) pretende, bajo una reforma de la ley de seguridad ciudadana, que el rango sea de entre 3.000 y 30.000 euros.
“La situación de los clubes es muy delicada y peligrosa. Hay casos donde grandes cantidades se multan con 301 euros y por una colilla en el cenicero del coche multan con 3.000 euros. Eso se podía resolver haciendo cursos de gestión de riesgo, algo que ya no estaría en esta reforma. Además sería un atentado a la ley el mero cultivo, en la vía pública y en un ámbito privado. Esto llevaría a que los clubes dejaran de autoabastecerse”, agrega Xaus.
Martín Barriuso es también representante de Catfac y ha participado en reuniones con el gobierno uruguayo previo a la aprobación de la ley 19.172, que regula la distribución, producción y el consumo de marihuana. Él critica que se restrinja a los clubes a tener entre 15 y 45 socios porque “tendrán poca operatividad”, rechaza el registro y la venta por farmacias. “Creo que hay un exceso de regulación y la existencia de un registro es un poco de paranoia del gobierno uruguayo. Pero confiamos en que la experiencia enseñe y que la ley se pueda optimizar”, dice.
A él, en España y como presidente del club Parra en Bilbao (País Vasco), lo han imputado cuatro veces acusándolo de tráfico de drogas e integración de un grupo criminal. “Llevo cuatro imputaciones, tres archivos y dos devoluciones de marihuana”, dice vía telefónica.
En 1997 fundó la primera asociación cannábica vasca y, con 300 socios y un cultivo de 600 plantas, avisó a las autoridades. Lo detuvieron por primera vez y, también por primera vez, se archivó la causa considerando que las cantidades estaban dentro del autoconsumo. En 2005, ya con un club, lo volvieron a detener, la causa se volvió a archivar y la Policía le devolvió 17 kilos de marihuana.
“Nos quedamos tranquilos porque estábamos dentro de los límites del consumo personal. Pero en 2011 me detuvo el mismo policía, me metieron en la misma celda, y nos acusaron de lo mismo”, recuerda.
Las autoridades cerraron el club; la causa sigue pendiente de juicio. Dos meses después, temiendo un robo de lo almacenado por la asociación, Barriuso llamó a la Policía.
“Avisamos que creíamos que nos iban a robar, y nos detuvieron a nosotros. Nos imputaron tráfico de drogas en una causa que se archivó y por la que nos devolvieron la marihuana. En el juicio se dijo que apreciaban que hubiéramos ido a la Policía a informar dónde estaban las plantas, y que unos traficantes jamás lo habrían hecho. Pero es que tampoco se inscriben en un registro de asociaciones, ni les pagan a sus trabajadores. No tiene lógica”, relata.
El miércoles 9 la Policía catalana arrestó, por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, a cuatro dirigentes de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña. Irrumpieron y cerraron dos clubes en Barcelona e incautaron 17 kilos de marihuana. Su directiva, mediante comunicado de prensa, señaló que la actividad que realizan es “lícita” y “avalada” por sus estatutos, así como “por las sentencias absolutorias” de su primer juicio penal. También recordaron que las cuentas se presentan anualmente en asamblea de socios. “Nuestro crecimiento obedece a una necesidad de los usuarios de poder ser respetados y no perseguidos ni estigmatizados o criminalizados”, dicen.
“El PP tiene una actitud autista. Las tendencias internacionales les dan igual. Pero el resto de los partidos están oyendo lo que pasa. Y saben que en Uruguay hay una parte de la legislación que se inspira en lo que sucede en España. Así que en ese sentido soy optimista”, dice Barriuso.
Si no te pillan.
Esa tarde en el club hay 10 personas, cada una en lo suyo, escuchando música, mirando su computadora, fumando su porro bajo la luz tenue. Hay poca gente detrás de la puerta vaivén pero dicen que los fines de semana está “petado”. Adentro hay dos bares, uno para las bebidas y otro para el cannabis. Al pasar frente a ellos, la chica nórdica recuerda los peligros de mezclar alcohol y marihuana.
Un gramo de droga puede costar entre siete y 15 euros, dependiendo de lo que se elija de esa carta con 15 nombres distintos. Allí no se puede sacar efectivo, solo valdrá la tarjeta de socio. “Tienes 200 euros de crédito”, le dice a un socio otra chica —esta morocha, española— que está atrás de la balanza.
En cada mesa hay un desmorrugador. Y en la cartelera están los próximos eventos: música, fútbol y droga. Juan dice que nunca supo quiénes cultivaban esos cogollos verdes que ahora deshace. Siempre tuvo la intriga, pero estima que no se lo dirían. La idea es que cultivadores y consumidores sepan lo menos que se pueda de sí mismos, para evitar esa represión de la que ahora habla.
—¿Y si te dieran para elegir? Por un lado una ley que te permite fumar pero regula cuánto, dónde comprás, cuántas plantas tenés, bajo qué medidas de seguridad y que te obliga a registrarte, y por otro este limbo que tienen aquí. ¿Qué elegís?
Juan suspira y piensa.
—A mí nunca me han pillado, así que creo que ahora estoy mejor.
