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Alrededor de la mesa diplomática estuvieron los principales referentes de Uruguay en temas jurídicos: los decanos de las facultades de Derecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Fiscal de Corte, jueces, ministros y fiscales de tribunales de apelaciones en lo civil y del Crimen Organizado, el ministro de Educación y Cultura y el prosecretario de la Presidencia.
Ocurrió hace algunas semanas durante una reunión que organizó la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, para homenajear a la integrante de la Corte Suprema de su país, Sonia Sotomayor, la primera hispana en la cúpula judicial estadounidense.
A instancias de Sotomayor el diálogo derivó hacia el Código del Proceso Penal (CPP) que, según los expertos, es el mayor problema del sistema y un patético y enfermo modelo universal. Su aplicación viola los derechos humanos de imputados y reclusos y condena a los ciudadanos a la incertidumbre. Sin embargo, la constante es el silencio, incluidos los organismos e instituciones de defensa de los derechos humanos.
Muy pocos exigen la reforma. No hablemos del ciudadano en general, ajeno a la cuestión. Tampoco lo hacen organismos no gubernamentales que, en cambio, se movilizan por razones mucho menos importantes. Como no es un tema partidario se quedan quietos mientras los cubre la ola.
En la reunión todos coincidieron en la imperiosa necesidad de que se apruebe rápidamente el nuevo CPP. La sorprendente excepción fue el juez Néstor Valetti que se sintió obligado a hacer una apología del Poder Judicial y del proceso.
Hace bastante más de un año que un proyecto de reforma radical duerme en el Poder Legislativo. En un contubernio procaz lo acompaña en la cama la independencia del Ministerio Público, otro imperativo.
La misma coincidencia sobre la necesidad de un nuevo Código y su urgencia ha sido reclamada con insistencia desde hace varios años por los principales académicos y por los gremios de jueces, fiscales y abogados. Sin embargo nada pasa.
Tanto integrantes del Poder Ejecutivo como legisladores de todas las bancadas dicen estar a favor del cambio pero no encaran la cuestión. ¿Cuáles son las razones? ¿Desidia, abulia, ignorancia, desinterés? ¿O se debe a que como el caótico proceso penal no los afecta directa ni electoralmente ponen el énfasis en otros temas para acarrear votos? Si hay coincidencia política y académica nada lo impide.
La inversión para el cambio —más jueces, fiscales, defensores de oficio y sedes judiciales— puede ser costeada presupuestalmente. Además hay organismos internacionales dispuestos a financiarla como en otros países de la región que nos sacaron varios cuerpos de ventaja. Les preocupa más si el fútbol uruguayo sube o baja en la escala de la FIFA ¡Patético y vergonzoso!
Transcurrieron 90 años desde que Franz Kafka desnudó en “El Proceso” la asfixiante burocracia de los procesos judiciales; la angustia de quienes son sometidos a ese peregrinar y al tortuoso camino que debe recorrerse para llegar al final. Si se llega.
Hace unos días fui a la Oficina de Ejecución de Sentencias penales del Poder Judicial en la calle 25 de Mayo casi Misiones. Si por un milagro el flaco Kafka (1883-1924) me hubiera acompañado escribiría una magistral segunda parte de su obra: los expedientes y los papeles desbordan los desvencijados estantes y las mesas de trabajo, escasos funcionarios no dan abasto y la confusión se ha entronizado agobiando a usuarios y magistrados por las imposiciones de un CPP que dejó de estar marchito para convertirse en seco y enclenque. Esta oficina es el triste ejemplo material sobre el torturador sistema escrito. Vaya, observe y espántese.
Uruguay se ha convertido en el mayor símbolo negativo iberoamericano en la materia. Una vergüenza para un sistema judicial que presume de destacarse en el mundo. Se trata de una situación que afecta a un Estado peligrosa y dolorosamente moroso.
Hay un riesgo mayor. Hace algunos años la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) le reprochó a Uruguay que los hermanos Dante, José y Jorge Peirano estaban en prisión sin condena en contra de las normas internacionales a las cuales el Estado está comprometido. Tenía razón y la Justicia los liberó. Pero la Comisión también advirtió sobre el imperativo de reforma del proceso penal para adecuarlo a esas normas internacionales. A diferencia de los Peirano otros no pueden pagar el costo de ese trámite y se embroman.
Durante el trámite ante la CIDH el Estado uruguayo se excusó con un falso bla, bla, bla. Después insistió con más bla, bla, bla: trabaja una comisión de reforma, ya están las bases, hay consenso, es inminente su aprobación… bla, bla, bla…
A casi cuatro años de aquella advertencia todo sigue igual. Lo peor aún no llegó. Ocurrirá cuando la CIDH denuncie a Uruguay ante la Corte Interamericana y ésta condene a Uruguay por su flagrante incumplimiento. Otro papelón.
¿Si es posible o probable? No solo lo es, sino que es un hecho si el Estado continúa por este camino. Cuando llegue la condena, a llorar al cuartito. O a justificarse mintiéndole a la gente… ¡qué importa una mentira más!
