Ese episodio, relatado a Búsqueda por fuentes médicas, es apenas uno de los ejemplos de casos que despertaban sospechas en la UCC desde hacía más de un año.
En otra ocasión, una enfermera encontró una ampolla rota que contenía Dormicum, un somnífero de acción rápida. Eso no debía estar allí. A partir de ese momento, comenzó a buscar indicios de lo que pasaba y llegó a constatar que al contar ampollas rotas y ampollas llenas —un procedimiento que se chequea con cada cambio de turno, según explicaron a Búsqueda las fuentes— la suma daba más cantidad de ampollas de las que debía haber.
El rumor de que algo estaba sucediendo crecía en la institución. Al menos dos personas plantearon en la primavera del 2011 ante autoridades del hospital que creían que había un funcionario cometiendo homicidios. “Contame cómo vas a hacer para probar eso”, respondió un jerarca a uno de los que denunciaron la situación.
El enfermero en cuestión estaba en la mira de las autoridades de la unidad desde hacía más de un año, pero por otros motivos. En su contra había denuncias por “malos tratos” a pacientes y por tener “mal relacionamiento” con sus compañeros. De hecho, en los últimos meses de 2010, la nurse jefa de la unidad pretendió trasladar a Pereira a trabajo de sala y sacarlo de la UCC. Como no lo consiguió, intentó luego cambiarlo desde el turno de la noche al de la mañana, porque a esas horas podía estar “más controlado”.
Pereira quería mantenerse en el turno de la noche, por lo que mantuvo una discusión con la nurse que fue presenciada por varios testigos. Según contaron a Búsqueda fuentes médicas y sindicales, la nurse tampoco consiguió transferirlo, ya que la administración —y en particular la adjunta a la Dirección de ese entonces, Ramona Recarte— desestimó su denuncia.
Fuentes médicas dijeron que en ese entonces, la Federación de Funcionarios de Salud Pública salió en defensa del enfermero y lo respaldó para que no fuera transferido. Voceros sindicales consultados por Búsqueda aseguraron que nunca hubo “nota” o documento de Pereira pidiendo ayuda al gremio y agregaron que el episodio no pasó por su Comisión Interna.
Fuentes del Maciel agregaron que meses antes —es decir, a inicios del 2010— el jefe de la unidad había intentado removerlo. “El Observador” publicó ayer miércoles que el médico sospechaba que Pereira sufría “trastornos psicológicos”.
Durante el año pasado, las dudas respecto a procedimientos irregulares en la unidad aumentaron. Según supo Búsqueda, el jefe de la UCC, José Pedro Patritti, estuvo varios meses preocupado por un aumento de la mortalidad de la UCC, un área que no es para pacientes de gravedad y por lo tanto, su nivel de mortandad es bajo.
En diciembre de 2011, Patritti manifestó su inquietud al director del Hospital Maciel, Raúl Gabus, quien decidió instalar una comisión para analizar las historias clínicas y los procedimientos.
Según figura en el acta de inspección labrada por el Ministerio de Salud Pública el 18 de marzo y publicado por el diario “El País”, Gabús solicitó el inicio de la investigación de las historias clínicas, en busca de fallas o errores técnicos.
La encargada de la tarea se encontró con algunos problemas de documentación de las historias clínicas, y falta de información sobre los recursos humanos —planillas, horarios de entrada y salida—, según relataron las fuentes.
En la misma acta se indica que hubo planillas y otros documentos que quedaron en poder de la nurse encargada de la UCC, quien en ese momento se encontraba con licencia.
Contradiciendo la opinión de Patritti, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, desestimó la información de que hubiera un crecimiento de las muertes. “No hubo un aumento significativo de la mortalidad” que pudiera hacer detectable este episodio, declaró el martes 17.
“Actuaba raro”.
A principios de enero, una funcionaria del Hospital Maciel y de la Asociación Española decidió recurrir a la Policía. Entre noviembre y diciembre se habían registrado al menos cuatro casos “sospechosos” de “personas que no estaban cerca de la muerte” pero que fallecían sin razón aparente.
La fuente, según los informantes consultados por Búsqueda, mencionó a Pereira como autor de esos crímenes, dado que “actuaba raro antes y después” de las muertes. Incluso, añadió que varios funcionarios del Maciel compartían cuando menos sus “dudas acerca de su comportamiento”.
Por si la existencia de un asesino serial no era suficientemente difícil de creer para los policías y operadores judiciales, la denunciante dio la información de que “en la Asociación Española había un núcleo de enfermeros que mataban gente” y del que Pereira formaba parte.
Para completar el cuadro, la fuente dijo que las autoridades de los centros asistenciales “estaban al tanto de las sospechas”. Los investigadores sostienen que esto dificultó “en gran medida” su tarea.
Cuando la enfermera hizo la denuncia, Pereira estaba con licencia desde hacía varios días, como consecuencia de un desgarro del músculo deltoides. La Policía pidió en ese momento que la fuente le informara de “cualquier nueva anomalía”.
La investigación sobre la existencia de uno o más enfermeros homicidas, a cargo de la Dirección de Crimen Organizado, comenzó con un chequeo de los antecedentes y la veracidad de la fuente original. Mientras Pereira seguía con licencia, los policías confirmaban que la fuente no tuviera “motivaciones personales” para “ensuciar” sin fundamento al enfermero. En los primeros días, se pudo saber que la vida laboral de la informante no tenía manchas.
“Le tocó”.
Pereira volvió a trabajar en la Unidad de Cuidados Cardiológicos del Maciel a mediados de febrero, lo que puso en alerta a la Policía y a sus fuentes en el centro asistencial.
Apenas pasado el mediodía del lunes 12 y con pocos avances en la investigación, la Policía recurrió al juez Rolando Vomero para solicitarle la autorización para aplicar “vigilancia electrónica” sobre el sospechoso. Sin embargo, ese mismo día, Pereira actuó otra vez y mató a Lemos. Menos de tres horas después de la muerte los efectivos recibieron el dato de que podía tratarse de un homicidio.
“Él estaba mal ese día, por eso le tocó a esa persona”, sostienen los policías. De esa manera intentan explicar por qué la víctima fue una mujer que estaba por irse a su casa con el alta médica, lo que no encaja con el perfil de los otros muertos.
“Mataba a pacientes viejos y que le daban trabajo. Siempre aprovechaba cuando estaba solo con ellos y era el primero en informar al cuerpo médico que un paciente había muerto”.
En el caso de Lemos, la Policía recuperó una jeringa de la escena del crimen. Esa jeringa no se correspondía con las que se usan en el hospital público. Por el contrario, solo cuatro mutualistas uruguayas importan ese producto; una de ellas es la Española.
A partir del seguimiento electrónico, la Policía sabía que el sospechoso no estaba en conocimiento de la investigación en curso. Así, los otros funcionarios y jerarcas del Maciel comenzaron a ser interrogados en el juzgado.
El mismo director del hospital público desconocía el trabajo policial hasta que el lunes 12 por la noche lo llamó un agente de Crimen Organizado para explicarle que en el marco de una investigación “de extrema reserva”, el juez Vomero le solicita que “retenga el cuerpo de la paciente Santa Gladys Lemos, de 74 años, fallecida ese día a las 19.30 horas”.
“No podíamos contar con las estructuras tanto del Hospital Maciel como en la Española porque si se suponía que sabían, nosotros no podíamos hacer ninguna maniobra para conseguir información por esa vía, de lo contrario podríamos alertar a los culpables”, explicó un jerarca policial que conoce la investigación al detalle.
El viernes 16 a las 18 horas un grupo de efectivos detuvo a Pereira y le requisó una cartuchera y una mochila con “numerosos vales de medicación”. A esa misma hora, otro comando policial ingresaba a la casa del sospechoso ubicada en El Pinar.
Recién en ese momento, las denuncias de la fuente inicial de la Policía comenzaron a comprobarse en su totalidad, lo que dejó a las autoridades en estado de “shock”. Al revisar el celular de Pereira, se encontró un mensaje de texto que una enfermera que trabajaba en el Maciel y en la Española le había enviado en febrero.
La enfermera se llama Andrea Acosta y conocía a Pereira de la Asociación Española. En el mensaje le decía que un colega de ambos, Ariel Acevedo, funcionario de la misma mutualista, había suministrado medicación al paciente de la “cama cinco” y lo había hecho “viajar”.
Acosta y Acevedo fueron apresados ese mismo viernes.
“Quebrarse”.
Con la detención de Pereira comienza un trabajo contrarreloj en la sede judicial. Según las fuentes, la evidencia hasta ese momento era “insuficiente” y si cada sospechoso negaba los cargos, el juez iba a tener que dejarlos en libertad.
Los operadores judiciales afirman que fue “clave” el interrogatorio que a lo largo de toda la noche del viernes efectuaron los oficiales de Crimen Organizado.
Pereira demoró un poco menos de una hora en “quebrarse” ante la Policía y comenzar a reconocer “algunas cosas”. Al principio negaba todo y se mostraba muy nervioso. “Decía que nunca había hecho nada, hasta que entre idas y venidas empezó a hablar. Pidió que no se le interrumpiera para así contar su historia”, relató una fuente policial.
En ese momento, Pereira, de 39 años, contó que antes de aplicar la inyección se ponía “muy nervioso” porque era difícil encontrar el momento adecuado para actuar. Su modus operandi era aplicar una dosis de morfina por la vía central del paciente. Una vez que lo lograba, “sentía tranquilidad, paz; era como sentirse liberado”.
Ante los oficiales Acevedo, de 46 años, se mostraba más frío. “Miraba a los interrogadores de arriba a abajo, como si pretendiera mantener el control de la situación”. Y también negaba todo. Requirió más de una hora y media de preguntas y repreguntas para que el enfermero de la Española empezara a hablar de los casos.
Contó que daba inyecciones de aire a los pacientes, lo que puede producir una falla cardíaca en la persona. Si una primera inyección no provocaba la muerte, no lo volvía a intentar porque consideraba que “no era su momento de morir”.
En ese marco habló de su vida, del abuso sexual que sufrió de manos de un tío cuando era adolescente y de cuando vino a Montevideo a estudiar.
Ninguno de los dos admite que sabía lo que hacía el otro. Ambos sostienen que asesinaban “por piedad” y para “aliviar la carga a los familiares” de los pacientes.
Durante el interrogatorio judicial los papeles se invirtieron y fue Pereira el que aparecía más duro y “frío”, mientras Acevedo se “quebró” rápidamente. Ahí se les pidió que identificaran a personas que podrían ser víctimas en base a una serie de fotos incluidas en las historias clínicas y otras facilitadas por la Dirección de Identificación Civil.
Mirando las fotografías esa noche, Pereira admitió cinco asesinatos, cometidos en el Maciel y en el Centro Neurológico de la Asociación Española, todos en el último año y medio. Puede haber más casos, pero dijo que no los recuerda.
El otro enfermero reconoció 10 casos, todos ocurridos en la mutualista. Incluso, afirmó que perdió la cuenta pero dio un cálculo que dejó helados a los investigadores: al menos dos asesinatos por mes, durante los últimos dos o tres años.
Tras conocer sobre las muertes ocurridas en la mutualista, las autoridades analizaron el índice de mortalidad del Centro Neurológico en los últimos cuatro años. Las cifras rondaron entre el 20% y 24% sin variaciones bruscas. Son números que se encuentran dentro de lo habitual, según fuentes de la institución.
La idea del juez y el fiscal era precisar un número determinado de homicidios para no generar alarma pública. Pese a eso, en los últimos días Crimen Organizado ha recibido al menos 200 denuncias de personas que creen que sus familiares pueden haber sido víctimas de los enfermeros. El Ministerio de Salud Pública, en tanto, tiene más de 60 casos a estudio.
Mientras se dilucidaba el caso en la sede judicial, las autoridades del gobierno recibían las primeras informaciones de lo ocurrido. Durante la mañana del sábado 13, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, llamó al presidente José Mujica para comunicarle “espeluznado” los datos que recibía de la Policía y que hablaban en principio de unas 200 muertes. Ambos jerarcas sabían que a poco que trascendiera, Uruguay iba a ser el centro de la corriente informativa en todo el mundo y engrosaría la lista de países con asesinos seriales.
“Competencia”.
Siendo que los dos “ángeles de la muerte” niegan que sabían la existencia del otro, el nexo que los une en el caso es Acosta. Ante la Policía, la enfermera dijo que no denunció los casos porque “no tenía pruebas” para confirmarlo. Los enfermeros suelen bromear con esas cosas y por eso no sabía hasta qué punto era en serio.
Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a contradecir a los dos homicidas. Señaló que los había escuchado hablar de esos temas desde hace unos siete años y los acusó de estar enfrascados en una “competencia” para ver quién asesinaba a más gente.
En los tres casos, los sospechosos fueron objeto de una pericia psiquiátrica y se determinó que podían “ser imputables” de los delitos que se les atribuían. Queda pendiente la elaboración de una pericia psicológica.
“Denominador común”.
Las declaraciones de los compañeros de trabajo en el juzgado no hicieron más que complicar la situación de Pereira y confirmar lo que hacía más de seis meses se había denunciado en la interna del Maciel.
Cecilia Silva, también enfermera, dijo que en el Maciel había rumores porque habían aumentado las muertes en la Unidad de Cardiología desde la llegada del nuevo enfermero, según consta en el auto de procesamiento divulgado ayer miércoles 18 por la Justicia.
La enfermera Adriana Domínguez dijo que en el último tiempo hubo “muertes de pacientes estables que de un momento a otro hacen paro respiratorio, comienzan con bradicardia, o sea que baja su frecuencia cardíaca, hacen ruidos respiratorios, se pronan, es decir, hacen un giro de brazos y piernas y luego hacen un paro”. De acuerdo a esa enfermera, la presencia de Pereira era “un denominador común” en todos los casos que tenían “este tipo de desenlace”.
Algunos jerarcas consultados expresaron cierto malestar por estas declaraciones porque por más que sirvieran para procesar al asesino, demuestran que “al menos algo se sabía” y nadie actuó antes.
Uno de los testimonios clave es el de la funcionaria Isabel Goncalves, quien presenció los “estertores” de Lemos, la paciente asesinada el 12 de marzo. “A las 19.00 teníamos que hacer los controles y él me dijo que no me preocupara que él hacía todo, que los controlaba a él todos. Yo igual voy a controlar los pacientes y él se queda controlando a la señora Lemos. (...) En eso comienzo a escuchar un ronquido fuerte, dos o tres segundos, salgo de una de las camas y veo que él tiene las luces apagadas y que estaba del lado derecho de la señora donde tenía la vía venosa central”.
Para darse una coartada, Pereira da órdenes con el objetivo aparente de salvar a Lemos. Incluso, él mismo “comienza a reanimar” a la víctima hasta que llegan los médicos.
A partir de la evidencia y las declaraciones de los involucrados, el juez resolvió procesar a Pereira como autor de cinco delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real. Vomero imputó 10 homicidios a Acevedo.
En cuanto a Acosta, el juez aceptó la sugerencia del fiscal de procesarla por “complicidad” en uno de los casos, pero “es razonable pensar que su responsabilidad puede ser más grave”.
El magistrado opina que la prueba “no permite” considerar que se trató de “homicidios piadosos” como manifestaron los dos enfermeros. “Basta decir que no existe en autos ninguna prueba que dé cuenta de las continuas súplicas de la víctima”.
