Es una “simplificación extrema” decir que mejoró la eficiencia solo porque se gastó menos, dice excontador general de la Nación

En todo 2020, ya con Luis Lacalle Pou como presidente desde marzo, el presupuesto en educación significó 4,81% de un Producto que en ese año se derrumbó en el contexto de la pandemia de Covid-19. En el informe por área programática incluido en la Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento, el Poder Ejecutivo no expuso el dato expresado como porcentaje del PBI (repitió el 4,81% del 2020); según calculó Búsqueda, el crédito asignado equivalió a 4,61% el año pasado. La comparación es con un Producto que creció en 2021.

Aunque estaban previstos desde la reforma constitucional de 1967, los programas presupuestales recién tuvieron un objetivo asociado desde el 2010. A partir de entonces la información empezó a ser presentada con un enfoque de áreas programáticas (22 actualmente) que representan las funciones desarrolladas por el Estado y, por su continuidad, trascienden los períodos de gobierno. Se contrapone con los presupuestos tradicionales o “por insumos”, que solo permiten conocer cuánto dinero se asigna a cada organismo, cuánto se gasta efectivamente y qué insumos se compran. Esa información resulta insuficiente si se pretende conocer qué se propone un gobierno, cuáles son sus áreas prioritarias y qué resultados obtiene de la aplicación de los recursos públicos. Además, si el presupuesto se estructura únicamente por organizaciones, se omite el hecho de que los problemas a resolver para mejorar la situación de la población por lo general trascienden las competencias de un único inciso u organismo y por tanto requieren de esfuerzos coordinados.

El enfoque del presupuesto por áreas programáticas se conecta, asimismo, con una planificación estratégica, así como con evaluaciones de desempeño orientadas a una gestión por resultados. Desde esa óptica, según la información desripta en la Rendición de Cuentas, del presupuesto total asignado (crédito) el año pasado, la administración financiera y los servicios públicos representaron en torno al 10% en cada caso.

En un reciente análisis elaborado para la Comisión de Administración Pública del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, Ariel Rodríguez, un excontador General de la Nación (2005-2010), cuestionó como una “simplificación extrema” que desde el gobierno se afirme que se logró un ahorro de US$ 600 millones como consecuencia del control y la eficiencia del gasto. “¿Se puede medir la eficiencia simplemente cuantificando el nivel del gasto presupuestal realizado?”, preguntó en el informe, al que accedió Búsqueda. En su opinión, la “eficacia en la ejecución” de los recursos “se logra cuando se cumplen los objetivos fijados” y que están definidos en cada programa. Rodríguez Machado lamentó que “la historia indica que en muy raras ocasiones” el Poder Legislativo hace un examen de estos indicadores y se limita generalmente a analizar las modificaciones presupuestales indicadas en el “articulado” de la Rendición. Al no existir una evaluación con ese enfoque, “solo se puede afirmar que se produjo la ejecución de un menor gasto en un período interanual, y nada más que eso”.