Escándalo de carros vacíos

Luego de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contrarias a sus deseos, exigen cambios con argumentos extrajurídicos y apelan a la emocionalidad de sus electores que no ven más allá de sus intereses partidarios.

A veces la intencionalidad política es desembozada y antidemocrática. Veamos las declaraciones del diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, en la nota “Dirigentes de varios sectores del Frente Amplio plantean de forma ‘urgente’ una ‘democratización’ del Poder Judicial ‘a la uruguaya’”. (Búsqueda Nº 1.711)

Sánchez desnuda sin pudor la pretensión partidaria —no jurídica ni institucional— al sostener la necesidad de “avanzar en los cambios” sociales y políticos del Frente Amplio porque la SCJ es “la última trinchera de combate de la derecha” y por eso dictó sentencias contra el oficialismo.

Argumenta que cuando se la critica, la Corte dice que se atenta contra “la bendita separación de poderes”, como si ese principio no debiera existir. Y añade: los “señores magistrados, que parecen ser grandes hombres sin orientación política”, adquieren un perfil de “seres casi superiores”. Llega a afirmar que en Uruguay la justicia “no es neutral” sino “de clase”. Una memez superlativa.

Ante tamañas acusaciones, que colocan a la Corte al borde delictivo, sorprende que no impulsen un juicio político. Pero no lo hacen porque algunos “bocamaros” carecen de coraje y son incapaces de argumentar con pruebas. Porque no existen. Entonces optan por el escándalo. ¡Cómo van a reunir argumentos sensatos cuando las cúpulas se enfrentan con insultos y descalificaciones!

Abogando por reformas también se expresaron el senador Enrique Rubio, el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, el diputado Felipe Michelini y el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier.

Lorier reclama una reforma “a la uruguaya” con el mismo tono que si organizara un partido entre casados y solteros. Hace dos meses había sugerido que los jueces fueran electos por voto popular.

Reaccionaron el senador colorado Ope Pasquet y el nacionalista Gustavo Penadés advirtiendo sobre el riesgo de pretender politizar el Poder Judicial y afectar su independencia.

Y tienen razón porque la opinión del gobierno sobre fallos judiciales depende de cómo le va en la feria. Recordemos un caso. En 2008 la Corte votó la constitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pretendía el oficialismo y el gobierno elogió al Poder Judicial. Dos meses antes, con otra integración, la Corte había votado la inconstitucionalidad del mismo impuesto y los gobernantes criticaron a los magistrados lo que generó una reacción del gremio de los jueces.

A veces hay razonamientos sensatos como el de la senadora Lucía Topolansky en “La República”. Apoyó estudiar la creación de un Tribunal Constitucional y consolidar la designación de los ministros mediante negociaciones políticas —como ocurrió con Ricardo Pérez Manrique y Julio Chalar— sin esperar a que asciendan por antigüedad. Ambas opciones surgen de la Constitución.

Lo que debe quedar claro es que las sentencias no son un menú a gusto del comensal. Debe primar la garantía de la ley. Cero impunidad, pero tampoco excesos justicieros.

Un ejemplo es el “tirón de orejas” que la semana pasada le dio a la Corte el Poder Ejecutivo a través de los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores), Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura), Eduardo Bonomi (Interior), el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el director de Derechos Humanos, Javier Miranda. Asistió también el Comisionado Parlamentario de Cárceles, Álvaro Garcé, como integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. (Búsqueda, 1.713)

La delegación del gobierno le entregó a los magistrados un informe del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que critica la sentencia sobre la “ley de caducidad”. Los políticos le advirtieron a la Corte que el Estado es susceptible de ser sancionado.

¿Pretenden que en las nuevas sentencias la Corte cambie sus votos? ¿Buscan dominar los fallos del Poder Judicial? ¿Digitar la función jurisdiccional? ¿Qué desaparezca la independencia y la pluralidad en el razonamiento jurídico? ¿Establecer verdades absolutas? ¿Qué cada fallo tenga la grifa de un gobierno o la sigla de un partido?

Varios legisladores y dirigentes políticos anuncian estudios para modificar el sistema judicial. No es necesario que arriesguen un derrame cerebral por el esfuerzo intelectual. Alcanza con analizar el proyecto del Colegio de Abogados del Uruguay que entiende del tema y carece de intencionalidad partidaria.