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El Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina y la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría enviaron una carta al ministro Jorge Venegas en la que cuestionan el proceder del Ministerio de Salud Pública (MSP) a la hora de ejercer la “rectoría” sobre las residencias y casas de salud que se encargan de atender a adultos mayores.
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En el texto, al que accedió Búsqueda, se indica que el MSP hace un “control insuficiente” con un “limitado cuerpo inspectivo y sin una política efectiva que mejore sistemas de información”.
La carta tiene la firma del presidente del Departamento de Geriatría y grado 5 de la Facultad de Medicina, Ítalo Savio y del presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, Fernando Botta.
“Aspectos por ejemplo relacionados con la información que las residencias y hogares deberían remitir al MSP no han sido solicitados por la autoridad sanitaria (Ficha de relevamiento de la población asistida, informes de accidentes y caídas)”, indica la carta que fue entregada a la Directora General del Sistema Nacional Integrado de Salud, Elena Clavell. Esa información debería ser controlada, de acuerdo a la norma existente.
En el texto, los firmantes recuerdan que la Comisión Honoraria Asesora prevista por ley “no es convocada” ni consultada desde “hace más de dos años”.
“Preocupación”.
La misiva fue enviada al MSP ante la “preocupación” por una anunciada “modificación o revisión” de la ley que regula el funcionamiento de los hogares de ancianos (la Nº 17.066) y su decreto reglamentario. La eventual modificación ha sido anunciada “en el marco del diseño del Sistema Nacional de Cuidados” (creado bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Social) y “ámbitos relacionados con un recientemente aprobado Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez”.
“Planteamos nuestra profunda preocupación en cuanto a la naturaleza, contenidos y alcances de esta revisión y los impactos negativos que la misma puede tener sobre la salud y atención sanitaria de esta población de adultos mayores”, escribieron los firmantes. Añaden que es “apresurado proceder a cambiar un marco legal apropiado, diseñado oportunamente en base a estándares técnicos que no se aplica en lo más básico”. Es que según entienden, el “MSP debe ejercer la rectoría” sobre el tema, que no es “delegable en otros actores institucionales”.
Una eventual modificación “puede abrir camino a un descenso en los estándares y calidad de los cuidados y la atención sanitaria de los usuarios del sistema de salud”, advierten.
“El Estado parece haber renunciado a ejercer su función de contralor y garante de los derechos de los usuarios más frágiles y vulnerables”, concluyen los autores de la carta.
Según se establece en el texto, en Uruguay “predomina en estas instituciones los cuidados no profesionales ni competentes, una atención sanitaria de baja calidad y discontinuada”.
