Mientras se trata el proyecto de la ley de urgente consideración (LUC) en la comisión especial del Senado, la coalición aún discute algunos puntos en busca de consenso. En ese marco, la controversia acerca de los artículos 500 y 501, que modifican la forma en que se ingresan los terrenos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), continúa.
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Los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo en un primer borrador suscitaron varias críticas tanto en la oposición como en organizaciones ambientales. Es que la primera versión establecía que para incorporar un área privada al SNAP el Ejecutivo debía contar con el consentimiento expreso de los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las zonas de interés, y en caso de no obtenerlo la única forma de anexar la propiedad era la expropiación.
Posteriormente, la coalición optó por sustituir ambos artículos. La nueva redacción elimina este punto, pero establece que ampliar o incluir una nueva área protegida al SNAP ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos departamentales en los que se encuentre ese territorio. Se deberán respetar “las disposiciones, instrumentos y principios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes en acuerdo con las autoridades departamentales competentes”, indica el articulado.
El 22 de mayo diversas organizaciones concurrieron al Parlamento a expresar su opinión sobre la nueva legislación. Desde la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas afirmaron que aceptar el concepto de consentimiento “sería como ir para atrás con respecto a los logros obtenidos”. Sin embargo, afirmaron que las intendencias están más próximas al territorio, por lo que, “cuanta más coherencia, cohesión y trabajo en conjunto haya de los distintos niveles” de gobierno, “mejor”.
Por otro lado, representantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía indicaron que es necesario ampliar las áreas a proteger, ya que Uruguay, con solo 1% de su territorio protegido, “es el peor país de Sudamérica en esa materia”. Los parámetros internacionales indican que se debería llegar a 17 %.
En esa línea, la delegación de Vida Silvestre Uruguay aseguró que “las áreas protegidas son una oportunidad para el país, no son un freno para el desarrollo”. “Basta con que le pregunten a la Intendencia de Rocha cómo le va con la gestión del Parque Nacional Cabo Polonio para ver cómo las áreas, lejos de frenar el desarrollo, lo potencian”, dijo la presidenta de la institución, Lorena Rodríguez.
Respecto a la participación de las intendencias en la gestión de las áreas protegidas, el oceanógrafo y magister en Ciencias Ambientales Aramis Latchinian dijo durante una conferencia organizada por Cempre (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) que será todo un desafío.
“Esta nueva redacción vincula muchísimo las áreas protegidas con la gestión local del territorio, ya que requiere la participación directa de las intendencias y de sus planes de ordenamiento territorial para obtener el aval”, explicó.
De todas maneras, el exdirector de la Dirección Nacional de Medioambiente no comparte la idea de aislar un territorio para protegerlo, por lo que asegura que el concepto de las áreas protegidas es una figura que debería “evolucionar sustancialmente”.
“Si yo protejo un pedazo del territorio, ¿qué significa? ¿Que no protejo al resto? ¿Con qué criterio vale más esta parte del territorio? Es cuestionable. Entonces creo que estos dos artículos pueden ser una ventanita para que se metan muchas organizaciones y obliguen a esa evolución”, afirmó.
Según dijo, años atrás en el país existían muchas áreas protegidas definidas en función de los criterios de cada intendencia. Sin embargo, se implementó “de golpe” un sistema centralizado en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), y “Montevideo tomó el control”. Así, mientras que algunas zonas se mantuvieron como protegidas, otras se eliminaron, borrando “de manera violenta y autoritaria toda esa historia local, equivocada o no, pero diversa y compleja en cada departamento”.
“Ahora estos dos artículos abren la puerta a que las intendencias tomen el control nuevamente y que se deba planificar a nivel local”, destacó. “Hoy los gobiernos locales miran de lejos la gestión del territorio, la ven pasar. No es cierto que la ley de ordenamiento territorial les devolvió la autoridad a las intendencias para gestionar el territorio. Sigue siendo totalmente centralista”, afirmó Latchinian.
El especialista opinó igualmente que lo planteado en la LUC no resuelve el problema de fondo, que radica en mantener criterios de conservación o una concepción de la protección ambiental europea, utilizada en países ricos, que muchas veces no se corresponde con la cultura local. Es por eso que lo ideal, en su opinión, sería revisar todo el sistema de áreas protegidas, no modificar solo dos artículos. Y, en esa línea, evaluar si hay que tener un área aislada o establecer pautas de gestión en todo el territorio, fijando criterios de conservación que se apliquen a nivel local.
Según el especialista, debe priorizase el trabajo en la conectividad entre áreas y fortalecer los corredores biológicos más que en aumentar la cantidad de áreas protegidas.
Críticas. ?
El 25 de mayo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar) envió a la comisión especial del Senado que estudia la LUC un informe acerca de las modificaciones del proyecto de ley relativas a la arquitectura, la vivienda y el ordenamiento territorial.
En el documento, al que accedió Búsqueda, la facultad valoró positivamente la eliminación del consentimiento para la incorporación de las áreas privadas al SNAP. A su vez, aseguró que las áreas naturales protegidas no deben comprenderse y gestionarse “como recortes del territorio o islas de naturaleza”, sino que son espacios con una fuerte interacción con el resto del territorio. Por esa razón, el estudio sostiene que “el SNAP no se puede concebir como una herramienta aislada de las políticas de ordenamiento territorial a escala país, sino como uno de los instrumentos para la aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental, desarrollo sostenible y desarrollo local”.
Según la facultad, en el nuevo articulado no queda claro si la creación del fondo de financiamiento para cada área protegida es el mismo que hoy administra el MVOTMA y que pasaría a ser gestionado por los gobiernos departamental o si se trata de uno nuevo. “Si los recursos para las áreas naturales protegidas siempre fueron escasos, ahora parecería que más”, cuestionaron.
Otro punto refiere a la integración de las Comisiones Asesoras de cada área natural protegida. Es que, según la propuesta de la LUC, desaparecerían de su integración la Udelar y la Administración Nacional de Educación Pública, “lo que no parece positivo ni fundado”, opinó la facultad.
Asimismo, criticó que la LUC cambie la especificidad de las delegaturas ministeriales por la generalidad de “delegados del Poder Ejecutivo”, algo que no permite identificar de cuántos se trata ni de qué ámbitos. “Sería importante” que se mantuviera la participación de los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, Educación, Ganadería, y Turismo, “pues todos ellos tienen competencias en la mayoría de las áreas naturales protegidas. Tal indefinición podría afectar la coordinación en el abordaje de estas áreas”, argumentó la facultad.
Por último, el documento también cuestiona lo relativo a las Comisiones Asesoras Específicas, ya que la LUC reduce su integración y varios actores involucrados pierden participación. “Ello se interpreta como un debilitamiento de la gestión de estas comisiones en pos de una aparente mayor agilidad operativa”.
